Joan Martinez Alier
Introducción
Un reciente ensayo sobre la Ley de Amnistía de 1977 de una becaria de la Universidad de Zaragoza (María García Yeregui) escrito con precisión y con la pasión propia de una magnífica nueva generación de historiadores contemporáneos, sostiene con razón que en España no se debatió fuerte y abiertamente sobre los crímenes franquistas durante la Transición. El debate solo ha empezado ya entrado el siglo XXI gracias a los historiadores y gracias al proceso del juez Garzón. Apenas se habló entonces acerca de la violencia política ejercida durante la dictadura y la guerra civil en términos de violaciones de los derechos humanos. La evidencia del silencio la encuentra en el análisis de los contenidos del diario El País y de la revista Triunfo. No usa ni hay razón para que use ni parece haber leído los Cuadernos de Ruedo ibérico cuya difusión era relativamente escasa. ¿Fuimos la excepción que confirma la regla? ¿Cómo acallaron a otras voces como las nuestras?
La denuncia y el debate político de tales crímenes contra los derechos humanos habría sido cortada por la Ley de Amnistía de octubre de 1977, que amnistiaba (art. 2f) los delitos cometidos por funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas (tales como el no perder la vida y vivir en libertad). Quienes habían impedido el ejercicio de tales derechos, fueron amnistiados. Mejor dicho, se auto-amnistiaron con la aquiescencia de los partidos políticos de centro y de izquierda que habían ganado escaños en las primeras elecciones en España desde 1936, las de 1977.
Y así fue, ni en la política parlamentaria ni en la prensa y la televisión se debatió abierta y ampliamente sobre los crímenes franquistas, ni durante el gobierno de UCD hasta 1982, ni en el período socialista de 1982 al 1996, ni en el gobierno de Aznar del Partido Popular (cuyo presidente es Manuel Fraga, ex ministro de Franco) hasta el 2004. Se empezó por fin a despertar la memoria histórica en el ámbito parlamentario con el gobierno de Zapatero, por presión de los historiadores y de los “nietos” de quienes habían sido asesinados y enterrados en fosas comunes y con los intentos muchas veces frustrados de revisar retrospectivamente la legalidad de las sentencias de muerte de los consejos de guerra franquistas. No hubo tampoco en España una Comisión de la Verdad como en Sudáfrica o en Perú. Llamaba la atención en Argentina o en Chile que la justicia española pudiera arrinconar y hasta juzgar a militares y torturadores de esos países y por el contrario no hiciera nada contra los franquistas.
La Transición no logró pacificar los ánimos en el País Vasco. A partir de 1982, el gobierno socialista se implicó en operaciones ilegales contra ETA, como lo había hecho la UCD. La prensa de derecha y el PP usaron los GAL para erigirse paradójicamente en defensores de los derechos humanos contra el PSOE aunque se sabía que UCD había estado implicada en similares actividades. Con los socialistas con la inocencia prontamente perdida y a la defensiva, no era momento de pensar en abrir el tema de los crímenes franquistas y de derogar o cambiar la Ley de Amnistía de 1977. Con el gobierno de Aznar, entre 1996 y 2004, era incluso más difícil esa derogación. Con el gobierno de Zapatero, pudiera haberse considerado la posibilidad de discutirla pero los propios socialistas no querían hacerlo. Si el PP se refuerza en las elecciones del 2012, se alejará más esta posibilidad, diga lo que diga el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Uno puede preguntarse si es todavía posible que el caso Garzón pueda desembocar a través de la justicia europea en una reconsideración de la (pretendida) amnistía de los crímenes franquistas de 1977. De hecho, a Garzón se le ha acusado por la justicia española de haberse saltado expresamente la Ley de Amnistía de 15 de octubre de 1977 pues él quería investigar (en el auto que dio el 16 de octubre de 2008) si, como parecía, Franco y el resto de los jefes militares y colaboradores que se rebelaron contra la República habían ideado un plan de exterminio sistemático de sus oponentes que acabó con, al menos, 114.266 desaparecidos (además de los muertos comprobados). Según Garzón, este plan constituiría un delito de crímenes contra la humanidad no previsto en la ley de 1977. Los muertos comprobados quedaban al margen (posiblemente por haberse amnistiado o prescrito los hechos).
La organización Human Rights Watch el 18 de marzo de 2010 explicó en un comunicado que Garzón era investigado penalmente por prevaricación, al intentar indagar presuntas detenciones ilegales y desapariciones forzadas de más de 100.000 víctimas, ocurridas entre 1936 y 1951, mientras que los tribunales españoles han impedido sistemáticamente las investigaciones sobre abusos cometidos durante la guerra civil que sufrió el país (1936-1939) y la dictadura del General Franco (1939-1975), invocando la Ley de Amnistía de 1977. Uno de los principales argumentos en contra de Garzón usados por la justicia española ha sido que él sostuvo equivocadamente que la Ley de Amnistía de 1977 no se aplicaba a los delitos que él quería investigar.
