La segunda restauración (1975-2…?)
Xavier Díez
Por la importancia de este artículo en calidad analítica y candente actualidad, la Redacción se permite tomarlo de la revista ORTO, número 127, esperamos que con el beneplácito del autor y el editor y, desde luego, con nuestro agradecimiento adelantado.
Demasiados cadáveres en el armario
Desde principios del verano de 2002, unos pocos jóvenes voluntarios de diversas nacionalidades, pertenecientes a una antigua organización internacionalista surgida después de la Primera Guerra Mundial, el Servicio Civil Internacional, se dedican a desenterrar cadáveres de centenares de desaparecidos españoles durante la guerra civil y la inmediata postguerra. La iniciativa, surgida entre diversas asociaciones españolas que reivindican la recuperación de la memoria histórica y de familiares de los asesinados por el bando fascista ha permitido encontrar e identificar a decenas de republicanos asesinados y enterrados clandestinamente en diversas fosas de El Bierzo, en León. Sin embargo, estos hallazgos representan una ínfima parte de los centenares de fosas clandestinas donde permanecen enterrados más de treinta mil asesinados por el terrorismo del estado franquista.
La tan alabada Transición española a la democracia se basó en el silencio sobre el pasado reciente y el silenciamiento y marginación de la España republicana y exiliada, es decir, la única que conservaba la legitimidad. Era lógico. A partir del momento en que estaba claro que el franquismo iba a tener su final biológico, las élites que detentaban el poder y los beneficiarios del régimen trataron de diseñar vías y mecanismos de transformación política que garantizaran su inmunidad y salvaguardaran sus privilegios. Para ello pactaron los cambios, desde una posición de fuerza, con una oposición lo menos combativa posible para que ésta realizara renuncia tras renuncia. Uno de estos pactos, tácitos pero más que necesarios, consistió en instaurar una amnesia histórica generalizada, una anestesia colectiva que impidiera que alguien, en algún momento, pretendiera hacer pagar los crímenes cometidos durante un largo invierno de cuarenta años. «No hay que remover el pasado» era una frase reiterada entonces y ahora que, superficialmente, venía a significar que no debía recrearse un nuevo clima de enfrentamiento que pudiera llevar a un nuevo conflicto civil, pero se trataba, en realidad, de un útil lema con el significado profundo de si desvelas mis miserias deslegitimas mi poder.
Veinte años atrás, cuando todavía el aparato franquista estaba intacto y la tan alabada democracia aún estaba estrechamente vigilada por los sables, todavía tenía un cierto sentido la prudencia. Sin embargo, ha pasado el tiempo, los años se han sucedido, y España continúa sin asumir su pasado más negro. Nadie ha pedido perdón a las víctimas, no se ha condenado el franquismo (y mucho menos a los franquistas), no se han juzgado los crímenes de guerra y contra la humanidad (que no prescriben nunca y no pueden estar sometidos a jurisdicciones nacionales) y no se ha compensado de manera satisfactoria a las víctimas de la represión y a sus descendientes. Pero quizá lo peor de todo es que parece como si el período de 1931 a 1975 no hubiera existido nunca, como si una mano orwelliana se hubiera encargado de borrar los hechos que una república, una guerra y una dictadura de orientación fascista marcaron profundamente en las estructuras profundas de un país que no acaba de encontrar su cohesión.
El diseño político del régimen surgido a partir de la Constitución de 1978 parece tener una clara vocación de enlazar con 1923 antes de que el golpe de estado de Primo de Rivera acabara con el régimen de la Restauración, y antes de la II República que en 1936, con el Frente Popular, estaba a punto de iniciar unas profundas y necesarias reformas sociales en la estructura del estado. De hecho, desde un punto de vista simbólico, la situación actual parece una auténtica fotocopia del régimen instaurado un siglo antes; la misma bandera, el mismo himno y la misma monarquía borbónica. Es como si nunca hubieran existido aviones con insignias rojigualdas en la cola que hubieran bombardeado Madrid, Málaga o Barcelona; como si no hubiera habido un ejército que, al ritmo de la Marcha Real, tenía como únicos enemigos a varios millones de españoles, o como si nunca hubiera habido monarcas en connivencia con poderes ílegítimos o padres de reyes que no hubieran apostado por apoyar a una España insurrecta nacional-católica para luchar contra la España legítima y democrática. Es como si en este país nunca hubiera pasado nada.
