Bonifacio de la Cuadra
El 33º aniversario de la matanza perpetrada en el despacho de abogados laboralistas de la madrileña calle de Atocha, que se cumplió el 24 de enero último, volvió a remover, como cada año, los recuerdos de quienes sobreviven a aquel atentado flagrante, cometido desde las entrañas ultraderechistas del franquismo contra el sector de la ciudadanía más generosamente comprometido con el proceso democrático: la izquierda perseguida y masacrada por la dictadura.
Este año, el reconocimiento que la Fundación Abogados de Atocha dedicó a los letrados que ejercieron la acusación particular contra los asesinos, así como al colectivo Justicia Democrática, que luchó contra el franquismo desde dentro de la judicatura, tiñó de contenido jurídico el acto celebrado el 23 de enero en la sede de Comisiones Obreras de la madrileña calle de Lope de Vega, a muy poca distancia de donde las balas segaron las vidas de Javier Sauquillo, Javier Benavides, Enrique Valdevira, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez Leal e hirieron gravemente a Lola González Ruiz, Alejandro Ruiz-Huertas, Luis Ramos y Miguel Sarabia.
La evocación de aquellos días negros, durante los estertores del régimen, y el recuerdo de aquel entierro masivo, impresionantemente silencioso y pacífico, dejó paso este año a la memoria del proceso penal, a cargo de unos letrados expertos en defender, pero no en acusar; que acudieron al juicio como perdedores… de sus colegas asesinados; que aguantaron con entereza los insultos en la sala de audiencias, y que lograron condenas sustanciosas para los autores materiales de los cobardes crímenes.
Unos abogados que, a pesar de la rabia originada por el múltiple crimen, no tuvieron la tentación de pedir para los asesinos la pena de muerte que con tanta facilidad aplicaba el Estado fascista de aquellos pistoleros. Los ocho abogados de la acusación particular Jaime Sartorius, José Luis Núñez, José María Mohedano, Cristina Almeida, José Bono, Antonio Rato y los fallecidos José María Stampa y Jaime Miralles -este último particularmente ejemplar por la energía con que ejerció, como abogado, su búsqueda de la justicia al margen de ideologías- siempre lamentaron no haber podido sentar en el banquillo a las cabezas inductoras de aquella salvajada, entre otros motivos por la desastrosa instrucción que realizó el juez Rafael Gómez Chaparro, que siguió en activo con la democracia.
En el acto conmemorativo se afirmó que el juicio contra los asesinos de Atocha fue el primero realizado al franquismo, observación que fue apostillada por el magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín -quien intervino en nombre de Justicia Democrática- con las palabras «el primero… ¡y el último!», que arrancaron un largo aplauso. Según Martín Pallín, la llamada ley de la memoria histórica -de título mucho más largo, farragoso y «atormentado»- no ha respondido a las expectativas que suscitó, fundamentalmente porque ha eludido declarar la nulidad de las condenas procedentes de los órganos de represión franquista, por la privatización de las tareas de identificación y recuperación de los cadáveres y por la extrema lentitud con que el Gobierno ha puesto en marcha su desarrollo reglamentario.
A falta de una ley más clara, explícita y operativa, la vía judicial abierta por el juez Baltasar Garzón para investigar los crímenes del franquismo y las desapariciones forzadas durante la dictadura es la iniciativa jurídica más relevante y acorde con la justicia para las víctimas de aquel régimen, aunque no cuente con el apoyo del ministerio fiscal -encargado constitucionalmente, no se olvide, de «promover la acción de la justicia»- ni de amplios sectores de la judicatura, desde los que se pretende criminalizar al propio juez, a petición del pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias, la asociación Libertad e Identidad y Falange Española de las JONS. Nada menos.
El poeta Marcos Ana -quien, junto con el comunista histórico Domingo Malagón, ha obtenido el Premio 2010 de la Fundación Abogados de Atocha- fue capaz de mantener, a sus 90 años, 27 de ellos en las cárceles franquistas, su «esperanza en las nuevas generaciones, para que prosigan la lucha por nuestros ideales y se acabe el hambre y la guerra, desaparezcan las desigualdades y se pueda comer el pan con alegría». En contraste con el optimismo del poeta, muchos de los asistentes al acto, desencantados, manifestaron sus críticas hacia la Transición.
Unos días después, el 27 de enero, en el Ateneo de Madrid, coincidiendo con el Día del Holocausto y a propósito de la presentación del libro La lucha por la libertad, editado por la Asociación de Ex Presos y Represaliados Políticos, se produjeron más reproches a la que se denominó «mediocre Transición». Ante un auditorio de edad avanzada, Gervasio Puerta, Gregorio Ortiz y Juan Vallejo, cansados de las dificultades con que chocan las víctimas del franquismo e incluso un juez, «si se le ocurre hurgar en la memoria histórica», explicaron que el libro, del que son protagonistas los luchadores por la democracia, como los abogados de Atocha, plantea, «sin rencor», la recuperación de la República, contra la que se alzó Franco, y la sustitución de la Constitución de 1978 por la de 1931. La memoria les hace insoportable el olvido.
In El País, 8.2.2010