Autor: Georgel, Jacques.
Editorial: Ruedo Ibérico.
Lugar y fecha: París, 1972, primer trimestre.
Páginas: 321.
CONTENIDO
La estructura de la obra es la siguiente:
1. Prólogo.
Para J. Georgel el libro que hoy comentamos es un intento de síntesis, ya que los estudios de conjunto sobre la España contemporánea escasean gravemente. La indiferencia de la mayor parte de la población europea, según el autor, respecto a los problemas españoles, asombra e inquieta. Las opiniones son tan diversas, que algunos podrían sentirse molestos por las apreciaciones sobre el franquismo, expresadas en este libro (pág. 1).
Georgel descarta los problemas relativos a la política exterior actual y los problemas nacidos de las colonias.
2. Introducción.
A juicio del autor, y esta parece ser su tesis principal, España, a despecho de engañosas apariencias, está desprovista de unidad. Añade, que si se observa la Península en vísperas de la Revolución Francesa o, cien años más tarde, tras la primera República, España mantiene y continúa sin resolver sus principales problemas: reforma social, reforma fiscal, reforma religiosa, reforma agraria, reforma constitucional (pág. 3).
En el plano político señala la fragilidad del trono que se hace notar de dos maneras; existe un conflicto entre el rey y el pueblo, existe otro dentro mismo de la Casa Real (pág. 3).
En el breve bosquejo de tres páginas que hace Georgel en esta introducciónpasa a recordar los principales acontecimientos de la época; Fernando VII instituye de nuevo el absolutismo. La Constitución de 1837 no se respeta. María Cristina, reina y después regente, no deja de ser el verdadero dueño de España. Isabel sigue su ejemplo, hasta que el pronunciamiento de Prim, en Cádiz (septiembre de 1868), provoca la caída de los Borbones. Las guerras carlistas envenenan la atmósfera de España durante todo el siglo XIX. Hasta 1876, el presidente carlista, vencido en la tercera guerra, no renuncia de hecho a sus pretensiones y se exilia a Francia (pág. 4).
En el aspecto económico, el autor pone de manifiesto la falta de imaginación para invertir las inmensas riquezas conseguidas tras la conquista de América. Así, pues, España era artificialmente rica desde la época del Siglo de Oro, ya que no emplea el oro americano en explotar yacimientos naturales europeos (pág. 5). En 1836, los acontecimientos hacen pensar que la reforma agraria va a realizarse. Mendizábal hace votar la ley de desamortización (que permite poner en venta las tierras comunes, las propiedades corporativas y las eclesiásticas, sin acometer, sin embargo, una verdadera redistribución de las tierras). El «cacique» hace su aparición, y en 1844, para salvaguardar el «orden» económico, político y social en los campos españoles, es creada la Guardia Civil. Poco antes de 1840 se forma en Barcelona el primer sindicato (la Asociación de Tejedores). En 1855 estalla la primera huelga general. De esta forma, en 1868, la crisis política se empareja con una crisis económica y con un desequilibrio social (pág. 6 y 7).
3. La crisis del Estado.
3.1. El período monárquico.
Los elementos de debilidad del Estado que señala el autor, son fundamentalmente tres: el inmovilismo del Estado, la estructura de la sociedad y la lucha de las fuerzas políticas (pág. 11). En palabras de Salvador de Madariaga, «no está sólo en crisis la Monarquía. Lo está la nación. Lo está la raza. No se ventila sólo la capacidad de los españoles para organizar un Estado monárquico o republicano, sino su capacidad para organizarse en nación». Los tres obstáculos que pueden oponerse a la formación de un verdadero estado, de una política unitaria, de una nacionalidad única, son, a juicio de Georgel, el factor geográfico; otro de carácter político y el tercero de naturaleza sicológica (pág. 12). Después de analizar cada uno de estos factores, el autor nos conduce al pensamiento político español de la «generación del 98», de la cual, como más representativos, cita Ángel Ganivet, Joaquín Costa y José Ortega y Gasset. La tesis principal común a estos tres hombres es una reacción vigorosa contra un Estado absolutista, delirante de catolicismo y dirigido por minorías oligárquicas. Los tres se encuentran unidos en e1 liberalismo. Para Costa, la decadencia de España se debe a tres causas: un conservadurismo a ultranza, la carencia de una élite capaz de concebir y de aplicar me}ores métodos de gobierno y la persistencia de un espíritu militar y continental en una época de gran desarrollo comercial y marítimo. Las tesis mantenidas por Ganivet son: primero, la renuncia a las aventuras coloniales, y, segundo, la elaboración de un plan político a largo plazo, destinado a suprimir la oposición constante del individuo al Estado. Estos hombres no han incitado, sin embargo, a la revolución, y nunca pensaron que la guerra civil pudiera ser un remedio apropiado (pág. 24 y siguientes).
