Gonzalo López Alba
El Tribunal Constitucional se ha convertido en un órgano fosilizado a tal punto que, si no fuera por la malsana curiosidad periodística sobre el porvenir del Estatut de Catalunya y las subsiguientes guerras políticas a que puede dar lugar el dictamen, nadie lo echaría de menos.

Al ritmo que llevan, los diez magistrados que participan en las deliberaciones sobre el Estatut corren un creciente peligro de acabar como los Diez negritos de Ágatha Christie. La acción no se desarrolla en una isla, sino en un edificio con aspecto de nave espacial o tumba egipcia, según se mire, pero el hermetismo y la atmósfera inquietante son las características más notables del argumento al igual que en el famoso relato de intriga. Eran doce y ya sólo quedan diez.
La regla primera y fundamental de la democracia es que decide la mayoría, con las únicas excepciones de aquello que sea revocado por el juez de la Constitución que es el Tribunal Constitucional. Siendo la democracia un modelo político que se sustenta en la existencia de contrapesos, se trata de una garantía última para evitar los excesos de la mayoría, que no siempre acierta, como nos recuerda la forma en que llegó al poder Adolf Hitler o, más reciente y cercano, Silvio Berlusconi.
Poner en cuestión la legitimidad del Tribunal Constitucional es un flaco servicio a la democracia porque implica desatar una guerra de legitimidades, de la que nunca sale un ganador. De ahí la trascendencia de que exista un juez que, en última instancia, dirima los conflictos institucionales, no a su libre albedrío, sino como intérprete autorizado y reconocido de la Constitución, que no es otra cosa que el manual de convivencia colectiva, imprescindible hasta en las comunidades de vecinos.
Pero la tardanza del Tribunal Constitucional en resolver los recursos sobre el Estatut, que sobrepasa ya los tres años, está rompiendo uno de los principios básicos de la Justicia: no sólo ha de ser independiente, sino neutral. Y ninguna resolución de un conflicto que se dilate tanto en el tiempo es neutral.
La dilación tiene explicaciones de índole coyuntural, vinculadas en gran medida a la ausencia de todo escrúpulo del PP a la hora de trasladar a las instituciones la guerra entre partidos. Fue el PP el que eliminó al primer negrito, el magistrado Pablo Pérez Tremps, al que recusó por el pecado original de haber firmado tres meses antes de acceder al Constitucional un contrato con la Generalitat para asesorarla en la redacción del texto estatutario, colaboración por la que cobró unos honorarios de 6.000 euros. Es decir, como si lo mejor para juzgar de un asunto fuera no saber nada de él o resultara más decoroso cobrar los asesoramientos profesionales de tapadillo y en especie. La realidad es que, en la práctica, el sector conservador obtenía de forma tan espuria la mayoría que no tenía. Era febrero de 2007 y quedaban once negritos.
Un año después, en mayo de 2008, falleció Roberto García Calvo, con lo que se restableció la mayoría progresista. Quedaron diez negritos.
Más allá de las maniobras políticas para alterar la composición del Tribunal y de los decesos naturales, la situación a la que se ha llegado pone de manifiesto la existencia de un problema de fondo.
El bloqueo actual, que es causa de una importante incertidumbre política, surge del modelo de «recurso abstracto» que los padres constitucionales tomaron de la antigua República Federal de Alemania. Este modelo, que no existe en ningún otro país de nuestro entorno, incluido EEUU, implica que el juez ha de pronunciarse sin que haya caso, puesto que lo que se impugna es una ley que no se ha aplicado y, por tanto, no existe prueba de que su aplicación choque con la Constitución.
Así, lo que se traslada a los miembros del Tribunal Constitucional no es la resolución jurídica de un caso, sino un debate político, que se prolonga más allá de los foros establecidos para ello en la Constitución, al tiempo que la ley recurrida se ve castigada de antemano con la llamada pena de banquillo, la que en la sociedad de la imagen soporta todo aquel y aquello que es citado ante los tribunales.
El farragoso texto estatutario contiene, sin duda, asuntos de enjundia que merecen una reflexión profunda y sosegada. Pero que una de las razones del bloqueo, según apuntan algunas informaciones, sea la posible inconstitucionalidad de la inclusión del término «nación» en el preámbulo del Estatut hace dudar hasta del sentido común de los magistrados porque si hay algo que no se puede negar es la realidad y, guste o no, hay una realidad incontestable: «El Parlamento de Catalunya, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Catalunya, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Catalunya como nación».
Elecciones a la vista
Los jueces, aunque celebren sus deliberaciones en un edificio con aspecto de nave marciana, no viven ni pueden vivir ajenos al contexto político porque hacerlo sería tanto como juzgar de espaldas a las tendencias sociales. Pero ello no implica que puedan convertirse en actores del debate político ni suplantar a estos.
De ahí que empiece a ganar adeptos la tesis de que, llegados a este punto del almanaque camino de cuatro años desde la aprobación del Estatut en referéndum, lo más neutral sería posponer la sentencia hasta después de que, en noviembre de 2010, se celebren las próximas elecciones en Catalunya, donde desde hace meses ya se respiran aromas de precampaña electoral.
In Público, 25/10/2009