Luis Gómez 
En el mayor mausoleo de España, la memoria escrita de los caídos en la Guerra Civil no merece más consideración que una breve anotación contable. Tres gruesos volúmenes que descansan en el rincón de un armario de la biblioteca del Valle de los Caídos guardan la información disponible sobre la identidad inequívoca o incierta de un número de restos mortales que, según varios autores, podrían corresponder a más de 50.000 españoles. A su lado, unos pequeños cajones contienen fichas mecanografiadas con información suplementaria para los casos identificados. Posiblemente, ningún registro de víctimas de una guerra haya merecido tanto descuido en algún otro lugar de Europa.

Las anotaciones manuscritas se limitan a un inventario cronológico de la llegada de restos mortales al Valle de los Caídos. Esa información, casi 50 años después del primer apunte, no ha sido depurada, enriquecida, ni siquiera duplicada para evitar cualquier riesgo de desaparición. Todo lo relacionado con el Valle de los Caídos es impreciso. El propio monumento y su régimen jurídico subsisten en un tremendo vacío legal desde la muerte de Franco.
Un portavoz de Patrimonio Nacional asegura que este organismo carece de los planos del monumento, en poder de los herederos del arquitecto Diego Méndez. Los Gobiernos democráticos han actuado por omisión en lo referente a este recinto, como si no se atrevieran a tocarlo, a modificar su destino, como si fuera un fantasma administrativo, pero al tiempo que se olvidaron del monumento se olvidaron también de los muertos. De todos los muertos y de su memoria.
No existe una clasificación de las víctimas por orden alfabético. O por lugar de procedencia. No hay datos suplementarios salvo una sensación que salta a la vista de la lectura de los libros: los muertos republicanos están casi exclusivamente asignados al término «desconocido».
Toda la información está bajo la custodia de los 26 monjes benedictinos que gestionan la Basílica, uno de los cuales reconoce que han procedido a informatizar por su cuenta la información, sin asesoramiento técnico, sin subvención oficial para efectuar dicha tarea.
La cifra de restos mortales tampoco es exacta. No lo es porque la recogida de cadáveres, incluidos los del bando franquista, se hizo con escasos medios, cierta urgencia y poco cuidado en la mayoría de los casos. En el caso de los republicanos, el desprecio fue sistemático. El último apunte en el libro de registro da cuenta el 3 de junio de 1983 de la llegada de un ataúd procedente de Villafranca del Penedés (Barcelona). Tiene el número de orden 33.847, pero los propios monjes benedictinos dudan de que esa cifra refleje el total, entre otras cosas porque en los ataúdes colectivos se introdujeron restos sin precisar su número. Los historiadores han terminado por concluir que la cantidad de víctimas alojadas en el mausoleo estará entre 40.000 y 60.000. No puede descartarse que, junto a las tumbas de Franco y José Antonio, haya más republicanos que franquistas.
La recogida de víctimas de la guerra fue una actividad paralela a la propia construcción del Valle de los Caídos, coordinada desde el Ministerio de la Gobernación. Requirió de una gran logística para la época y duró, en su etapa de mayor intensidad, cerca de cuatro años. Pero no fue ni tan sencilla ni tan exitosa como sus promotores seguramente esperaron.
Debido a que la construcción de la Basílica y el Monasterio duró cerca de 20 años, la organización de los traslados experimentó varios cambios de criterio. Si la previsión inicial fue la de recibir exclusivamente a «mártires» del bando nacional, este criterio fue modificado en virtud del interés del régimen de Franco por obtener un mayor reconocimiento internacional. Para ello se hacía necesario que un monumento de apariencia grandiosa y estética sospechosa se convirtiera en un mausoleo dedicado a la reconciliación y aceptara víctimas «sin distinción del campo en el que combatieron, según el espíritu cristiano que inspira la magna obra».
El mecanismo del Estado se puso en marcha con intensidad a partir de 1958, según se acercaba la fecha de la inauguración del monumento. Las órdenes partieron del Ministerio de la Gobernación, que movilizó a gobiernos civiles, ayuntamientos, cuarteles de la Guardia Civil y autoridades eclesiásticas.