Para diversas organizaciones de derechos humanos internacionales, conviene derogar la Ley de Amnistía de 1977 pues los gobiernos tienen la obligación de garantizar a las víctimas directas e indirectas de violaciones de derechos humanos la justicia y las reparaciones adecuadas. Hay opiniones legales, como las del propio juez Garzón, que aseguran que la Ley de Amnistía de 1977 no impide investigar (algunos de) los crímenes franquistas pero el hecho es que esos crímenes no fueron investigados judicialmente durante más de treinta años desde la llegada la democracia, y que el propio Tribunal Supremo parece pensar (contra Garzón) que la Ley de Amnistía era una ley de punto final, por muchas protestas nacionales o internacionales que haya al respecto. Por otro lado, se argumenta (en el caso español, con treinta años de retraso) que la causa contra los crímenes del franquismo está avalada por la doctrina internacional, según la cual, las leyes de punto final no pueden ser aplicadas cuando se trata de crímenes contra la humanidad. Ciertamente pues, ha habido en los últimos años varios pronunciamientos de organismos internacionales instando a España a derogar la Ley de Amnistía de 1977 dada la imprescriptibilidad de este tipo de delitos. Y el Parlamento español no ha hecho ningún caso ni creo que vaya a hacer ningún caso. La impunidad de los franquistas quedó atada y bien atada.
El pésimo ejemplo español de la Transición permitiendo la auto-amnistía de criminales al servicio de una larga dictadura podía servir pour encourager les autres. Por suerte este no fue el caso en Argentina gracias a una ironía de la historia, es decir, la guerra de 1982 de la señora Thatcher en las Malvinas derrotando a los militares argentinos, y gracias a las protestas de las ciudadanas y ciudadanos. En Chile la Transición ha sido más a la española pero no totalmente. Irónicamente otra vez, la diferencia chilena se dio en parte por la intervención del juez Garzón con su auto de detención contra Pinochet en Londres que causó gran irritación a Thatcher que admiraba la política económica neoliberal de Pinochet. Ese auto de Garzón contra Pinochet reseña la larga lista de convenios internacionales pertinentes y le debe haber servido de entrenamiento para sus frustradas actuaciones contra el franquismo años más tarde.
Treinta años no es nada
José María Benegas, político socialista protagonista del debate sobre la Ley de Amnistía de 1977, la describió acertadamente (11/11/2007) como una ley de punto final. Como exigía la nueva situación política, se había amnistiado a los presos del franquismo ofreciendo a cambio el olvido jurídico de los crímenes franquistas. (http://www.elsiglodeuropa.es/siglo/historico/2007/761/761benegas.html).
Entre el recuerdo de los Pactos de la Moncloa y la conmemoración de los veinticinco años de la victoria del PSOE en octubre de 1982, el treinta aniversario de la Ley de Amnistía ha pasado casi desapercibido. Me correspondió el honor de representar al Grupo Socialista en el pleno del Congreso de los Diputados que aprobó la ley. Era la primera vez que intervenía en el hemiciclo. Fue una sesión solemne. La amnistía fue una de las más queridas y sentidas reivindicaciones de la izquierda. No podíamos empezar una nueva etapa democrática con juicios del pasado pendientes, gente en la cárcel y todavía miles de personas viviendo en el exilio político. Como todo en aquel entonces, la Ley de Amnistía fue producto de un pacto en el que los vencidos de la guerra civil y perseguidos durante cuarenta años nuevamente tuvimos que guardarnos nuestros sentimientos y demostrar generosidad política para poder avanzar en el proceso democrático. Lo digo porque la Ley de Amnistía de octubre de 1977 fue una ley de punto final en virtud de la cual nada de lo ocurrido entre el 18 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977 podría ser objeto de reclamación, como ya he explicado recientemente en estas páginas. Es decir, renunciamos a revisar el pasado y exigir las responsabilidades generadas durante cuarenta años de dictadura.
Vean que los diputados socialistas y comunistas se guardaron sus sentimientos y también, supuestamente, los de millones de familiares de víctimas del franquismo. Estuvieron a buen recaudo durante décadas, antes y después de la Transición. Ahora bien, sostengamos con el juez Garzón que la española Ley de Amnistía de 1977 no comprende imprescriptibles delitos contra los derechos humanos reconocidos internacionalmente tales como desapariciones y secuestro de niños. Podría también pensarse que, no ya los asesinados desaparecidos en la guerra y postguerra (como García Lorca) sino también los asesinados con paradero (como Lluís Companys), fueron víctimas de crímenes contra la humanidad que de ninguna manera podían ser amparados por la Ley de Amnistía de 1977. Si este fuera el caso, ¿cómo se explica entonces que en 1980, 1985, 1990,1995, 2000, 2005 ningún fiscal y ningún juez español iniciaran causas por crímenes franquistas? ¿Habrá que pensar que estaban prevaricando? ¿Cómo es posible que haya habido que esperar al juez Garzón en el 2008, cuando el propio juez Garzón actuaba en Chile y Argentina desde antes? Y si no era Garzón, ¿por qué no actuaron en 1980, 1985,1990, 1995, 2000 fiscales democráticos y de larga trayectoria anti-franquista como por ejemplo Jiménez Villarejo? Eso no tiene una contestación, pienso yo, de técnica jurídica ni de circunstancias personales, sino sociológica y política. El miedo perduraba aunque disminuía. Además la interpretación oficial y celebratoria de la Transición en términos de una reconciliación que había liberado a los presos políticos franquistas y que excluía elucidar judicialmente los crímenes franquistas era casi unánime en al arco parlamentario (y de ello se hace eco el diputado Benegas) predominando también en los medios de difusión masiva.
