Ángeles Vázquez
En el mundo judicial, las apuestas se pagaban hasta esta semana diez a uno a que el Tribunal Supremo iba a llegar hasta las últimas consecuencias en los procedimientos abiertos contra Baltasar Garzón. Pero el auto del jueves de Luciano Varela ha cerrado las pujas. El tono sentencioso de la resolución y la búsqueda de respaldo entre sus compañeros de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal para sentar al magistrado de la Audiencia Nacional en el banquillo de los acusados presagia que será juzgado por haber osado abrir la primera causa penal contra los crímenes del franquismo.
Como desliza Varela en su resolución, en la que tacha de prevaricadora toda la actuación de Garzón en relación con la investigación de las desapariciones franquistas, el hecho de que el juez fuera el primero en dar ese paso dibuja un escenario equivalente a que existiera «una especie de conspiración de silencio de la que serían protagonistas todos quienes le precedieron en el escalafón judicial y en el Ministerio Fiscal, por no citar a las organizaciones ciudadanas que, antes y después de la Constitución, han mostrado una encomiable sensibilidad frente a la masacre y a la tragedia que para los más elementales derechos humanos supuso la Guerra Civil y la dictadura que le siguió».
Es decir, una vez más, Garzón, con su iniciativa instructora, se pondría por encima de todos, incluidos los magistrados que por su rigor y conocimiento judicial conforman la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la cúspide de la jurisdicción ordinaria y el referente moral de la carrera judicial. Y eso no gusta a todos.
Y a los que no les gusta se suman los enemigos que el magistrado se ha ido ganando durante sus 22 años de profesión. Fuentes de su entorno señalan que «Garzón es un hombre al que su carácter obliga y se ha metido en todos los charcos que se le han presentado». En un primer momento, pensaron que el auto de Varela «se estaría celebrando tanto en Génova [en referencia a la sede nacional del PP] como en las herriko tabernas».
De la Gürtel a ETA
No le perdonan que se colocara por encima de todos al juzgar el franquismo. Es probable que la explicación sea redundante, porque la referencia es clara, pero desde que hace justo un año estalló el caso Gürtel, el Partido Popular se lanzó en tromba contra el instructor . Ya no lo es y aunque su sucesor, Antonio Pedreira, ha ratificado su instrucción, todavía sobrevuela sobre él la amenaza de querellas. Los que creen que el caso Gürtel dejará en pañales a Filesa sostienen que ha sido el detonante para que «se haya levantado la veda» contra el juez. Y la celebración en el País Vasco será porque fue el primer juez que estableció que los terroristas de ETA no son sólo los que portan armas y empezó a luchar contra el entorno de la banda.
Luego ampliaron los lugares de fiesta a Ferraz, la sede del PSOE, en la que algunos sectores siguen sin perdonar que el magistrado investigara los GAL después de pasar por el Ministerio del Interior en el Gobierno de Felipe González.
Independientemente de esos motivos, lo que nadie discute es que en este momento se admiten todas las querellas presentadas en su contra, provengan de quien provengan. En la causa abierta por prevaricación por el caso de la memoria histórica, la acusación la ejercen el autodenominado sindicato de funcionarios Manos Limpias, la asociación Libertad e Identidad también de corte ultraderechista y el partido Falange Española de las JONS, al que Varela aún debe fijar una fianza para poder actuar contra Garzón.
En el otro frente se le investiga por el patrocinio que Banco Santander hizo de dos cursos que impartió durante su estancia en Nueva York. Una financiación por la que el propio presidente de la entidad, Emilio Botín, fue preguntado este jueves durante la presentación de resultados anuales de la entidad. Aseguró que el Santander es «el banco más importante del mundo en relación y colaboración con universidades», actividad a la que dedica 100 millones de euros al año.
A Garzón se le acusa de cohecho, por los hipotéticos pagos que recibió por los cursos impartidos en la Universidad de Nueva York, y de prevaricación, porque cuando volvió al Juzgado, archivó, siguiendo el criterio del fiscal, una querella interpuesta contra Botín. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ratificó el archivo.