El movimiento anarquista no deja de acentuar su poder. El socialismo progresa paralelamente. El 2 de mayo de 1879 se constituye, en Madrid, el Partido Socialista Obrero Español. En el período 1917-1923 se crea en el seno del proletariado una verdadera conciencia de clase en la que la población civil experimenta el efecto de las derrotas militares sufridas en Marruecos (pág. 27).
Las fuerzas políticas pueden ser clasificadas en dos grupos: corriente conservadora y corriente progresista. Los conservadores, pertenecen socialmente a tres categorías: el Ejército, la Iglesia y la oligarquía propietaria (los terratenientes). Frente a los conservadores, los innovadores constituyen tres grupos de desigual importancia: el republicano, el socialista y el anarquista (pág. 29).
3.2. El período republicano.
La Monarquía se hunde en 1931. Al período 1931-1933, el bienio rojo, corresponde la construcción del Estado republicano. Es el momento de los entusiasmos. El bienio negro, 1933-1935, señala la destrucción del Estado republicano. De 1936 a 1939, vive España de los enfrentamientos. A este último período corresponde la reconstrucción del Estado republicano (pág. 37).
Para Georgel, en el primer período, el problema esencial es el de la forma del Estado. Los constituyentes dudan entre el unitarismo, puro o mezclado con autonomía, según la disposición de ánimos, y el federalismo. La Constitución de 1931 no crea ni un Estado puramente federal, ni un Estado puramente unitario, sino una mezcla de ambos. Alcalá Zamora afirma que la Constitución «tiene la potencialidad plena, la posibilidad perfecta de todas las satisfacciones del federalismo para las regiones que lo apetezcan, sin pretender convertirlo en patrón uniforme». Su artículo primero dispone: «La República constituye un Estado integral compatible con la autonomía de los municipios v las regiones». De esta forma se edifica un Estado liberal, que presenta las apariencias del parlamentarismo (pág. 39.)
Con las figuras de Alejandro Lerroux y José María Gil Robles, se abre una segunda época para la República. El primero arrastra consigo una fracción de los republicanos. El segundo es el líder de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA). Estos movimientos de derechas han conservado una gran fuerza a pesar del golpe que ha supuesto para ellos la caída de la Monarquía. El Ejército ha sido depurado sólo parcialmente y conserva una importante fracción de oficiales antirrepublicanos. El caciquismo ha reconstruido sus redes. La Iglesia está contenta de poder ayudar a los partidos de derechas. Por su parte, los republicanos dan pruebas manifiestas de debilidad. Las frecuentes disensiones, la retirada de la CNT y su oposición al régimen, la derrota electoral de 1933, revelan a las fuerzas conservadoras lo precario del régimen. Sin embargo, la comuna asturiana revela, en 1934, la existencia de una fuerte oposición de izquierda. El nuevo gobierno republicano emprende la resurrección de la España tradicional. Este período recibe el nombre de bienio negro, los dos años negros de 1933 a 1935. De la República sólo subsiste el nombre (pág. 44).
