Entrevista al historiador Sergio Gálvez
Mario Amorós, Le Monde Diplomatique, agosto 2011
Sergio Gálvez (Madrid, 1980) es miembro del equipo fundador de la única cátedra universitaria española dedicada al estudio de la recuperación de la memoria histórica republicana y antifranquista, dirigida por Julio Aróstegui en la Universidad Complutense de Madrid. Se instituyó en 2004 por iniciativa del legendario luchador comunista Miguel Núñez (entonces presidente de la Asociación para la Memoria Social y Democrática), quien propuso al rector Carlos Berzosa la creación de un espacio que permitiera el diálogo entre los movimientos sociales y el mundo académico en torno a uno de los asuntos, la llamada memoria histórica, que más ha convulsionado a la sociedad española en la última década.
Gálvez ha sido profesor de la UCM y de la Universidad de Buenos Aires, comisario de la exposición “Presas de Franco” de la Fundación de Investigaciones Marxistas, director de diferentes proyectos de investigación, ponente en numerosos congresos científicos, coeditor del libro “Nosotros los comunistas”. Memoria, identidad e historia social (Atrapasueños) y en la actualidad está preparando un estudio crítico para la reedición de la obra emblemática de E. P. Thompson: La formación de la clase obrera en Inglaterra. Este año defenderá su tesis doctoral: La modernización socialista (1982-1992). Entre sus últimos trabajos, ha coordinado con Julio Aróstegui Generaciones y memoria de la represión franquista. Un balance de los movimientos por la memoria, el 28º título de la excelente colección Historia y Memoria del Franquismo de Publicaciones de la Universidad de Valencia (PUV).
– Después de una década de existencia, el heterogéneo movimiento social por la recuperación de la memoria histórica ha impulsado notablemente las investigaciones sobre la represión franquista…

– Prefiero no hablar de memoria histórica porque memorias históricas hay muchas. La memoria histórica de la que vamos a hablar es la Memoria Democrática: la memoria republicana, la memoria antifranquista y por extensión la memoria antifascista. Efectivamente, todas estas investigaciones sobre la represión franquista, estimuladas por el activismo social, nos han permitido conocer mucho mejor las interioridades y los contornos del plan de exterminio del adversario político ejecutado por el franquismo. Estamos empezando a percibir las dimensiones reales de la represión, ya conocíamos las cifras generales y ahora vamos acercándonos poco a poco del ámbito regional al local.
El problema que se nos plantea ahora es que la magnitud de la represión franquista fue tan grande, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, que la sociedad tardará mucho tiempo todavía en asimilar lo que fue el franquismo. Y esto exigirá muchos años de trabajo y pedagogía.
– La relación entre historia y memoria es uno de los grandes debates intelectuales de la última década en España. En su trabajo para el libro editado por PUV, Francisco Espinosa destaca, a partir de una crítica contundente de las tesis de Santos Juliá, que el movimiento social por la Memoria Democrática ha impugnado el “pacto de silencio” sellado en la Transición…
– Al igual que no se puede negar la política de exterminio franquista, ya no es posible -como defienden Espinosa o Reig Tapia- con los estudios y los documentos que vamos conociendo, negar aquel “pacto de silencio”. Evidentemente, un pacto de silencio no se pone por escrito, pero se aprecia si uno analiza desde las actividades parlamentarias a las declaraciones de las organizaciones políticas en aquel tiempo.
– ¿Cómo afectó aquel acuerdo tácito al conocimiento histórico?
– Durante muchos años hubo una clara voluntad política de que no se hablara de la Memoria Democrática y el principal ejemplo de la política del silencio lo representan los gobiernos socialistas de Felipe González, un periodo de casi 14 años en el que prácticamente no hubo ninguna iniciativa significativa. Un ejemplo de esa apuesta por la política del silencio fue la declaración que el Ejecutivo difundió el 18 de julio de 1986 (en el 50º aniversario del golpe de estado contra la II República), en la que señalaba que la guerra civil no era un hecho conmemorable y reforzaba el relato canónico de la Transición. Además, ahora empezamos a plantear que este relato tiene un claro sesgo de clase, impuesto por quienes pudieron sobrevivir al cambio político y social sin pagar ningún precio por su complicidad con la dictadura.
Entonces, si algo positivo ha tenido el movimiento por la Memoria Democrática es que, por una parte, el historiador ha recuperado su función social, es decir, se ha implicado en debates que cada vez han tenido un mayor eco ciudadano y mediático. Y, por otro lado, el debate entre historia y memoria responde a algo muy evidente: la Memoria Democrática, esa memoria ocultada, silenciada, que no interesaba a las instituciones y a la parte más conservadora del mundo académico, tiene una fuerza enorme que impugna el “pacto de silencio” de la Transición. Esto es lo que da miedo. Podrá disfrazarse de debate epistemológico, pero la relación entre historia y memoria va mucho más allá, porque cuando interconectamos historia y memoria, cuando construimos un nuevo relato con las voces de los protagonistas excluidos, empiezan a tambalearse esos discursos construidos en los años 80 y 90.
– En este conflicto social y político por la memoria ha habido una resurrección –con aparente éxito de ventas- del revisionismo histórico inspirado en la mitología franquista…

– A esa corriente neofranquista no dudo en calificarla de negacionista, porque niegan crímenes contra la humanidad y, si algo hemos demostrado los historiadores en la última década, es que el franquismo cometió crímenes contra la humanidad, que no prescriben. Estos individuos, con su propaganda, niegan algo muy grave y tipificado penalmente. La justicia debería estar muy atenta a este tipo de libros y verificar que no sobrepasen la línea del delito penal, porque estamos ante auténticos delincuentes que niegan tres principios esenciales: verdad, justicia y reparación a las víctimas.
– En la última década, tras la exhumación de más de 200 fosas comunes, se han identificado los restos de más de 5.000 de los más de 100.000 republicanos desaparecidos a manos del franquismo.