En esta causa, abierta después de que se archivara una primera querella por los mismos hechos, le acusan dos abogados: Antonio Panea y José Luis Mazón. El primero era accionista y abogado de Banesto y juró odio eterno al Santander por la forma en la que adquirió la entidad intervenida. El segundo fue amigo y abogado del ex consejero de Banesto Rafael Pérez Escolar, ya fallecido, que libró una larga batalla judicial contra Botín. Mazón se ha caracterizado por conseguir lo que parecía imposible: condenar a los magistrados del Tribunal Constitucional por archivar de forma arbitraria un recurso, expulsar de la carrera judicial al juez Ferrín Calamita por oponerse a la adopción de una niña por sus convicciones religiosas, revocar el nombramiento de Javier Gómez Bermúdez como presidente de la Audiencia Nacional o que el Comité de Derechos Humanos de la ONU condenara a España por falta de doble instancia judicial.
Nuevos frentes
Y, en la recámara, aguarda su turno otra querella, la primera interpuesta por las escuchas de las conversaciones que los imputados en la Gürtel en prisión mantuvieron con sus abogados. Es la de Ignacio Peláez, el ex fiscal de la Audiencia Nacional que defiende al constructor imputado en el caso José Luis Ulibarri. El Colegio de Abogados de Madrid también ha anunciado que se querellará contra Garzón y las fiscales Anticorrupción adscritas al caso.
Estas querellas, también por prevaricación, deberían ser rechazadas o bien ampliarse al actual instructor del caso. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira rechazó en un auto muy motivado los primeros recursos presentados contra la orden de Garzón de intervenir las conversaciones. No en vano, él las mantuvo.
Pero, aun así, no pudo evitar contagiarse del ambiente contra Garzón que se respira en el mundo judicial e incluyó en su resolución una referencia a que el abogado de Francisco Correa, el ex compañero de Garzón José Antonio Choclán, pretendía unir la «suerte» de su recurso a la del primer instructor.
Futuro nada halagüeño
Para cuando el Supremo determine si admite a trámite o rechaza esas querellas, es muy posible que Garzón ya haya sido suspendido cautelarmente por el Consejo General del Poder Judicial, lo que ocurrirá en cuanto el Alto Tribunal dicte el auto de transformación necesario para juzgar al juez y solicite que se le aparte del Juzgado Central de Instrucción número 5. La prevaricación se pena con hasta 20 años de inhabilitación.
Este auto era el que se esperaba de Varela, una vez hubiera formalizado la acusación de Falange. Sin embargo, habrá que esperar, porque el instructor ha preferido dejar al querellado la posibilidad de recurrir y que sea la Sala Segunda que admitió la primera querella la que lo siente en el banquillo. De esa Sala forma parte Adolfo Prego, un viejo conocido de Garzón, al que las víctimas del franquismo intentaron apartar del caso por haber firmado un manifiesto contra la Ley de Memoria Histórica y ser patrono de la fundación para la Defensa de la Nación Española.
Las víctimas, cuya personación fue rechazada en el procedimiento, olvidaban que la inquina que gran parte de la Sala Segunda del Supremo y del CGPJ sienten hacia Garzón supera la división de izquierdas y derechas.
De hecho, Varela es un histórico de Jueces para la Democracia. Pero también se le considera un enemigo acérrimo de Garzón. Dicen que hace ya 15 años predicaba a los opositores que preparaba para acceder a la carrera judicial que «Dios vino al mundo dos veces: una en Belén, y otra en Jaén, y ahora es juez de la Audiencia Nacional».
Más allá de las rivalidades que hayan podido tener en el pasado, entre las que algunas fuentes sitúan los GAL y el proceso que se siguió contra magistrados progresistas de la Audiencia Nacional por la excarcelación de un narcotraficante apodado El Negro, Garzón y Varela se sitúan en las antípodas de cómo entender la judicatura.
El caso es que ni el progresismo de Varela ha servido para archivar el procedimiento abierto. El auto del jueves cercenó esta vía: declaró que había prevaricación en la actuación de Garzón y negó la posibilidad de investigar penalmente los crímenes del franquismo. Y el recurso contra el auto, definido por algunos como «un poner la cabeza para que la corten», será previsiblemente rechazado.
Así se dará la paradoja de que Garzón será juzgado por prevaricar al haber abierto la primera causa penal al franquismo, pese a que se archivó a través de recursos. Hasta algunos de los más acérrimos detractores del juez entienden que en la causa de la memoria histórica no hubo delito.
«Si allí hay prevaricación, prevaricamos todos», apunta un juez antes de recordar que cinco magistrados de la Audiencia Nacional apoyaron los planteamientos de Garzón para asumir la investigación, lo que veta la prevaricación.
