N. Trabolsi
El poder Judicial, ese pilar del Estado Derecho, iniciará el curso con una ceremonia de carácter religioso por segundo año consecutivo. El anacronismo denominado “Misa de Apertura de Tribunales” se reeditará el próximo lunes gracias a su autor intelectual, el presidente de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, un ultra católico confeso que fue sorprendentemente elegido para el cargo por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Dívar, no conforme con imponer una ceremonia religiosa como pistoletazo de salida al curso, ha vuelto a invitar a su amigo, el cardenal arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal (CEE), Antonio María Rouco Varela, para oficiarla. Rouco es uno de los máximos responsables de la politización y beligerancia del episcopado español que alcanzó sus puntos máximos en la pasada legislatura ante el matrimonio homosexual. La fe vuelve a las más altas instancias del Estado.

Durante la mañana del próximo lunes la sotana de Rouco estará, nunca mejor dicho, diciendo misa en el CGPJ. Dívar ha invitado “de manera personal” a magistrados, jueces y vocales al acto que se ha sacado de la manga, según recoge El Confidencial Digital.
La Misa de Apertura
Hasta 2007, al empezar el curso judicial se celebraba una ceremonia por los magistrados fallecidos durante el periodo anterior. Dívar impuso la presencia de Rouco y la figura de Misa de Apertura a finales de septiembre de 2008, el mismo día en que juraba el cargo asegurando que “los criterios personales del juez no pueden emerger en el espacio público”.
Elección… ¿socialista?
Pero que un juez ultra conservador se lleve muy bien con el jerarca de los obispos –“ojalá todos los españoles fueran tan católicos como Dívar”, ha llegado a exclamar Rouco- no es noticia. Lo noticiable es que sea un Gobierno socialista el que le aúpe a las más altas esferas jurídicas teniendo en cuenta la importancia de presidir y de mantener medianamente neutral el Poder Judicial.
La derecha festiva…
El nombramiento de Dívar lo pactaron PP y PSOE el 22 de septiembre de 2008 y generó una polémica inmediata. La derecha política y, por supuesto, la mediática cantaron victoria –más aun teniendo en cuenta que también se acordó poner a Fernando de Rosa, ex consejero de Justicia del PP en Valencia, como número dos del CGPJ-. Si el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, elogiaba al “jurista de prestigio” que dirimiría el CGPJ, El Mundo se congratulaba de la “buena elección” que reconocía a un “profesional de perfil conservador y firmes convicciones religiosas” sin ocultar, eso sí, una deuda de gratitud con el magistrado: el archivo de una querella contra el rotativo.
…y los progresistas ojipláticos
Más reacia se mostró la prensa progresista, que objetó, además de su vertiente extremadamente católica, el bajo perfil de Dívar y el incumplimiento de la que, hasta septiembre de 2008, era la norma tácita para ocupar su cargo: haber pasado por la magistratura del Tribunal Supremo y tener una carrera de catedrático universitario de reconocido prestigio. El entonces titular de Justicia del Gobierno, Mariano Fernández Bermejo, defendió la elección apelando a la “neutralidad” y “prudencia” del juez religioso. Un extremo al que se aferró Bermejo mientras salían a la luz los vínculos entre Dívar y la Hermandad del Valle de los Caídos.
El Valle de los Caídos
Y es que Dívar, además de ser ponente en los encuentros organizados anualmente por la Hermandad, las llamadas “Conversaciones en el Valle”, colaboraba con la revista del grupo en la que llegó a escribir frases célebres como “sólo en amar a Cristo y hacerle amar se encuentra la única y verdadera Justicia”. Su carrera de conferencista la completaba con conferencias, precisamente, en el Arzobispado de Rouco donde dio su “Testimonio cristiano en la vida pública” según se titulaba el encuentro.
Veto al aborto
Así las cosas, cuando el 29 de septiembre de 2008 Dívar aseguró que “la función jurisdiccional no es acción política” sino “estatal” muchas cosas no encajaban. Las peores sospechas se confirmaron el pasado 24 de julio cuando por primera vez en los 30 años de historias del CGPJ el órgano era incapaz de pronunciarse sobre una norma. Por si quedaban dudas, se trataba de la Ley del aborto, que se quedó sin el aval del Poder Judicial por el veto del presidente “imparcial”.
El Plural, 19/9/09