Tras la pérdida del poder, Largo Caballero hace un llamamiento a la unidad revolucionaria del proletariado. Los republicanos, los socialistas, los anarquistas e incluso los comunistas, concluyen una alianza. Rompiendo con su consigna abstencionista de 1933, la CNT-FAI da su apoyo electoral al bloque así formado: el Frente Popular. Esta coalición triunfa en febrero de 1936. La coalición la forman nueve partidos de izquierda, que obtienen 267 puestos en las Cortes, de un total de 473. España vive, a partir de entonces, en un clima precursor de guerra civil, en la que influyen los acontecimientos que se desarrollan en Francia (pág. 46).
4. El franquismo.
La derecha española, gracias al giro electoral de 1933, advierte la necesidad de poner orden en su seno. De 1934 a 1936, sus elementos son numerosos en las Cortes. Se componen de varios grupos: la Liga Catalana, dirigida por Francisco Cambó; los carlistas navarros; los monárquicos legitimistas (José Calvo Sotelo); los agrarios; los independientes, caciques sobre todo; la Confederación Española de Derechas Autónomas (José María Gil Robles); la Falange (José Antonio Primo de Rivera). Entre todos existe un mismo fondo ideológico común: el totalitarismo que practican en esta época la Italia de Mussolini, el Portugal de Salazar, la Alemania de Hitler, y la Austria de Dollfuss. La preocupación de los españoles se dirige sobre todo a las ideas políticas. Quieren crear una nueva derecha que rompa con la España parlamentaria y reanude los vínculos con la España tradicional. Su pensamiento lo manifiesta. El Estado se define como un instrumento totalitario al servicio de la patria integral; la economía es pensada según una estructura vertical acompañada de la sindicación obligatoria de todos los productores (pág. 51)
4.l. Fundamentos ideológicos
Sólo tras su victoria, el general Franco, político sutil, comienza a aplicar sus ideas personales. Ha sabido utilizar el período 1936-1939 con este fin; y no permitirá que se crie en su camino una ideología por la que sólo sienta un entusiasmo mediocre. Antes de 1939 domina el falangismo. Después de 1939 domina el franquismo (pág. 53)
El Estado nuevo se basa en tres fundamentos esenciales: un jefe, un partido y un pueblo (pág. 55).
En España el jefe recibe el nombre de Caudillo. El Caudillo ofrece una cualidad doble: la de jefe de Estado y la de jefe de partido. En los estatutos de la Falange (capitulo XII), el Caudillo es descrito: «Como autor de la época histórica en la que España acaba la posibilidad de realizar su destino histórico y de conseguir al mismo tiempo los fines del Movimiento, el jefe ejerce en su entera plenitud la autoridad más absoluta. Es responsable ante Dios y ante la Historia. Designa decretamente su sucesor» (pág. 56).
Acerca de la noción del caudillaje, Georgel introduce los conceptos de diversos teóricos, como Juan Beneyto Pérez, Raimundo Fernandez Cuesta, Francisco Javier Conde, Gabriel Arias Salgado, que vienen a coincidir de una u otra forma en elegir el principio carismático, que es una de las tres formas de poder que distingue Max Weber (pág. 57).
En 1934 se produce la fusión de Falange con las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. A su lado subsiste otra organización, la Comunión Tradicionalista, que agrupa a los requetés carlistas. Por decreto del 19 de abril de 1937, el general Franco fusiona los dos partidos y sus milicias, disuelve todos los demás organismos y fija su nueva denominación: Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Según el criterio de S. Payne y J. Creac'h, el Caudillo no se posesiona del partido único sin resistencia, por parte de Hedilla en nombre de Falange y de Fal Conde por los carlistas. Se llega así a la creación del partido único. En la práctica el general Franco es jefe de Estado antes que jefe de partido (pág. 61).
El nuevo Estado español posee, a juicio de Georgel, seis caracteres esenciales: es totalitario, autoritario, unitario, imperialista, nacionalsindicalista y éticomisional. De cada uno de estos caracteres Georgel obtiene sus propias conclusiones una vez que ha analizado ligeramente cada uno de ellos. Así dice que la Falange se atribuye un deber éticomisional. Esta característica es la más original por un doble motivo: primero, porque no es común a los regímenes totalitarios; después, porque el franquismo lo ha conservado e incluso reforzado (pág. 65).