Antes de 1975, Gabriel Jackson había aventurado cifras sobre los muertos de la represión franquista durante y después de la guerra similares a las que ahora se manejan (y muy distintas de las de Hugh Thomas). Un historiador del régimen, Salas Larrazábal, publicó un balance mucho más favorables para los franquistas que el de Jackson (yo logré publicar una temeraria carta contra los inventos de Salas Larrazábal en la revista Destino en 1975). Desde 1977 hasta el 2007 hubo durante 30 años investigación histórica en España que mejoró enormemente la que había podido hacerse antes sobre los crímenes del franquismo pero no hubo intentos de juicio contra los franquistas por delitos contra derechos humanos. Porque la verdad es que los franquistas habían sido amnistiados en 1977 (según creían y creen aún la gran mayoría de parlamentarios y el aparato judicial) con el beneplácito de Partido Comunista, el Partido Socialista, el PNB y CiU. En el Parlamento en 1977 solo expresó una queja desde la izquierda contra la Ley de Amnistía el diputado Francisco Letamendía, autor prolífico de libros sobre la historia de Euskadi en Ruedo ibérico, autor también de “El NO vasco a la Reforma” en esos años de la Transición, amigo mío y de la editorial Ruedo ibérico a la cual había aportado con Miguel Castells Arteche (y con el pseudónimo Kepa Salaberri) un excelente libro sobre el Proceso de Burgos de 1970 en el cual él había sido el más joven abogado.
Los colectivos de nietos de las víctimas del franquismo pueden comparar la Transición españolas con la argentina “donde (como ha escrito Diego Barcalá, 1/11/2009, www.publico.es) las leyes de punto final fueron derogadas para que los responsables de la tortura política desfilen ante los tribunales democráticos”. No ha sido fácil. Uruguay ha estado oscilando entre el ejemplo español y el argentino. En España, el blindaje de la Ley de Amnistía de 1977 (que tal vez contravenga tratados internacionales pero cuya vigencia es respaldada fuertemente no solo por la justicia sino por destacados políticos socialistas) permite que Garzón pasara fulminantemente de tardío acusador a acusado.
Los Cuadernos de Ruedo ibérico
Con José Manuel Naredo y con quien fue el alma de las Ediciones Ruedo ibérico de París, José Martínez Guerricabeitia (que era veinte años mayor que nosotros, nacido en Villar del Arzobispo, Valencia, en 1921), tomamos la entonces atascada revista Cuadernos de Ruedo ibérico con brío en 1974, y editamos desde el número 43-45 hasta el número final, el 63-66 en 1979 publicado ya en Barcelona (dedicado íntegramente al ecologismo y a criticar la energía nuclear). Los Cuadernos de Ruedo ibérico (CRI en lo siguiente) habían empezado en 1964-65 con apoyo de Jorge Semprún y de Fernando Claudín que habían sido expulsados del Partido Comunista, y en ellos y en sus suplementos escribieron jóvenes estudiantes y profesionales como Manuel Castells, Joaquín Leguina, Juan Muñoz García y muchos otros. Varios fueron a parar al PSOE, otros como Naredo y yo nos mantuvimos independientes durante y después de la Transición. Un aislamiento doloroso, con amistades desgarradas o perdidas con personas que a veces, ahora, ya han muerto haciendo imposible una conversación pausada sobre quién tenía más razón.
Cuando el PSOE triunfó en 1982 parecía hacerse realidad por un bello momento el verso de Salvador Espriu, només uns dits joves si encara són nets, guariran les plagues de l’estesa pell, solamente unos dedos jóvenes, todavía limpios, podrán curar las llagas de la extendida piel de toro de España. Pero los ministros del PSOE habían tragado ya todos los sapos de la Transición excluyente, se habían des-moralizado ya antes de ser ministros, habían optado por la continuidad y no supieron resolver el contencioso pendiente en el País Vasco porque se habían subordinado mentalmente con la amnistía a la versión que convenía a los franquistas. La Transición no fue un ejemplo de “a enemigo que huye, puente de plata” sino, al contrario, “si no puedes ganar a tu enemigo (ni lo intentas), júntate con él”, a expensas de los excluidos especialmente en Euskadi.
El final de los gobiernos de Felipe González (que hicieron algunas cosas muy buenas como meter a España en la Unión Europea) fue una mezcla de tragedia y de zarzuela. La tragedia de los GAL (cuyos actos no han sido aún juzgados en su totalidad) y la corrupción al estilo de la ladrona directora del Boletín Oficial del Estado y del jefe de la Guardia Civil fugado a Bangkok.
En un artículo enviado a CRI y que no se publicó, Joaquín Leguina nos había recomendado a los que quedábamos en Ruedo ibérico en 1977 que nos metiéramos en el PSOE, pero ¿cuántas dimisiones tendríamos en la cuenta (a ejemplo de Ignacio Sotelo) si le hubiéramos hecho caso?
