Fernando de Silva
Con una indiferencia inexplicable, por limitarse a tímidas denuncias periodísticas, estamos asistiendo al mayor escándalo judicial del siglo XXI, en el que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana blinda la impunidad de unos presuntos delincuentes, dando cobertura legal a sus fechorías para evitar que puedan ser investigados en el futuro por otros Tribunales. Solamente el Tribunal Supremo puede corregir tal desatino admitiendo el recurso del Ministerio Fiscal y actuando con la rapidez necesaria para revocar de inmediato el archivo de la causa contra Francisco Camps y compañía; pero dudo que lo haga cuando su último entretenimiento consiste en perseguir en vía penal al Juez Garzón por haber cometido el «error» de pretender investigar los crímenes de la dictadura franquista. Los nostálgicos del pasado fascista han resucitado, parecen encontrarse en todos los estamentos y su afán de venganza frente a quien ose tocar a los «intocables» no tiene límites.

Garzón cometió también el «error» de investigar en profundidad el caso Gürtel, y fue de inmediato vilipendiado y denunciado en todas las instancias por la facción más casposa y conservadora de nuestra derecha; y solamente acabaron los ataques contra su persona cuando los defensores de la corrupción consiguieron el objetivo deseado de distribuir la causa penal entre varios tribunales, bajo el lema de «divide» y vencerás. El Tribunal Supremo, que debería de haberse declarado competente en exclusiva del caso Gürtel para evitar la disgregación -cuyas lamentables consecuencias ya conocemos-, no supo estar a la altura de las circunstancias y tan sólo asumió la investigación de un Senador y un Diputado porque no le quedaba otra salida.??
La división de la causa ha tenido consecuencias bien distintas. Mientras que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, cuyos magistrados son en su mayoría de tendencia conservadora, ha actuado con absoluta profesionalidad, como no podía ser de otra manera, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, presidido por un amigo de Francisco Camps que no ha tenido la decencia personal de abstenerse, actuando por motivaciones políticas bajo una «apariencia» de legalidad, limitó escandalosamente su investigación, con el único objetivo de impedir que Francisco Camps pudiese ser juzgado por sus conductas presuntamente delictivas.??
En Valencia, núcleo de la corrupción generalizada, primero limitan la investigación a lo imprescindible, sin tan siquiera llamar a declarar a los cabecillas del caso Gürtel; cuando el Fiscal y las acusaciones solicitan que sean citados como imputados las personas que supuestamente hicieron los regalos, el Tribunal se excusa alegando que ya están siendo investigados por los mismos hechos por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid; y cuando este Tribunal decide inhibirse en favor del T.S.J. de Valencia, y remite toda la documentación -que fue remitida el 28 de julio-, su Presidente acelera la resolución del recurso pendiente habilitando días durante el mes de agosto a fin de archivar y sobreseer con la máxima celeridad la causa abierta contra Camps, para evitar tener que pronunciarse sobre la inhibición y verse obligado a examinar toda la documentación recibida, cuyas cajas ni tan siquiera fueron abiertas.??
Para los profanos en la materia les diré que las causas penales pueden ser sobreseídas provisional o definitivamente; lo normal y habitual es el sobreseimiento provisional, que permite la reapertura de la causa ante cualquier nueva prueba que pueda aportarse; pero el Sr. Rúa se inclinó por el definitivo, a sabiendas de que en los sótanos de sus dependencias se apilaban cajas con documentación cuyo contenido podía ser concluyente para inculpar al Sr. Camps, blindando con ello su impunidad. Y ahora se permite el lujo de mantener que ni tan siquiera tiene la obligación de pronunciarse sobre la inhibición dado que la causa ya estaba archivada definitivamente con anterioridad (parece ser que formalmente registraron la recepción con posterioridad al archivo, aunque la documentación física supuestamente ya estaba en su poder).
??Si cuanto he afirmado es cierto, y me fundamento en lo publicado por la prensa, el Consejo General del Poder Judicial debería de abrir una investigación inmediata, incluso sin denuncia previa, para evitar ser encubridores del mayor escándalo judicial del siglo XXI. Pero sus miembros, estómagos agradecidos de los partidos que los han designado, aún no han recibido las instrucciones políticas de sus «superiores» para actuar. Las justicia no es igual ni es la misma para todos, y tenemos que perder el miedo a denunciar las arbitrariedades, no sea que se generalicen aún más.
??Fernando de Silva Cienfuegos-Jovellanos es licenciado en derecho por la Universidad de Oviedo y ejerce como abogado en Asturias desde hace más de 33 años
In El Plural 12/09/2009