En el apartado que el autor titula «E1 ocaso de la Falange en el marco estatal» Georgel divide en tres períodos la posición de la Falange de 1939 a 1969: progresión, ocaso y restauración. Este cuadro es muy esquemático a causa de la política de división practicada por el general Franco. Se podía afirmar, sin juego de palabras, que la Falange declina progresando y progresa declinando (página 73). Se apoya el autor para estas afirmaciones en los sucesivos cambios ministeriales habidos en el gobierno de Franco y en los distintos decretos, leyes o disposiciones dictadas al efecto.
E1 sindicalismo, junto con la religión y la sucesión, es uno de los tres problemas esenciales del futuro español (pág. 83). El Fuero de Trabajo de 1938 coloca a los sindicatos en una posición intermedia entre el partido y el Estado. La ley de 8 de agosto de 1939 pone los sindicatos bajo la dependencia del partido único. «El Ministerio de Trabajo comprenderá las Direcciones Generales de Trabajo, de Jurisdicción del Trabajo, de Previsión y de Estadística. Pasarán a depender del Servicio de Sindicatos de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. todos los asuntos relacionados con las actividades sindicales.» El primer delegado nacional en la organización sindical es un falangista de fecha antigua, Salvador Merino (pág. 84). El ano 1967 marca la transformación del sindicalismo español. Las Comisiones Obreras no encuentran a partir de esta fecha límites para su audacia, pese a la sentencia de 14 de marzo de 1957 por la que el Tribunal Supremo denuncia el carácter ilegal de las Comisiones (pág. 99). Sus líderes principales son Marcelino Camacho y Julián Ariza. El primero de ellos declara: «La actitud de los sindicatos es en el mejor de los casos extraña. Cuando hemos sido detenidos ni siquiera han enviado un abogado de los sindicatos para defendernos, y no se han preocupado en absoluto de la suerte de nuestras familias. Ahora, incluso antes de ser juzgados por el Tribunal de Orden Público, quieren quitarnos un cargo para el que hemos sido elegidos por nuestros compañeros, según las normas de la legislación sindical del Estado» (pág. 100).
Otro foco de agitación frente al régimen franquista es la Universidad. En sus líneas principales, el problema universitario español semeja al problema obrero (pág. 106). Aun cuando los ambientes sociales no son idénticos y menos aún las circunstancias económicas, las reivindicaciones formuladas por los estudiantes se acercan a las reclamaciones obreras. Conciernen ante todo al derecho de establecer estructuras sindicales libres y a gozar de la libertad de expresión. En febrero de 1965, trece de los catorce distritos universitarios españoles se niegan a reconocer la autoridad del sindicato oficial (SEU). Algunos profesores intentan canalizar el descontento y aceptan presidir las asambleas libres para controlarlas mejor. El resultado es negativo, pues el gobierno les acusa de haber incitado a los estudiantes a manifestarse y los sanciona con tres revocaciones (Aranguren, Tierno Galván y García Calvo) y dos suspensiones temporales (Montero Díaz y Aguilar Navarro). El 5 de abril de 1965 se procede a una reorganización del SEU, creándose una nueva fórmula, las «asociaciones profesionales de estudiantes» (APE). Pero las nuevas estructuras no satisfacen las reivindicaciones estudiantiles. SEU o APE no sólo es combatido por la FUDE, sino por otros dos movimientos más recientes; la Unión Democrática de Estudiantes y el Sindicato Democrático Universitario (pág. 111). El movimiento de protesta de los estudiantes españoles no es de naturaleza revolucionaria -la juventud universitaria es esencialmente burguesa-; es una aspiración a una mayor libertad, a un mínimo de democracia y de participación juvenil en los asuntos públicos; en este sentido se halla más cerca del movimiento estudiantil polaco que de su homólogo francés (pág. 117).