Tal vez quien más artículos escribió en Cuadernos de Ruedo ibérico fue Luciano Rincón que vivía en Bilbao y que estuvo preso varios años por su labor para la editorial. Juan Goytisolo llevó desde el principio hasta el final la asesoría literaria, publicando el mismo varios ensayos. Mi primer artículo, sobre la agricultura andaluza, fue en el 1967, en el número 13-14, se llamaba “El Reparto”. El economista J. M Vegara (que estaba en Paris, más tarde concejal en Barcelona con el Partido Socialista de Cataluña, amigo muy cercano de Pascual Maragall, ambos autores con pseudónimo en Ruedo ibérico), me trajo en julio de 1968 a La Habana donde yo investigaba historia agraria, el primer ejemplar de La estabilidad del latifundismo escrito entre 1963 y 1967 entre Oxford y Córdoba. En Andalucía hablé con anarquistas sobrevivientes, escuché de escondidas Radio España Independiente en algún cortijo y entendí cómo el poder del franquismo se basaba en la memoria de una gran matanza, en la represión continuada y en un gran miedo. Recuerdo otro artículo mío en Ruedo ibérico (y en Marcha, de Uruguay) de 1970 con el título: “España: el miedo empieza a desaparecer”. Muy prematuro.
Naredo por su parte tomó su primer café con Pepe Martínez cuando a los 22 años visitó París en el verano de 1963, para acudir a una reunión de estudiantes comunistas que tuvo lugar en Arrás (tras esta reunión fue expulsado del Partido Comunista por sus desavenencias con la dirección de Santiago Carrillo). Ese primer contacto de Naredo se afirmó al residir en Paris durante 1966-1967 para hacer un curso de postgrado sobre las Cuentas Nacionales y la “técnicas de la planificación” francesas, completado con un stage en el INSEE. A raíz de ello coordinó la publicación en los Cuadernos de Ruedo ibérico y en sus voluminosos suplementos, de documentados ensayos de un grupo de “jóvenes economistas” madrileños (en un principio compuesto por Juan Muñoz García, Arturo Cabello, Santiago Roldán, que venían elaborando junto con Naredo, en una columna semanal de la revista Triunfo firmada como “Arturo López Muñoz”). La relación de Naredo con Ruedo ibérico se afianzó todavía más durante su segunda estancia en París entre 1970-1973 trabajando en la OCDE y estrechando su colaboración escondida con los Cuadernos de Ruedo ibérico y con la propia empresa editorial.
En el nacimiento de la nueva época de la revista en 1974, Naredo y yo éramos ya pues viejos conocidos de Ruedo ibérico, habíamos comido muchos platos de pasta cocinados y servidos por Marianne Brüll, factótum de Ruedo ibérico, en el 27 de la rue du Sommerard cerca de la sede de la rue de Latran, un rite de passage para los más iniciados. No éramos unos recién llegados, éramos amigos de Pepe Martínez y jóvenes estudiosos. Pero él sabía mucho más. Había hecho la guerra, había estado en la cárcel y en el exilio, sabía fabricar libros, vivía en Paris desde 1947. Pierre Vilar decía de él que era “anarco-marxista”. El, con Nicolás Sánchez-Albornoz, Ramón Viladás, Vicente Girbau y Elena Romo había fundado las Éditions Ruedo ibérico en París el año 1961. En el 2011 caen dos aniversarios que podrían celebrarse en el Colegio de España de París, pues Pepe Martínez murió hace 25 años en Madrid el 12 de marzo del 1986, el día del referéndum de la OTAN. Costaba olvidar que la OTAN había albergado a Salazar. Pepe Martínez murió en el silencio y soledad impuestos por el consenso de la Transición. El decía una frase: la guerra efectivamente había acabado pero le iba a suceder una larga época de “guerra” sobre la historia de la guerra y del franquismo.
Entre 1974 y 1978 publicamos diversos ensayos contra la Transición. Una selección va a publicarse próximamente en la editorial Backlist de Barcelona, compilada por el joven historiador Xavier Diez que aprovechará la ocasión para dar cuenta también de los animados debates actuales sobre la Transición. Hay artículos de esos años escritos a tres o cuatro manos, con Alfonso Colodrón, con Alberto Hernando, con Naredo y Pepe Martínez. Pusimos mucha atención en las muchas huelgas del postfranquismo. Había una tradición en Ruedo ibérico de crítica al dominio del PC sobre Comisiones Obreras. Juan Antonio Diaz y Santiago Lopez Petit habían publicado un libro en Ruedo ibérico que se llamaba Comisiones Obreras: entre el fraude y la esperanza. El Pacto de la Moncloa no hubiera sido posible sin ese dominio del PC sobre Comisiones Obreras.