La Leyenda Rosa de una oscura Transición
La importancia de los símbolos resulta siempre muy significativa. Representan la orientación que toma una sociedad y sus instituciones. Así, la sociedad actual y su estructuración política, emanada directamente de la Constitución de 1978 parece querer preservar algunas constantes preexistentes en el régimen del siglo anterior, tendiendo a imitar sus problemas estructurales, su esclerosis social y su falta de valor y voluntad para emprender la creación de una sociedad más equilibrada y cohesionada.
La leyenda rosa de la Transición nos explica que ésta configuró un impecable proceso histórico, basado en el consenso para conquistar el mejor de los mundos posibles. Pero esta historia oficial, construida por quienes la protagonizaron o por los que se beneficiaron directamente del nuevo sistema, tiene en la nueva historiografía crítica un número creciente de detractores, pero sobre todo, alberga demasiados cadáveres en el armario, bastantes de ellos, por cierto, en El Bierzo. Según esta nueva lectura, la Transición, más que impecable, fue implacable contra los que quedaron fuera de ella; grupos políticos que no se plegaron a las exigencias del poder, la legítima España del exilio, los perdedores de una Cruzada contra la aspiración a construir una sociedad más equitativa y menos autoritaria, o simplemente contra aquellos que no estuvieran dispuestos a renunciar a algo jurídicamente inapelable; a pedir cuentas por cuarenta años de crímenes y suciedad. En el presunto consenso se trató de un asentimiento bajo coacción. El mejor de los mundos posibles,… es difícil, reflexionando seriamente, que mucha gente llegue a creérselo.
Lo que resulta innegable es que la Transición fue un proceso así, transitorio, es decir, provisional, que enlazó un periodo histórico con otro. Entre los historiadores oficiales y oficiosos no existe un acuerdo sobre cuándo comienza y cuándo se acaba. Algunos apuntan su inicio en 1973, cuando se atenta contra la vida de Carrero Blanco. Otros, los más, optan por noviembre de 1975, cuando muere Franco. Más difícil resulta pensar cuándo ésta concluye. Los más conservadores suelen dar el proceso por acabado en 1977, cuando las primeras elecciones generales. Otros la concluyen en 1978, cuando se aprueba la Constitución, en 1979, cuando se inicia la primera legislatura, en 1981 cuando fracasa el penúltimo intento de revertir la situación política (nunca un fracaso tuvo tanto éxito), en 1982, cuando acceden los socialistas al poder, sin que se produzca ningún intento de detener el proceso (ya tenían a Boyer o Solchaga para impedir cualquier veleidad izquierdista), o en 1986, cuando España se integra en la Comunidad Europea con una cierta normalidad.
A pesar de las divergencias cronológicas, existe, sin embargo, un gran consenso en la denominación de este periodo «transitorio». Pero, una transición siempre implica enlazar un período con otro. Casi todos los historiadores denominan franquismo o dictadura al período de origen. Pero ¿cómo denominar al de destino? Desde un cierto papanatismo acomodaticio, la mayoría optan por el aséptico término Democracia. Pero un medio, o un sistema de representación política, como es la democracia, no sirve para definir un periodo histórico. La denominación debe tomar en consideración la forma bajo la cual se encarna el poder, (como absolutismo o Segunda República) o los objetivos que se persiguen durante un lapso histórico concreto (como feudalismo o Segundo Imperio). Algo parecido puede decirse de los que optan por bautizar el momento actual como el Período Constitucional, obviando que de constituciones en España ha habido media docena, y a nadie se le ocurrió denominar así los espacios comprendidos entre una y otra. Resulta necesario, pues, buscar un nombre que defina el carácter del sistema político y social imperante en la actualidad.