– Más allá de la significativa recuperación personal y familiar de los restos, las exhumaciones tienen el gran valor de demostrar el plan de exterminio del adversario político que puso en marcha el franquismo durante la guerra civil y la dictadura.
– Pero esta inmensa labor ha sido impulsada por las asociaciones comprometidas con la Memoria Democrática…

– Porque el Estado español incumple los convenios internacionales en materia de desapariciones forzosas, en concreto, la Convención sobre Desapariciones Forzosas, que este año ha entrado en vigor en nuestro país. Además, la Ley de Memoria Histórica, con sus artículos 11, 12, 13 y 14, se saltó a la ligera toda la legislación internacional en materia de derechos humanos. Soy crítico con la externalización de las exhumaciones a las asociaciones a través de las conocidas subvenciones anuales del Ministerio de la Presidencia. Tenemos que decirlo alto y claro: ninguna persona ajena a la Administración pública debería llevar a cabo una exhumación porque se corren muchos riesgos. Por supuesto, no dudo de la profesionalidad de las asociaciones y de las personas que las llevan a cabo, pero debería ser una función exclusiva de la Administración pública, como por ejemplo sucede en Chile.
Estamos acostumbrados a este modelo de impunidad, incluso lo asumimos como propio, por eso que no vemos algo lógico: es el Estado el encargado de hacer justicia. El modelo español de impunidad, definido hace varios años por el Informe Nizkor, es casi perfecto y se ha demostrado invulnerable desde 1977. Tiene alguna pequeña grieta, pero la tapan incorporando a nuevos protagonistas a lo que Rafael Chirbes denominó el “santoral laico”. Sucedió, por ejemplo, en el otoño con Marcelino Camacho tras su fallecimiento, cuando el primer secretario general de CCOO nunca quiso ser parte de ese mecanismo de dominación y consenso, de ese mecanismo de compensación que tiene el discurso dominante para tapar las grietas del modelo de impunidad.
– En su trabajo incluido en Generaciones y memoria de la represión franquista habla del Derecho a la Memoria Democrática como un nuevo derecho ciudadano que debiera ser reconocido…
– El derecho a la memoria tendría que ser un derecho más, fomentado y auspiciado por las administraciones públicas, como un valor constitucional de primer orden, porque no debemos olvidar que, si vivimos en un país democrático –con sus límites, con sus carencias-, es gracias a la resistencia antifranquista. La Transición no fue un regalo de la derecha y de la monarquía, la libertad se conquistó gracias al sacrificio, la tenacidad y el valor de varias generaciones de luchadores sociales y políticos antifranquistas.
– Hechos como la demolición de la cárcel de Carabanchel evidencian que la conquista de este nuevo derecho aún queda lejos…
– Estuve muy implicado en esta lucha social, sobre todo en los últimos momentos, y no hay que olvidar que la orden de destrucción de esta emblemática prisión en el otoño de 2008 partió del Ministerio del Interior, de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Las entidades vecinales, las fuerzas de izquierda y las asociaciones por la Memoria Democrática propusieron muchas alternativas, como construir un centro de memoria en una parte y destinar otra a usos sociales. En el último momento pedimos que se conservara la cúpula como elemento emblemático de un lugar donde centenares de presos políticos (principalmente militantes del PCE y de CCOO) pagaron con muchos años de cárcel su compromiso con la democracia y la libertad. La destrucción de la cárcel de Carabanchel es una metáfora más de la impunidad del franquismo y de la larga sombra de la dictadura, porque esto lo hizo el PSOE, no el PP, y conocían todas estas demandas. Es uno de los ataques más graves a nuestra Memoria Democrática.
– En cambio, persiste el “Valle de los Caídos”, el gran símbolo de la dictadura, un lugar de homenaje al fascismo español…
– A pesar de las indicaciones de la Ley de Memoria Histórica, este lugar conserva una connotación política claramente franquista y es un monumento a la política de exterminio, al esclavismo de los presos republicanos. Soy de la opinión de que no se puede reconvertir, es imposible, tan sólo hace falta visitarlo. ¿Por qué no volar el “Valle de los Caídos” como un acto institucional de higiene democrática con el Jefe del Estado y el jefe del Gobierno presentes?
– Muchas asociaciones comprometidas con la Memoria Democrática reivindican un proceso constituyente que desemboque en la III República. ¿La recuperación de la memoria republicana y antifranquista puede contribuir a construir un frente amplio por la República?
– No sólo lo creo, sino que pienso que es necesario. Es fundamental asumir y extender la reivindicación de la III República como un proceso de cambio político, de construcción desde abajo de una nueva ciudadanía, de unos nuevos valores. Además, en este momento de grave crisis de credibilidad de la clase política este proyecto estimula continuar hacia la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y democrática. Los ideales de los luchadores republicanos y antifranquistas están vigentes porque nos hablan de tres valores esenciales, del corazón de la razón democrática: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y los historiadores no debemos ser ajenos a este debate, debemos ser parte de este compromiso colectivo desde nuestro trabajo científico.
Entrevista publicada en el número de agosto de la edición española de Le Monde Diplomatique.