Explicamos en CRI en 1976 y 1977 cómo eran los primeros gobiernos de la monarquía (en artículos con Juan Muñoz –más tarde vicepresidente del congreso de los diputados- y con Naredo), la creciente presencia de banqueros, empresarios y de políticos que venían de la ACNP (en sustitución del Opus Dei, como quien dice), los que iban a ser protagonistas de la Transición como Alfonso Osorio, Marcelino Oreja, Landelino Lavilla, Oscar Alzaga, Leopoldo Calvo Sotelo. Nos irritó mucho el silencio deliberado con que se acogió el libro que publicó Ruedo ibérico sobre la Asociación Católica Nacional de Propagandistas en 1974 porque es importante para entender el franquismo (Herrera Oria, Martin Artajo, Castiella, Silva Muñoz) y el post-franquismo.
El más notable artículo en CRI en esos años ocupó todo el número 54 (nov.-dic 1976) redactado casi al cien por ciento por Naredo, y se llamó “Por una Oposición que se oponga”. Años más tarde lo reeditó con nostalgia el editor Herralde en Anagrama en Barcelona. Yo escribí un artículo más corto de parecido argumento en enero el 1976, que se llamó “La oposición política: grandes rebajas”. Recuerdo que fue en enero porque de ahí vino la idea de las rebajas. Y también escribí antes, ya en 1975 en vida de Franco, una serie de artículos con el título “Contra la Reconciliación”, título estridente que llamaba infructuosamente a un debate que el Partido Comunista no quería sostener ni permitir. Uno de esos artículos criticaba a Juan Linz, su noción de régimen autoritario de pluralismo limitado. También criticamos con toda la fuerza posible el Pacto de la Moncloa en el 1977, y asimismo el artículo 8 de la Constitución (que el general Armada estuvo por esgrimir en febrero del 1981 y que el PNB a veces ha propuesto eliminar). Había otras revistas de orientación parecida pero más ligeras, Bicicleta, Ajoblanco, El Viejo Topo, que a partir del 1975 se publicaron en el interior. Vender libros y revistas de Ruedo ibérico fue ilegal hasta el 1977.
La Transición se hizo a marcha lenta, con control desde arriba, con represión. Se han contado los muertos. Algunos han hablado de una Transición sangrienta. Fue además una Transición excluyente. La violencia vino de los aparatos del estado y de su entorno, y también de algunos de los que fueron o se sintieron excluidos. En Ruedo ibérico tuvimos miedo de abrir una librería en Barcelona o peor en Madrid cuando proliferaban “guerrilleros de Cristo Rey” y similares. En octubre de 1975 la librería de Paris en la rue de Latran había sido dañada por un bombazo. Ruedo ibérico había co-editado el libro de la Operación Ogro publicado por Mugalde en Hendaya sobre el atentado a Carrero Blanco en diciembre de 1973. Nunca se supo quien había puesto la bomba y a cuenta de quién, seguramente policías españoles quienes, como he escrito otras veces, habrán servido a la monarquía constitucional tan profesionalmente como a la dictadura y estarán ya jubilados.
Los nombres de las calles
Uno puede obsesionarse con la memoria histórica. Recuerdo haber visitado la Universidad Menéndez y Pelayo en Santander hace diez años, poco tiempo después de que su rector, el ex ministro Ernest Lluch, muy amigo mío en la universidad de Barcelona cuando teníamos veinte años, falleciera en un atentado cruel y particularmente absurdo de ETA. Recuerdo que hace diez años una avenida principal de Santander se llamaba Camilo Alonso Vega, tal vez se llama así aún. Un capitán general franquista, ministro del interior con Franco, un criminal político de primer orden. Pensaba en Ernest Lluch que debía ver ese nombre cada vez que iba al aeropuerto o de compras. Tal vez le hayan cambiado el nombre a esta calle. Es posible que la memoria de muchos de los héroes criminales del franquismo sea erradicada de las calles. Si la Transición en España se hubiera hecho a impulsos de la “resistencia” anti-franquista, esos nombres hubieran caído ya, como ha ocurrido en Cataluña y en Euskadi casi totalmente. Muchas estatuas de Franco han sido retiradas en un proceso que ha durado treinta años.
No hubo en España una entrada popular masiva en la “resistencia” en las postrimerías de franquismo, un anhelo general, repentino y oportunista de derribar estatuas y cambiar los nombres de las calles como en Italia y en Francia en 1945. Tal vez lo impidió el miedo. Se mantiene casi 40 años después el monumento mortuorio a Franco en Cuelgamuros que el propio Franco hizo construir con trabajo forzado, allí está su túmulo, una atracción turística vecina a El Escorial. Se debate actualmente cómo neutralizar simbólicamente ese monumento, es todavía posible que se convierta con su carga pro-franquista en un elemento aceptado de la historia como les ocurrió hace tiempo a los vecinos del Generalísimo en El Escorial, a quien nadie les puede hacer el equivalente a un proceso penal retrospectivo aunque alguno se lo mereciera.
Si el franquismo perduró en el callejero es porque la Transición fue consensuada. Cuando protesto, me dicen que es una extravagancia irritarse por los nombres de las calles. Sería inimaginable una calle del General Weyler en La Habana pero hay muchas calles del General Weyler en España y en sus islas, aunque los historiadores saben que fue responsable de la política de “reconcentración” y de cientos de miles de víctimas en la guerra de Cuba y de otras atrocidades en Filipinas. En España, eso se olvidó a nivel popular incluso por los descendientes de quienes criticaron a Weyler, eso está ya muy lejos y además siempre hubo partidarios de luchar hasta el último hombre y la última peseta en las casi últimas colonias. ¿Hay mociones en los ayuntamientos españoles para cambiar el nombre de las calles General Weyler? ¿No se produce un similar olvido en muchos países coloniales? ¿Pasará lo mismo con el gran monumento a Franco para mala pedagogía de las generaciones futuras?