Pero es que muchos jueces consideran que castigar a Garzón por ello, además de ser difícil de explicar a la opinión pública, supondrá un peligroso precedente para todos. ¿Por qué? Porque implicaría castigar también a los jueces que cometen un error. Esta misma semana, el Supremo absolvió a un hombre condenado por la Audiencia de Las Palmas a 36 años de cárcel, pese a que las pruebas de ADN lo exoneraban. ¿También prevaricaron o sólo se equivocaron al interpretar las pruebas?
En cualquier caso, los contrarios a Garzón comparan su juicio por la memoria histórica con la condena del mafioso Al Capone por delito fiscal. Y restan importancia al caso, porque creen que «si hubiera mantenido una actitud recta, no le habría pasado nada».
La causa con más apoyos
Pero no deja de ser difícil de entender que se pueda juzgar a un juez por abrir una causa. Y es más curioso, porque en este procedimiento, en el que la opinión pública al menos la de izquierdas lo apoya incondicionalmente, con una dosis de desprestigio equivalente para el Supremo, la defensa será más complicada que en la otra causa.
De la querella de los cobros en Nueva York, se ocupará Manuel Marchena, un magistrado de talante conservador, considerado mano derecha de Jesús Cardenal durante su mandato al frente de la Fiscalía General del Estado. En conclusión: tampoco proclive a Garzón. Esta misma semana, participó en un encuentro en Madrid en el que coincidió con el vicedecano del Colegio de Abogados de Madrid, Luis Rodríguez Ramos, abogado del diputado nacional del PP imputado en el caso Gürtel, Jesús Merino. Trataron la regulación de las intervenciones telefónicas a través de Sitel.
Pero la situación de Garzón supera que se designe a un determinado magistrado u otro como instructor de las causas abiertas en su contra. La forma en la que ha ejercido la judicatura, su exposición en los medios o su ambición le han permitido abrir nuevas vías de investigación contra el entorno de ETA, contra el narcotráfico o contra los crímenes contra la humanidad, pero también le han granjeado enemigos.
Su entorno atribuye a la envidia la apertura del procedimiento porque el Santander financió con 302.000 dólares (260.000 euros) los cursos que impartió en Nueva York, en los que intervinieron Felipe González o Álvaro Uribe. Pese a que las cartas encabezadas por «un querido Emilio» con las que agradeció el patrocinio dañaron la imagen del juez, la defensa no parece complicada: comparar sus ingresos con la contabilidad de la entidad universitaria.
Para admitir a trámite las querellas, el Supremo aplicó el artículo 410 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que permite recabar antecedentes para evitar querellas temerarias. El abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, advierte en sus escritos de que la investigación ha ido mucho más allá, «al llevarse a cabo una instrucción material de la causa sin permitirle defenderse a lo largo de la misma».
Peor que a otros jueces
Por eso, considera que ha sido peor tratado que los demás ciudadanos. Lo que es seguro es que se le ha tratado peor que a otros jueces. Las dos últimas sentencias del Supremo por prevaricación judicial han sido absolutorias. Al juez Francisco Javier de Urquía le quitó la prevaricación, pese a declarar probado que recibió dinero del ex asesor de Urbanismo de Marbella Juan Antonio Roca. Y al ex presidente de la Audiencia de Las Palmas José Antonio Martín también, pese a que el TSJ canario le había condenado, tras escuchar a sus compañeros de tribunal, por mediar a favor de la excarcelación de un narco.
Independientemente de todo, para explicar por qué han triunfado las querellas presentadas contra el juez, es perfectamente aplicable el refrán de más vale llegar a tiempo que rondar cien años. Ahora hay muchos magistrados y vocales hartos de ese pasarse de frenada que se ha atribuido al magistrado con frecuencia, al igual que el de ser mal instructor. Supuestos defectos que, sin embargo, le han permitido amargarle sus últimos años al dictador Augusto Pinochet, impedir que los crímenes de Estado quedaran impunes y dar un paso de gigante en la lucha contra ETA y el narcotráfico.
In Público, Madrid – 7.2.2010
Jubilar a Garzón por investigar crímenes
Julián Casanova
La sombra de la dictadura de Franco es alargada. No resulta fácil olvidar ese periodo prolongado de autoritarismo, sus miles de asesinatos, sus humillaciones, torturas y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Pero, precisamente por esas mismas razones, hay también muchas personas que no quieren que se recuerde.
 