La condición expresa de que los restos a trasladar debían contar con el consentimiento de sus familiares nunca fue aplicada al caso de los caídos en el bando republicano, pero tampoco respetada en lo concerniente al bando nacional debido al escaso entusiasmo que suscitó ese llamamiento. Se publicaron anuncios en los periódicos locales y se dio publicidad a cada transporte de mártires, acompañados de honores militares y actos religiosos.
Las buenas intenciones iniciales quedaron aparcadas. Las primeras encuestas entre familiares databan de 1952 y no dieron resultados muy alentadores, a pesar de corresponder a caídos en el bando franquista. Un boletín de la Oficina Prensa Euzkadi (OPI), perteneciente al Gobierno vasco en el exilio, dio cuenta en uno de sus números de un artículo de la revista Time en el que se detallaba la airada reacción de los familiares de las 12.800 víctimas de los fusilamientos de Paracuellos del Jarama, opuestos al traslado.
Del pobre resultado de las encuestas entre familiares da cuenta también el historiador andaluz Fernando Romero Romero, que ofrece algunos datos en un artículo titulado Represión y muerte en la provincia de Cádiz, todavía no publicado. «En los cementerios municipales de la provincia», escribe Romero, «había 231 caídos cuyos familiares fueron consultados y sólo 27 (12%) estuvieron de acuerdo con el traslado». El escritor Daniel Sueiro, autor de Los secretos de la cripta franquista, da cuenta de algunas llamativas negativas al traslado, como fueron los casos de los familiares del arquitecto Arturo Soria y de Calvo Sotelo.
Ante las negativas, el Ministerio de la Gobernación solucionó esa resistencia silenciosa por la vía más expeditiva. Una comunicación del 31 de marzo de 1960 ordenó que si los familiares persistían en conservar las sepulturas a su cargo, «el Gobierno Civil dispondrá a medida que las circunstancias lo requieran su traslado al Valle de los Caídos». Quedaba derogada así la condición de la autorización familiar.
Con el bando republicano no hubo consideración de ningún tipo. Entre los casos más llamativos, Daniel Sueiro explica en su libro el caso de un padre y de su hijo, ambos militares. El padre, Antonio Escobar, general de la Guardia Civil, permaneció fiel a la República y fue fusilado en Montjuïc en 1940. Su hijo, el teniente de infantería Antonio Escobar, luchó al lado de Franco y cayó en Belchite. La petición familiar de que ambos cuerpos yacieran juntos en el Valle de los Caídos no fue respetada y «obtuvo como respuesta el inmediato traslado del hijo y el desdeñoso silencio en el caso del padre».
Las dificultades para reunir restos en número equiparable a la grandiosidad del mausoleo obligó a dejar a un lado cualquier delicadeza. Según explica la historiadora Carmen García García, que ha elaborado un censo de fallecidos en Asturias, se produjo un traslado masivo de restos procedentes de grandes batallas que ahorraban cualquier labor de identificación y sobre todo de autorización. En el mismo sentido se expresa otra historiadora, Queralt Solé, que ha investigado sobre los caídos en Cataluña.
La memoria de todos los caídos parece haber quedado en el olvido. No así el monumento y su significado. Ningún Gobierno de la democracia llegó a tocar el Valle de los Caídos, como si se tratara de una herencia maldita. El Gobierno de Calvo Sotelo, que dictó una ley reguladora del Patrimonio Nacional en 1982, evitó referirse al monumento expresamente y dispuso la creación de una comisión para resolver su situación legal. Esa comisión no se reunió nunca. Dos años después, en 1984, un real decreto del Gobierno socialista resucitó dicha comisión con idéntico encargo. Pero tampoco llegó a reunirse. Jurídicamente, la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, según expertos consultados, no existe aunque se la mencione reiteradamente.
El silencio oficial parece haberse roto esta semana en el debate parlamentario de la Ley de la Memoria Histórica. Socialistas y populares acordaron que el mauseoleo sea despolitizado y ciertos símbolos derribados.
Franco dispuso la construcción del Valle de los Caídos al año de su victoria militar. El decreto rezumaba retórica imperial: «Es necesario», dictaba, «que las piedras que se levanten tengan la grandeza de los monumentos antiguos, que desafíen al tiempo y al olvido». El enorme escudo franquista labrado en esas piedras escolta desafiante el entorno de la Basílica casi 50 años después.
In El País, 21/10/2007
Véase con provecho: "Mari Carmen España – The end of silence" – Extra – Dokumentär | SVT Play