¿Quién amnistiará al amnistiador?
No recuerdo en qué momento de indignación y de desespero en 1975 al ver como se escapaba la Transición escribí en Barcelona (y por eso el artículo está firmado solo con iniciales) el texto que pregunta: «¿quién amnistiará a los amnistiadores?» Estoy contento de haberlo escrito y publicado entonces, aunque podría haber estado mejor argumentado. El artículo está en CRI 46-48, junio-diciembre 1975. Copio algunos párrafos.
Se habla todo el tiempo de reconciliación y se pide una amnistía. Se discute la diferencia entre indulto (que supone el perdón de quien delinquió) y la amnistía (que implica reconocer que no se delinquió). Tal vez habría que dar una amnistía o indulto a personas como Fraga (ministro del gobierno que asesinó a Grimau y a otros), o a Pío Cabanillas (ministro del gobierno que asesinó a Puig Antich), o a Areilza, alcalde de Bilbao al ser conquistado por las tropas franquistas: todos ellos, y muchos otros, parece que están dispuestos a reconocer sus errores pasados y lo estarán cada vez más. Pero hay mucha distancia entre amnistiar a unos cuantos arrepentidos y dar una amnistía general a todos los que han llevado a cabo la represión franquista: hay que exigir responsabilidades políticas no sólo a los policías torturadores sino a los organizadores y cómplices de la represión. ¿Por qué? No por ansia de venganza, sino porque la petición de responsabilidades políticas lleva aparejada una necesaria discusión y esclarecimiento a fondo de la represión desde 1936 hasta la fecha, lo cual evidentemente perjudicará mucho más a la derecha que a la izquierda. Una vez esclarecidos y discutidos los hechos, una vez la derecha colaboradora con el franquismo haya sido desacreditada por su papel en la represión, entonces sí que podrá dárseles un indulto o amnistía, y podremos reconciliarnos.
…
Pero lo que resulta realmente curioso es que la izquierda, o la llamada izquierda. no está discutiendo si va a exigir responsabilidades políticas a los franquistas o si les va a perdonar ya de entrada sin una investigación previa y detallada de la represión desde 1936 hasta ahora, sino que la izquierda está reclamando que los franquistas le den una amnistía ¡a la propia izquierda! Realmente, el colmo. La izquierda solicita perdón y clemencia en vez de denunciar la ilegitimidad de los poderes actuantes, y en vez de insistir en la cantidad de muertos que Franco y los franquistas han producido, ante la complacida aquiescencia de obispos y generales y del borbónico sucesor de quien no se recuerda que, por ejemplo, intercediera cuando Puig Antich fue asesinado ni que denunciara la brutalidad policial cuando, poco tiempo después de ser nombrado sucesor, varios obreros fueron asesinados en Granada, El Ferrol y otros lugares. Ni que, ya más cerca de la herencia, hiciera otra cosa que aprobar mediante hipócritas cláusulas de estilo el asesinato de las últimas cinco víctimas de Franco. La izquierda, así, ayuda a que el poder se consolide.
Así pues, eso de pedir amnistía no es sólo desmovilizador sino que es un poco ridículo. En todo caso, a la vez que se pide amnistía, habría que discutir si se amnistiará a los eventuales amnistiadores. Una amnistía que permitiera al franquismo y a la sucesión del franquismo sacarse de encima, a última hora, como quien no quiere la cosa, a cientos de miles de muertos y todo lo que cuelga, sería una mala operación para la izquierda, pues le privaría de una buena arma de ataque contra la derecha. La izquierda debería anunciar que exigirá responsabilidades políticas (que no quiere decir, necesariamente, penas de muerte, sino, por ejemplo, inhabilitación para la vida pública) a los miles de personas que desde 1936 han colaborado activamente, e incluso con silencio cómplice, en la represión.
Los CRI son de fácil acceso. Están en bibliotecas extranjeras y españolas, hay además una excelente edición faxímil publicada en Valencia. Nosotros no participamos entonces ni ahora del entusiasmo por la Transición, al contrario. Queda probado por tanto que no todo el mundo participó del consenso de la reconciliación nacional y de la auto-amnistía. Sería interesante hacer un inventario de esas críticas. La auto-amnistía que se preparaba fue criticada por José Bergamín en enero de 1976 en lenguaje algo críptico en las páginas de Sábado Gráfico en Madrid. Treinta años después, Ricard Vinyes escribía en El País (25/10/07) que él se contaba entre “quienes consideramos la Ley 46/1977 como lo que realmente es: un éxito indudable del antifranquismo y a la vez un punto final, una auto-amnistía de los responsables de tantos crímenes” mientras que el historiador Francisco Espinosa, recordando la pléyade de jóvenes historiadores que con poco apoyo oficial han investigado la represión franquista en las provincias, escribía en la revista disidente Archipiélago (“Reflexiones en torno al fenómeno revisionista”, n. 72, p. 120) que el auténtico espíritu de la Transición había sido el pacto de silencio, la impunidad de la auto-amnistía del 77 y las políticas del olvido.