4-2. Organización política.
Analizando el poder ejecutivo, Georgel afirma que el franquismo comprende dos períodos aparentemente distintos. El primero se caracteriza por la concentración de los poderes ejecutivos; el segundo, inversamente, por su distribución. Pero es esencial, añade, no perder de vista que el segundo período no comenzará hasta la desaparición del actual jefe de Estado. El régimen español es un sistema presidencial reforzado. Los ministros son responsables ante el Caudillo solamente, que los nombra y los revoca cuando quiere (pág. 125).
El poder legislativo está repartido entre tres autoridades diferentes: el ejecutivo, las Cortes y el cuerpo electoral (pág. 131). En relación a las Cortes, el autor dice que no son una asamblea parlamentaria encargada de fiscalizar a un gobierno designado en función de su orientación. La situación es exactamente la contraria: es al Gobierno a quien corresponde ejercer sobre la cámara un poder de dirección y control. El órgano de esta tutela es el presidente de las Cortes, nombrado por el Caudillo. Las Cortes españolas son mucho más órgano de discusión legislativa que detentador real del poder legislativo (pág. 137).
En el apartado titulado «El ciudadano y el Estado», el autor, después de hacer el típico balance de la guerra civil y pasar revista a los indultos concedidos, resume su pensamiento enfrentando las palabras de Raimundo Fernández Cuesta: «Entre su España y la nuestra media un abismo que solo puede ser salvado por el arrepentimiento y la sumisión a nuestra doctrina» (pág. 149). Salvador de Madariaga aporta la respuesta a esta doctrina: «¿Cómo podía sanar el cuerpo de España cuando su alma seguía escindida en dos?» Otros son conscientes de la necesidad de olvidar el pasado, como Luis González Vícén, miembro del Consejo Nacional, para quien el drama de la España contemporánea «es no haber logrado liquidar la guerra civil, y encontrarse ahora aproximadamente en las mismas condiciones que en 1939. La diferencia entre ser o no rojo, entre haber apoyado o no al Movimiento, en otras palabras, la diferencia entre vencedores y vencidos, es la posibilidad de acceso al poder, perfectamente delimitada entre vencedores y vencidos; el tratamiento de los ciudadanos en el cual la diferencia está igualmente marcada; las oportunidades de influencia social y muchos otros factores indican claramente que este problema gravísimo sigue en pie. Si esto es evidente para nosotros, fácil es imaginar cómo se percibe desde el campo adverso. No sólo se consideran derrotados y políticamente frustrados; se ven tratados como españoles de segunda clase y exageran las injusticias de que son objeto, acumulando el odio contra la otra mitad considerada como causa de sus males.»
Continúa el autor dentro de este mismo apartado, analizando dentro del contexto del Fuero de los Españoles los incidentes del Congreso de Munich (pág. 152). Pasa a continuación a analizar las libertades individuales que divide en tres grandes bloques: libertades civiles, libertad religiosa y derechos políticos (pág. 155); la cuestión de la prensa es, asimismo, analizada, prestando especial atención al problema del periódico «Madrid», al que se le abre expediente administrativo por el artículo de Calvo Serer «No al general De Gaulle. Retirarse a tiempo» (pág. 168). Prosigue exponiendo las relaciones Iglesia-Estado y la firma del Concordato. Para Georgel, la unión entre Estado e Iglesia es evidente hasta en el menor campo de acción. El Concordato se sitúa cronológicamente entre dos textos de importancia igualmente capital: la ley de Sucesión, del 7 de junio de 1947, y la ley de Principios del Movimiento Nacional, adoptada el 17 de mayo de 1958. En estos documentos, el Estado y la Iglesia han asociado sus destinos, y el primero ha reconocido a la segunda su situación privilegiada (página 195). A estas relaciones dedica el autor cerca de sesenta páginas de su libro.