De la Primera a la Segunda Restauración
Y desde la perspectiva histórica, el único que parece válido es el de Segunda Restauración. Ya hemos evidenciado anteriormente la vocación restauracionista que inspiró la instauración del actual régimen, por lo menos en su sentido más simbólico. Pero, si examinamos detenidamente el contenido, observaremos que las coincidencias son más que formales. Resulta obvio que la historia nunca se repite, aunque a veces se parece demasiado, y, como decía Marx, en esas ocasiones tiende a parodiarse a si misma. Pero, si analizamos la trayectoria histórica de la Primera Restauración (1875-1923), no resultará difícil, salvando las distancias y las transformaciones globales, comprobar un número muy significativo de similitudes. Un pequeño gran libro del catedrático de historia contemporánea de la Universidad de Girona, Ángel Duarte (La España de la restauración (1875-1923), Hipotesi, Barcelona 1997) nos ofrece una síntesis esquemática aunque certera del sistema iniciado con la coronación de Alfonso XII. Un sistema surgido para poner fin a las veleidades democráticas de una España con la efervescencia social y política del sexenio revolucionario (1868-1874), con vocación de estabilidad y permanencia, y un instrumento al servicio de los poderosos para frenar las aspiraciones populares y excluir del juego político a las clases peligrosas e imponer un orden favorable a sus intereses. Un régimen que, si bien se dotó de unas instituciones en apariencia democráticas, con elecciones periódicas, sufragio universal masculino desde 1890 y un entramado institucional complejo y, en teoría, garantista, en realidad se trataba de un sistema de bipartidismo de élites, que se alternaban mediante un sistema de turno, basado en el caciquismo y el fraude electoral sistemático y que gestionaban los graves problemas sociales como una simple cuestión de orden público. Pero en esencia, la Restauración era un sistema que creó un estado con poca capacidad y menor voluntad de integrar a sus ciudadanos y establecer con ellos un mínimo de reciprocidad, sino que desarrolló instrumentos diseñados específicamente para el mantenimiento de los privilegios de las arcaicas clases dominantes que lo sustentaban, o que, desde el ejército, los vigilaban. No es de extrañar, pues, la profunda desconfianza y aversión de buena parte de la ciudadanía, todavía hoy, respecto del estado. Tampoco lo es la precariedad de servicios en sanidad, educación o bienestar social que la sociedad española actual viene arrastrando desde entonces. Pero la Restauración también es el régimen del mantenimiento de los intereses particulares de unas élites socialmente anacrónicas, y por tanto de la imposibilidad de aggiornamento, con una estructura económica pobre, sin apenas más ingresos fiscales que los aportados por unas clases populares con un mínimo poder adquisitivo, sin escuelas públicas, y por tanto, con unos niveles de pobreza cultural de los más altos del continente, y sin posibilidad de diálogo entre iguales, sin capacidad de resolver sus problemas de cohesión nacional.
El sistema surgido a partir de noviembre de 1975, cuando se corona al actual rey, mantiene también una vocación de estabilidad y permanencia, pero, como podemos ver en la actualidad, el sistema constitucional ya acabado mantiene un carácter que modifica poco las intenciones de la Primera Restauración. La presunta separación entre Iglesia y Estado resulta más teórica que práctica. No se trata ya de la innegable sombra católica proyectada sobre unos tímidos legisladores españoles (que prefieren aceptar hipócritamente el aborto de facto y se obstinan en imposibilitar su reconocimiento de iure), sino, y sobre todo, por el mantenimiento de la perversión de una doble red escolar con la función de separar clases altas y medias de unas clases bajas, bastante mayoritarias, hacia unas escuelas públicas infradotadas, y, de manera creciente, socialmente segregadas.
La persistencia de un profundo clasismo en el seno de la sociedad española sigue siendo una de las características más definitorias del país; graves diferencias que no sólo son materiales y culturales sino, y sobre todo, psicológicas a nivel de la psicología colectiva, especialmente en las sociedades rurales del centro y del sur del país. El creciente racismo no es más que la interiorización por parte de los sectores populares de la ideología del desprecio al inferior, el triste consuelo de tener a alguien por debajo para maltratarlo. El caciquismo no se ha erradicado. Fuera de los ámbitos rurales, donde persiste bajo formas clásicas, se ha adaptado a los nuevos tiempos mediante formas de lobby o grupos de presión. Como ejemplo de todo esto, basta recordar que el PSOE, desde sus primeros años de legislatura prefirió subvencionar a centenares de miles de campesinos andaluces y extremeños, mediante el Plan de Empleo Rural, para que no trabajaran, antes que realizar una más que necesaria reforma agraria. No es precisamente muy europeo, ni muy moderno, ni muy democrático que un puñado de Grandes de España mantengan la propiedad de grandes latifundios, sin que ni siquiera coticen convenientemente por ellos (y que, impunemente, acaparan buena parte de los fondos europeos de cohesión). Pero quizá es mucho más fácil sustituir un caciquismo por otro, antes que luchar por destruirlos.