La verdad es que en Ruedo ibérico en 1975 ya advertimos que eso iba a ocurrir. Pero en tantísimos años ni a mi (ni a Naredo), aunque (entre los dos) somos bien conocidos internacionalmente en campos como la economía ecológica, la historia agraria y la historia ambiental, la ecología política, la economía agraria, la política hidráulica, las contabilidad macro-económica y el urbanismo, casi nadie nos ha preguntado nada sobre la Transición. Dimos abiertamente nuestra opinión en un excelente documental de Paco Ríos y Mariona Roca para la televisión española sobre Ruedo ibérico (que está en la web), pero al coloquio en televisión cuando se presentó este documental invitaron a Joaquín Leguina (ex autor de CRI y del PSOE) y no a nosotros. Muchas gracias pues por esta invitación al Colegio de España en Paris.
En su vida desde 1961 a 1981, Ruedo ibérico publicó unos 160 libros además de los Cuadernos y sus suplementos. En esos años 1974-79 Ruedo ibérico publicó varios libros de actualidad y unos cuantos clásicos: el Gernika de Southworth, el Eco de los Pasos que es el título de las memorias de García Oliver, la Extremadura Saqueada, un libro muy original de geografía regional ecológica de Naredo, Mario Gaviria y Juan Serna fruto de la campaña contra la central nuclear de Valdecaballeros. Yo fui contratado como catedrático en la Universidad Autónoma de Barcelona en 1975-76 y en 1977 publiqué en Londres Haciendas, Plantations and Collective Farms (Cuba and Peru). Naredo y yo estudiábamos en los años 1970 muy intensamente temas de energética agrícola, él publicó estudios importantes sobre la agricultura española y juntos publicamos en 1979 un artículo sobre la contabilidad energética de Podolinsky y la reacción de Engels y Marx. Estos eran temas que nos apasionaban y apasionan, y que han ayudado al nacimiento internacional de la economía ecológica. Con estos auto-elogios, quiero decir que no éramos ni somos especialistas en la Transición. No somos politólogos de oficio sino de afición. En 1975-79 dediqué muchas horas a dar clases de economía sin explicar a los alumnos qué pensaba de la Transición. Sería sin embargo frívolo y falso decir que la Transición era meramente nuestro hobby; al contrario era nuestra angustia. Debíamos decir algo, protestar, sabíamos que las “teorías” del PC sobre el franquismo como el dominio de una camarilla latifundista y financiera contra el cual se enfrentaría una democrática alianza de la clase obrera y la burguesía industrial, eran verdaderas tonterías. Ruedo ibérico había publicado muchos libros de anarquistas españoles y también de autores que venían del POUM. Estábamos muy distanciados del Partido Comunista (y viceversa). No compartimos para nada el entusiasmo de los diputados del PC por la Ley de Amnistía de 1977. El PC español se había distanciado de la Unión Soviética solamente en 1968, con la invasión de Checoeslovaquia, no había protestado contra la invasión de Hungría en 1956. De Pepe Martínez hay que decir que no era de este mundo en absoluto.
En esos años de la Transición excluyente, con el empuje de Pepe Martínez y en medio de los apuros económicos de los traslados y las deudas de Ruedo ibérico, tomamos una posición muy clara “Contra la Transición”. Este será el título de la colección de artículos de CRI que prepara Xavier Diez. Pedíamos entonces una oposición que se oponga. Esa era también la opinión de otras personas y otros grupos (especialmente en Euskadi pero también en otros lugares) como los que se han dedicado después con perseverancia a hacer listas con “todos los nombres” de los asesinados y desaparecidos en 1936 y años sucesivos. Los de la CGT en Andalucía a veces citan mi artículo de 1975, ¿quién amnistiará al amnistiador?. Sin embargo, como escribe acertada y honestamente la joven historiadora María García Yeregui, efectivamente no hubo un gran debate abierto durante la Transición sobre los crímenes franquistas. La prensa más democrática (como El País y Triunfo) no se escandalizó por la auto-amnistía, al contrario. ¿Cómo fueron acalladas las voces que pedían un debate?
Vergüenza internacional
En un artículo en El País del 3 de marzo de 2010 el fiscal y demócrata José M. Mena afirmaba que por fin, treinta años después, ya entrado el siglo XXI, Garzón intentó investigar los crímenes del franquismo. Pero el cazador (a quien nadie puede acusar de madrugar demasiado) ha sido cazado, ha sido procesado porque se supone que debe conocer, siendo juez, las leyes vigentes y sin embargo deja de lado la Ley de Amnistía de 1977 que (como argumentó el fiscal Javier Zaragoza el 17 de octubre de 2008) impide exigir responsabilidades criminales por unos hechos que “deben considerarse amnistiados en virtud de la ley de 15 de Octubre de 1977 aprobada por un Parlamento democrático en pleno proceso de Transición”.