Refiriéndose a los derechos políticos, el autor señala que en el Referéndum de 1966 las urnas son de cristal y las papeletas no son metidas en sobres. Hace falta mucho valor para votar «no» en tales condiciones (pág. 240).
Las conclusiones a que llega Georgel al final de su libro son las siguientes:
Primera. Economía. Tres fases: Fase de retroceso (1939-1958); fase de estabilización y progreso (1959-1965); fase de estancamiento (desde 1966) (página 265). Resalta la solicitud de asociación a la Comunidad Económica Europea en 1962. Esta petición ha encontrado una acogida favorable por parte de los alemanes y franceses, pero la hostilidad neta en los demás miembros de la pequeña Europa. En el origen de esta hostilidad se hallan dos tipos de motivos. El primero es de carácter económico. El segundo tiene carácter jurídico y político. Los tres Estados del Benelux son hostiles al autoritarismo del régimen de Madrid y sitúan en primera línea la finalidad del Tratado de Roma: realizar una unión política de tipo liberal, implicando la existencia de libertades públicas, la separación de poderes y el sufragio universal efectivo. Todos estos elementos de democracia son desconocidos en España, dicen belgas, holandeses y luxemburgueses.
Segunda. Política. Desde 1958 la situación ha evolucionado, gracias sobre todo a la influencia de la emigración y del turismo (pág. 283). E! problema del futuro político español se encuentra en la sucesión.
Tercera. Soluciones posibles. Es razonable descartar de entrada la hipótesis de una nueva conflagración interna. En el horizonte de la eventual sucesión pacífica, tres soluciones parecen posibles: monárquica, militar y democrática (página 298).
JUICIO
Jacques Georgel escribió su libro en 1970, poco después del de Max Gallo y algo antes del de Edouard de Blaye, y se mueve en una línea paralela a la de este por lo que podríamos remitirnos al comentario que al libro de este autor dedicamos en el numero 101-102 de nuestro Boletín.
A la edición francesa que publicó Collections Esprit «Frontière Ouverte» responde la castellana de «Ruedo Ibérico», de 1972, a la que ahora nos referimos. El señor Georgel, profesor de Derecho Público en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas de Rennes, nació en 1932 y, por tanto, su infancia estuvo fuertemente condicionada por la guerra y la ocupación de su país y es, sin duda, a través de ese prisma como ve la realidad española. Hombre de formación universitaria escribe bien y construye con rigor su libro, pero no puede desprenderse de esos prejuicios, tan franceses, hacia nuestro país, al que considera incapacitado a perpetuidad para resolver sus problemas. De ahí a pensar que nuestra obligación es la de copiar fielmente cualquier modelo francés hay sólo un paso.
De la parcialidad del señor Georgel nos darán idea dos citas de su libro, más que suficientes para que nuestros lectores se hagan un juicio. Para el señor Georgel el único intento de construir un estado en España lo realizó la República, que logró edificar uno que fue destruido durante el «bienio negro» por los señores Lerroux y Gil Robles. El Frente Popular lo reconstruyó y la guerra lo volvió a destruir en una y otra zona, poniendo a España en el trance de elegir entre la dictadura de izquierda y la dictadura de derecha. Antes, la coalición electoral del Frente Popular había triunfado en las elecciones del 16 de febrero obteniendo 266 puestos en las Cortes de un total de 473, y el señor Georgel hace notar que «la audiencia del Frente Popular parece ser mayor en el país que en el Parlamento». Afirmación que figura en la página 89 de la edición francesa y en la 48 de la española y que no podría ser sostenida por ningún español cualquiera que fuera su ideología, pues todos sabemos y reconocemos que la ley electoral vigente durante la República primaba escandalosamente a las mayorías magnificando su triunfo para ofrecerlas parlamentos que supusieran un amplio sostén a los Gobiernos.
