Vicenç Navarro
Una de las consecuencias del gran dominio que las fuerzas conservadoras tuvieron en el proceso de transición de la dictadura a la democracia en España ha sido el gran desequilibrio existente en la recuperación de la memoria histórica. Mientras que las derechas han continuado promoviendo durante el periodo democrático su versión de la historia de España, las izquierdas han silenciado, hasta muy recientemente, su propia historia. Se ha hablado mucho en nuestro país sobre la existencia durante la transición de un pacto entre las derechas y las izquierdas para que no se mirase al pasado, causa de que la amnistía política se convirtiera también en amnesia política.

Aunque no discrepo con elementos importantes de esta interpretación de la transición, estoy, sin embargo, en desacuerdo en que hubiera un silencio de su pasado por parte de las fuerzas conservadoras. Antes al contrario. Su versión de lo que fueron la República, la Guerra Civil, el franquismo y la transición ha sido la que ha dominado en nuestro país. La interpretación conservadora de nuestra historia -promovida durante los cuarenta años de dictadura- no fue cuestionada masiva y extensamente (a lo largo del territorio español y en todos los ámbitos educativos, incluyendo las escuelas) durante la democracia. De ahí que el silencio histórico de las izquierdas significó, en la práctica, la continuación y reproducción de tal versión conservadora de nuestra historia, lo cual ha sido facilitado por el gran dominio que las fuerzas conservadoras han tenido y continúan teniendo en los medios de información y persuasión de nuestro país, situación reforzada todavía más en los últimos siete años de gobiernos conservadores.
Véanse como ejemplos recientes los programas de Televisión Española (TVE) promoviendo el libro de Pío Noa titulado Los mitos de la Guerra Civil (definido por Helen Graham en el Times Literary Suplement como «una vulgar obra de promoción de los mitos franquistas», julio de 2003), que mereció el reconocimiento del presidente del Gobierno, señor Aznar (el cual nunca ha condenado en España el franquismo); la promoción, también en TVE, de la figura del fundador del partido fascista español, la Falange, el señor José Antonio Primo de Rivera; las declaraciones favorables a la dictadura franquista por parte del delegado del Gobierno central en el País Vasco; la promoción de la canonización del señor Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, orden religiosa promovida y apoyada por el franquismo; la continua promoción de la canonización de los llamados mártires de la cruzada; la resistencia a homenajear a los luchadores por la libertad y por la democracia por parte del partido gobernante; la falta de respuesta del Gobierno español a la petición de la Agencia de Derechos Humanos de la ONU de que se ayude a los familiares de los desaparecidos republicanos a encontrar a sus seres queridos, y un largo etcétera.
Esta ausencia de revisión de la historia de nuestro país explica también que la ideología que cohesiona a las derechas españolas continúe siendo el nacional-catolicismo, mezcla de un nacionalismo españolista uniformador y enormemente centralizador que niega la plurinacionalidad de España, con un catolicismo profundamente conservador, intolerante, dominante, antilaico y con escasa sensibilidad democrática, que se reproduce a través de los sectores conservadores de la Iglesia española que constituyen su mayoría y que nunca han condenado a la dictadura franquista. Este nacional-catolicismo (que ofrece la visión de una ideología totalizante a su proyecto político) no ha sido objeto de una crítica masiva y contundente por parte de las izquierdas (excepto en reducidos círculos académicos) que al reproducir un silencio sobre su propio pasado, han estado desarmadas ideológicamente durante estos años ante la enorme capacidad de movilización del nacional-catolicismo.
Hoy la juventud desconoce la historia real de España y la gran labor que las izquierdas tuvieron en la República; en la movilización popular en contra del golpe militar que tardó tres años en imponerse (a pesar del apoyo de las tropas de Hitler y de Mussolini), y en la resistencia frente a la dictadura que aquel golpe militar impuso, una dictadura que no sólo fue autoritaria (como erróneamente se presenta) sino también totalitaria, que reprodujo una ideología que abarcaba todas las dimensiones de la sociedad y de la personalidad (desde el sexo hasta el lenguaje); una ideología totalizante que conjugó un catolicismo profundamente conservador con un nacionalismo extremo, imperialista y racista (el día nacional era el Día de la Raza, que celebraba el imperio español), antiliberal y antiprogresista, que negaba la existencia de intereses de clase antagónicos, organizando a los agentes sociales dentro de un Estado corporativista liderado por un líder dotado de cualidades extrahumanas (nombrado «por la gracia de Dios»). El franquismo fue una dictadura que contó como ideología con un nacional-catolicismo que impregnó al Estado español y que continuó hasta el fin de aquel régimen y que requirió la desaparición del Partido Estado (el Movimiento Nacional) para el establecimiento de la democracia. En la redefinición conservadora de aquel régimen -en el que politólogos procedentes de la nomenclatura de aquel Estado dictatorial han jugado un papel ideológico fundamental- tal carácter ideológico totalitario desaparece, presentándose en su lugar como un régimen conservador autoritario resultado de un alzamiento militar que interrumpió el caos creado por la República, instaurando un régimen modernizador del país que requería (debido a un carácter español supuestamente indisciplinado) de mano dura hasta que éste -el país- madurase lo suficiente para tener una democracia que vino de la mano del Rey nombrado por el caudillo. Ésta es la interpretación conservadora de nuestro país, promovida por las derechas gobernantes, que conservan el nacional-catolicismo como la ideología cohesionante de su proyecto, con gran capacidad de movilización entre sus bases.