Desde un punto de vista económico, la España actual parece venir arrastrando las mismas tendencias negativas que caracterizaron la dependiente y precaria estructura decimonónica. A pesar de los triunfalismos oficiales, la economía española sigue siendo, esencialmente, frágil y dependiente, caracterizada por unas estructuras basadas en la exportación de bienes y servicios de baja calidad y precio, basada en la explotación intensiva de una mano de obra precaria, con escasa formación, sin seguridad y mal pagada, en que la palabra negocios tiene más que ver con la picaresca descrita por Quevedo que con la inteligencia puesta al servicio del dinero de Bill Gates. No es sino a partir de la ley de las continuidades históricas y de la longue durée de Braudel como puede explicarse la preeminencia de las contrataciones precarias, de las inversiones a corto plazo y del enanismo empresarial que son signos distintivos de una economía que solamente ha funcionado bien cuando la coyuntura internacional se lo ha permitido. A todo ello hay que sumar la precariedad del sistema fiscal, donde, en la práctica, persiste la mentalidad feudal, en el sentido de que continúan las exenciones de impuestos de facto a los poderosos, quienes evaden con gran facilidad mediante la escasa presión impositiva al capital, contando a su vez con una tácita connivencia social respecto de las bolsas de dinero negro. Así, los escasos ingresos del estado provienen precisamente del consumo y de las retenciones a unos asalariados de escasos salarios. Todo ello conlleva, claro está, a un estado del bienestar mínimo y débil, escuálido y sin recursos, es decir, a una sociedad sin pacto social basado en la reciprocidad.
Desde un punto de vista político, el antiguo sistema de turno entre liberales y moderados parece haber sido sustituido por un bipartidismo inamovible entre un partido socialista y otro conservador. Estos dos partidos mayoritarios que se han alternado en el poder durante los últimos veinte años, a pesar de sus respectivas retóricas, presentan escasas diferencias de programa entre ellos. Hay más diferencias de formas y matices que de contenido. Básicamente, parecen de acuerdo en mantener la estabilidad del sistema y en controlar a aquellos que permanecen fuera de él, especialmente a los nacionalismos periféricos, pero también a toda suerte de movimientos llamados «alternativos». La señora Julia García Valdecasas, delegada del gobierno en Cataluña, podría ofrecer grandes lecciones sobre el tema, especialmente en su larga experiencia con los antiglobalización. De hecho, el sistema de partidos entre la primera y la segunda restauración guarda más semejanzas de las que podrían suponerse a primera vista. En realidad, son partidos constituidos formalmente, con unos programas más o menos asépticos, cargados de buenas intenciones: bastante retórica y poca capacidad de concreción. Pero, realmente, se trata de estructuras complejas con familias heterogéneas de relaciones clientelares que durante el curso político, entre bastidores, pueden protagonizar guerras de clanes. Hay muchas más diferencias entre Borrell y Solchaga, entre Rato y Ruiz Gallardón, entre Joaquim Nadal y Rodríguez Ibarra entre Pimentel y Zaplana que entre Aznar y Rodríguez Zapatero. De manera que, en la actualidad, se puede decir que los electores españoles tienen poco donde elegir. Claro está que, en esto, no se trata de un problema exclusivo del país, sino bastante general en unas esclerotizadas democracias europeas. Pero, precisamente, estas deficiencias son las que provocan, en cuanto se ponen de relieve los conflictos incómodos de toda sociedad, los miedos colectivos encarnados en alternativas terroríficas como las de Le Pen, Bossi o Haider.
Evidentemente, exceptuando el estado de Florida, ya no hay que recurrir al fraude electoral para mantener el orden político. En la actualidad, basta con controlar los medios de comunicación. Es por ello por lo que los grandes entramados de poder económico-financiero-empresarial suelen hacerse con los grandes grupos que controlan diarios y televisiones. Los ciudadanos votan, los poderosos dirigen el voto, y los votados por los primeros obedecen a los segundos.