Más adelante, en la página 101 de la edición francesa que corresponde a la 148 de la de «Ruedo Ibérico», establece el señor Georgel el balance de la guerra de España y escribe textualmente: «España cuenta con un millón de muertos, 500,000 exilados, 300.000 presos políticos y, según cifras oficiales del Ministerio de Justicia, 192.584 personas condenadas a muerte y ejecutadas.» Más o menos los restantes escritores franceses citan unas cifras similares y siempre me asombra esa tan exacta de 192.584, a la que por añadidura se da carácter oficial y se adjudica al Ministerio de Justicia. La inventora de la cifra fue, al parecer, Elena de La Souchere y no sé de donde la sacó, aunque ya se esgrimió en las Naciones Unidas cuando la retirada de embajadores de España en 1946. Los lectores de nuestro Boletín saben perfectamente que el número total de muertos ocasionados por la guerra no sobrepasó los 250.000 y que las víctimas de la represión en ambas zonas no alcanzaron la cifra de 100.000, de las que, cuando menos, 60.000 murieron en zona gubernamental. Seguir escribiendo párrafos como el del señor Georgel resulta hoy en día intolerable, y afirmar que determinadas cifras son oficiales sin antes comprobar si lo que se ha leído de segunda mano es cierto, una ligereza imperdonable, muy especialmente en un hombre de Derecho.
Aparte de estos prejuicios básicos el señor Georgel incluye en la visión que nos da de España en el prólogo y la introducción de su obra todos los tópicos, mitos y leyendas que a lo largo de los siglos han difundido en su país una visión pintoresca y literaria del nuestro, que tal vez tuviera algunos y aun muchos rasgos coincidentes con la realidad pretérita, pero que no sirven en absoluto para hacer un retrato, ni tan siquiera un esbozo, de la España actual.
El libro de J. Georgel contiene una mezcla de enfoques históricos, jurídicos y sociológicos sin que ninguno de ellos consiga la profundidad necesaria para alcanzar el rigor científico imprescindible que merecen los estudios como el que ha emprendido el autor. Para realizar el estudio del mismo, Georgel se ha servido de fuentes muy conocidas ya por el lector español. Guiándose por los ingentes comentarios salidos a la luz en el periódico «Le Monde», el autor, no sabemos si con plena conciencia, hace de su estudio una sucesión ininterrumpida de comentarios y anécdotas que restan objetividad y cientifismo a su obra. Así debía ser en cuanto que el autor, partiendo de unas afirmaciones muy generales, busca los datos que le sirven para el fin que se ha propuesto: la crítica. No alcanza de ninguna forma, como pretende justificar en el prólogo, un análisis de conjunto de la situación real española bajo el mandato de Franco. Tal vez podamos decir que el libro que Georgel ha escrito podrá constituir en su día una guía más, en el conjunto de libros escritos sobre España, para los historiadores que emprendan de manera seria, objetiva y científica la atractiva tarea de escribir nuestra historia. Aun cuando no dudemos de la veracidad de algunos de los acontecimientos que Georgel inserta en su obra, encontramos al autor excesivamente guiado y condicionado por los comentarios de prensa, sin que con ello tratemos de desconfiar de la ética que entraña la labor periodística. La pretensión de Jacques Georgel ha sido amplia y desmesurada hasta el extremo de que su «Franquismo» (historia y balance) aporte exclusivamente el relato de los hechos acaecidos en España de 1939 a 1969, tomando estos aconteceres como mejor interesaban a su intención. Por ello el próximo historiador que utilice el libro de Georgel como orientación deberá constatar la veracidad de las afirmaciones que el autor saca a la luz pública. Muchas de ellas no nos son desconocidas y, por haberlas vivido, creemos en ellas. Otras, por el contrario, creemos que son producto de la intuición y la opinión personal de hombres cuya seriedad, honradez e integridad desconocemos. Por todo ello no nos ocuparemos aquí de refutar ideas o esclarecer errores. En esta ocasión esa labor nos atrevemos a encomendársela al lector.
In Boletin de Orientación Bibliográfica nº 109-110 septiembre-octubre 1975, pp. 11-19. Repetido en BOB nº 111-112, noviembre-diciembre 1975, pp. 57-65