Frente a esta avalancha ideológica, las izquierdas, al haber abandonado su historia, están desideologizadas y desarmadas, habiendo confundido la necesaria modernización de su discurso con el abandono de su pasado, responsable de su desmemoria histórica. Hoy estamos viendo el coste político de tal abandono. La derecha gobernante está acusando al Gobierno catalanista y progresista en Cataluña de amenazar la unidad de España (con llamadas incluso al Ejército para defenderla, tal como hizo recientemente el señor Fraga Iribarne), acusación que tiene réditos electorales porque la ciudadanía desconoce que hubo en España una República plurinacional que respetó, no sólo retóricamente, sino también en su ordenamiento constitucional, la existencia de varias naciones en un proyecto común, España, siendo aquella República la etapa más modernizadora que tuvo España en la primera mitad del siglo XX, con gobiernos (que incluyeron, por cierto, ministros de Esquerra Republicana) que tomaron medidas sumamente necesarias y populares, tales como el establecimiento de la escuela pública (que antagonizó a la Iglesia, que quiso continuar dominando la enseñanza en España), el divorcio y el aborto (que también antagonizó a la Iglesia), la seguridad social (que antagonizó a la banca), el derecho a la sindicalización (que antagonizó a la patronal), la reforma agraria (que antagonizó a los terratenientes), la reforma de las Fuerzas Armadas (que antagonizó al Ejército), y así un largo etcétera. Fueron esos intereses, afectados negativamente por aquellas reformas, los que estimularon al Ejército a realizar un golpe militar frente a un Gobierno democrático, instaurando una dictadura responsable de enorme retraso económico, social, cultural y político del país, como lo demuestra que cuando el dictador murió, España tenía la población con menor educación y con menor gasto social per capita de toda Europa (junto con Grecia y Portugal, que padecieron regímenes semejantes). Detrás de este nacional-catolicismo, que justificó su golpe militar y enorme represión bajo una supuesta «defensa de la unidad de España», estaban intereses de las clases dominantes y grupos corporativos que impusieron el enorme retraso social, cultural y económico de España. Ésta es la realidad desconocida por la mayoría de la juventud y de cuya ignorancia las izquierdas son también responsables.
Las derechas están también ahora utilizando el falso debate de la unidad de España para defender su visión centralista y radial de España, obstaculizando el desarrollo de otro debate mucho más urgente e importante, que es el del enorme subdesarrollo del Estado de bienestar español, del cual ellas son responsables. Hoy el déficit de gasto público social de España, comparado con el promedio de la UE, es semejante al que existía cuando el dictador murió, y ello como resultado de las políticas de austeridad social de los gobiernos conservadores (ver Navarro, V. -coord.-, El Estado del bienestar en España en www.vnavarro.org). No es mera casualidad que una de las voces más estridentes a favor de la unidad de España sea la del señor Fraga Iribarne, que preside la comunidad autónoma más retrasada socialmente en nuestro país, como lo demuestra, entre otros ejemplos, que el tiempo de visita al médico de atención primaria en Galicia sea el más reducido de España.
El Gobierno catalán no representa ninguna amenaza a la unidad de España. De la lectura de su programa de gobierno se deduce otra visión de España, enraizada en la tradición republicana, plurinacional y plural (no radial), con una clara conciencia social, en la que el patriotismo se mide no por la defensa de las esencias patrias sino por el grado de compromiso adquirido en mejorar la calidad de vida y bienestar social de la población, de la cual las clases populares son la mayoría. Dentro del Gobierno catalán existe una fuerza política, ERC [Esquerra republicana de Catalunya], que, al estimular un trasvase de votos del nacionalismo conservador al nacionalismo de izquierdas, ha permitido que por primera vez desde hace setenta años exista un Gobierno de izquierdas en la Generalitat de Cataluña.
En realidad, si el PP [Partido Popular] estuviera auténticamente interesado en la paz en Euskadi, estaría haciendo todo lo posible para que los nacionalistas de izquierda violentos de ETA pasaran a ser como ERC, es decir, no violentos (ERC ha condenado el último comunicado de ETA, disociándose claramente de tal fuerza terrorista). Pero este cambio no es lo que desea el PP, puesto que el terror de ETA le permite movilizar a sectores de la población en defensa de su visión retrógrada de España. Es un gran error que algunas voces de las izquierdas españolas están añadiendo su voz a la crítica hecha por el PP en contra del Gobierno catalán y sus componentes. Lo que las izquierdas españolas deberían hacer es defender al Gobierno tripartito catalán, recuperando su memoria histórica, concienciándose de que en la historia de España los periodos más progresistas y con mayor sensibilidad social han sido aquellos -como la II República- en que España se enriqueció a base de reconocer su carácter plurinacional y de realizar reformas profundas sociales que beneficiaron a todos los pueblos de España.
En El País, 24/02/04