Es evidente, en todo este contexto, que lo que se sale de la norma, lo que no encaja en este sistema, es combatido para ser neutralizado. Un sistema diseñado no para que funcione bien, sino para que sea estable y sólido, con vocación de permanencia, que siente más preocupación de que alguien lo cuestione que interés por que alguien pueda aportar soluciones más o menos satisfactorias a los problemas reales. Así, por ejemplo, ante el peligro de que se consolidara una fórmula alternativa de configuración nacional, con el País Vasco, Cataluña, y en menor medida Galicia, que pudieran adquirir soberanía separada de la emanada por un estado centralista y autoritario, se optó por el Café para todos, es decir, por asumir una línea muy similar a la de las descentralizaciones administrativas de las mancomunidades de la segunda década del siglo XX. Es decir, se optó por una manera de disolver cualquier cuestionamiento de una peculiar manera de entender la unidad. En la España actual, cuando se plantea un problema de estructura nacional, se opta por disfrazarlo o aplazarlo sine die. Cuando alguien persiste en el empeño de entender las cosas de otra manera, se le ilegaliza, y punto.
Una buena muestra de este espíritu restauracionista es la tendencia actual de una buena parte de la historiografía actual, especialmente, desde círculos académicos afectos al régimen. Últimamente, un grupo importante de historiadores reivindican el corrupto y pseudodemocrático régimen de la Restauración (1875-1923) y tratan de ensalzar sus virtudes obviando su incapacidad de afrontar los retos de la modernidad. Desde un aséptico aspecto de cientifismo académico, tienden a justificar y hacer de recibo lo que, objetivamente, resulta injustificable y presentable. Curiosamente, tratan de hacer pasar por moderno un régimen arcaico, que, si bien instauró el sufragio universal masculino, practicaba, como dijimos, el fraude electoral de manera sistemática; que, si bien admitía libertades formales, no dudaba en utilizar la represión como principal fórmula de resolución de conflictos; que, si bien otorgaba derechos civiles limitados, utilizó el estado de excepción de manera casi permanente en las zonas más conflictivas. No es de extrañar, sin embargo este absurdo. Se trata del segundo capítulo de esta historia rosa generada alrededor de la Transición.
Regreso al pasado, futuro de aluminosis.
La transición a la democracia no fue hacia delante, sino que fue un regreso al pasado, en que se intentó reinstaurar un sistema de libertades formales, lograr un pacto social, construir una sociedad de consenso sin demasiada vocación de que todo esto se cumpliera. ¿Cómo podía ser ello posible, si los beneficiarios de cuarenta años de franquismo se mantenían en el poder real? La Transición, a pesar de toda su leyenda rosa, y de, sin duda, buenas intenciones de nombres propios que trabajaron duramente para conquistar una normalidad, fue una estafa, una tomadura de pelo. No sirvió para restaurar la única legitimidad posible, la republicana. No sirvió para encarar los problemas estructurales del país. No sirvió para reconciliar a nadie (no puede haber reconciliación sin que el agresor pida perdón a la víctima). No fue un proceso limpio, sino bajo la coacción de los sables, las porras de los grises y, sobre todo, el miedo de los vencidos a la fuerza e impunidad de los vencedores. No fue un proceso transparente. No creó mayor unidad. Se dedicó a camuflar, disfrazar y aplazar los problemas. De ello deriva todo este interés por anestesiar la sociedad civil, evitar que sea consciente de las graves deficiencias estructurales del país, evitar que piense, evitar que cuestione. Pero los pisos con aluminosis, si no se pone remedio, pueden acabar derrumbándose por sí solos, sin necesidad de que ningún avión se lance contra ellos. […]
Empieza a ser hora de cuestionar seriamente una organización política y social que no nos conviene. Deben cambiar unas formas externas insultantes (los símbolos a los que hacíamos referencia anteriormente), pero sobre todo, han de cambiar los contenidos. Tenemos que eliminar las vigas podridas de la aluminosis y sustituirlas por otras más sólidas. La comunidad de vecinos tiene que aprovechar entonces para poner un ascensor y arreglar la fachada.
In Orto, noviembre 2002