El proceso para suspender de sus funciones al juez Baltasar Garzón es la última proyección oscura que el franquismo nos lanza más de 30 años después de su muerte oficial. Dicen que Garzón tiene pocos amigos en el Consejo General del Poder Judicial, cuya Comisión Permanente es la que ha acordado por unanimidad iniciar los trámites para esa suspensión; que algunos no le perdonan sacar a la luz los trapos sucios del caso Gürtel; y que otros tienen con él viejas disputas que saldar. Pero todo comenzó, recordémoslo, cuando en mayo del año pasado el Tribunal Supremo admitió a trámite una querella contra Garzón por asumir la investigación de los crímenes del franquismo.
 
La democracia española y sus principales instituciones tienen un serio problema con las historias y recuerdos que afloran de la República, de la Guerra Civil y de la dictadura. Y todo se resume en un déficit de educación democrática y, como consecuencia de él, en la persistencia en el falseamiento de la historia, en no haber sabido poner en marcha políticas públicas de memoria para aprender de ese pasado.
 
Aprender, por ejemplo, de la Segunda República, un régimen sobre el que se pueden hacer diferentes valoraciones, pero que, en cualquiera de los casos, y comparado con lo que siguió, merece un puesto de honor en la historia de la política del siglo XX español. Nunca lo creyeron así los políticos de la Transición y nadie desde los poderes de la democracia actual se atreve a defenderla, pese a que España fue durante cinco años, el tiempo que los militares golpistas permitieron, una República parlamentaria y constitucional, con elecciones libres, sufragio universal y gobiernos responsables ante las Cortes. Casi nadie recuerda a sus dirigentes, muertos la mayoría de ellos en el exilio, a quienes presidieron sus instituciones, hicieron sus leyes y dieron el voto a todos los ciudadanos, incluidas las mujeres.
 
España comenzó los años treinta con una República y acabó la década sumida en una dictadura derechista y autoritaria. El discurso del orden, de la patria y de la religión, se impuso al de la democracia, la república y la revolución. La larga dictadura de Franco, que mató, encarceló, torturó y humilló hasta el final, durante cuatro décadas, a los vencidos, resistentes y disidentes, culpó a la República y a sus principales protagonistas de haber causado la guerra, manchó su memoria y con ese recuerdo negativo crecieron millones de españoles en las escuelas nacionales y católicas. Nada hizo la transición a la democracia por recuperar su lado más positivo, el de sus leyes, reformas, sueños y esperanzas, metiendo en un mismo saco a la República, la guerra y la dictadura, un pasado trágico que convenía olvidar.
 
Bastaron, sin embargo, tres años de guerra para que la sociedad española padeciera una oleada de violencia y desprecio por la vida del otro, por la deshumanización del contrario, sin precedentes. Por mucho que se hable de la violencia que precedió a la Guerra Civil, para tratar de justificar su estallido, está claro que en la historia del siglo XX español hubo un antes y un después del golpe de Estado de julio de 1936. Además, tras el final de la Guerra Civil en 1939, lo que se instaló en España durante mucho tiempo fue una historia de propaganda, mentiras, intimidación y crimen.
 
El juez Baltasar Garzón pidió investigar las circunstancias de la muerte y el paradero de decenas de miles de víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura de Franco, abandonadas muchas de ellas por sus asesinos en las cunetas de las carreteras, junto a las tapias de los cementerios, enterradas en fosas comunes, asesinadas sin procedimientos judiciales ni garantías previas. Como los poderes políticos nunca tomaron en serio el reconocimiento jurídico y político de esas víctimas, fue un juez quien tomó la iniciativa, el mismo, por cierto, que actuó contra los GAL, envió a prisión a cientos de terroristas de ETA u ordenó el arresto de Augusto Pinochet.
 
En vez de permitir que ese pasado de degradación y asesinato político se investigue, de intentar comprender y explicar por qué ocurrió, condenarlo y aprender de él, un sector de jueces, de políticos y medios de comunicación se muestran encantados con la idea de sentar en el banquillo a Baltasar Garzón, inhabilitarlo durante el tiempo suficiente para darle la jubilación.
 
La posible inhabilitación de Garzón no hará desaparecer el recuerdo, el verdadero rostro de esa dictadura asesina, porque nadie ha encontrado todavía la fórmula para borrar los pasados de tortura y muerte, que vuelven una y otra vez. Servirá para demostrar, eso sí, la indiferencia y desprecio que algunos poderes siguen mostrando desde la democracia hacia la causa de esas víctimas y de todos aquellos que quieren honrarlas.
In El País, 13.2.2010