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En defensa de Garzón, el fiscal Mena asegura que había y hay base jurídica nacional e internacional suficiente para que esa investigación judicial general de los crímenes franquista sea posible, y para considerar que Garzón ha sido competente para llevarla a cabo en el cargo que tenía en la Audiencia Nacional antes de ser apartado de ella. Me pregunto entonces porqué el propio fiscal Mena no tomó la iniciativa de presentar denuncias hace décadas ni tampoco algún otro fiscal del reino. Esto aparte, comprobamos que a Garzón no se le permitió completar la investigación judicial de los crímenes franquistas. Y, en conclusión, escribía Mena, “para vergüenza internacional de todos nosotros, se le cambia de investigador a investigado, de juez a acusado».
Ahora bien, ¿quiénes son esos «nosotros», quiénes son ustedes que sienten vergüenza internacional? En Argentina o en Chile hay gente normal que pregunta cómo es posible que Garzón y otros jueces españoles procesaran y llevaran a la cárcel o causaran graves incomodidades a políticos criminales o torturadores de esos países y, sin embargo, los jueces españoles no hayan procesado a los autores de los crímenes franquistas. Conocemos la historia de esos crímenes gracias al trabajo esforzado de muchos historiadores. Pero no hubo investigación judicial ni procesamientos porque hubo en la práctica el equivalente a una Ley de Punto Final dictada el 1977. Eso es lo que muestra (por ahora) el caso Garzón.
En 1975-76, tras la muerte de Franco y llegada la Transición, el Partido Comunista continuaba presionando hacia la reconciliación nacional como llevaba años haciéndolo, con Carrillo al frente. El PSOE que apenas existía en la época se apuntó encantado, lo mismo los mayores partidos catalanes y vascos. Eso se reflejó en la composición de la comisión que redactó la Constitución, desde Fraga (ex-ministro del criminal Franco) hasta Solé-Tura, del PSUC (el partido comunista catalán). Hubo famosos símbolos sociales de la reconciliación: el beso cortesano de Carrillo en la mano de la reina, el matrimonio de la Duquesa de Alba con un ex-militante de la izquierda socialista (un aviso de que la transición excluía la reforma agraria).
La Transición fue excluyente. Aisló a la izquierda libertaria y a la izquierda marxista que no se acomodó en el PSOE, se quiso quebrar y finalmente se quebró el movimiento independentista vasco. Todo un éxito. La Ley de Amnistía fue como un chiste: los que habían matado sin sufrir ningún castigo y sin perder ni una de las antiguas pesetas de su patrimonio con la muerte de Franco, se daban el lujo de amnistiar a los que habían perdido la guerra y habían perdido la paz de los cementerios durante 35 años, y de paso se amnistiaban ellos mismos.
Los que protestamos (fuimos bastantes) no tuvimos audiencia en los medios. Bien natural, nosotros éramos excluidos de la Transición. El Partido Comunista y el (nuevo) Partido Socialista fueron actores principales en esta Transición excluyente, argumentando pro domo sua que los poderes fácticos (el Ejército) no permitían ir más allá. Los nuevos políticos dieron el equivalente a una Ley de Punto Final que ahora se comprueba que era efectiva. Es bien posible que a Garzón le absuelvan de los cargos de prevaricación (por no respetar esa Ley de Amnistía del 1977) pero es menos probable que la investigación y condena judicial de los crímenes franquistas continúe. Tal vez algún juzgado local que investiga casos de desparecidos sentencie en este sentido pero el fallo estará sujeto a apelación. Tras los años del gobierno de Zapatero no hay en los mayores partidos parlamentarios entusiasmo por reavivar la memoria histórica y menos aun por derogar o enmendar la Ley de Amnistía de 1977. Tal vez la nueva generación que protesta en las plazas en mayo del 2011 cambiará esto, pero no es improbable que el próximo gobierno español en el 2012 sea del PP y el presidente honorario de este partido es Manuel Fraga.
Los artículos y dictámenes, las tesis doctorales que se escriban diciendo que la Ley de Amnistía debe ser derogada o cambiada o que no hace falta ni tan solo hacer esto porque ab initio no podía cubrir los crímenes franquistas contra la humanidad que no prescriben, tendrán mérito, pero la realidad parece indicar que nadie será nunca procesado ni tan siquiera investigado judicialmente (por lo menos en España) por crímenes realizados en el franquismo. Diez años más, y la cosa ya quedará clara definitivamente. Al juez Garzón le frenaron en seco. Tal vez el salga absuelto pero su causa está probablemente perdida. Cabe la hipótesis que el Tribunal Supremo español u otro tribunal en posterior apelación, diga que la Ley de Amnistía (que es un fruto de la política de Reconciliación Nacional) no puede impedir sin embargo la investigación de los crímenes franquistas y le dé la razón al juez Garzón. Eso sería muy saludable.
El gobierno socialista de Zapatero, tal vez avergonzado como dice Mena y como lo podría estar el propio Mena si era de los partidarios de la Reconciliación Nacional, tras 35 años de retraso les da a veces medallitas a las hijas e hijos de los represaliados (como ocurrió con los militares anti-franquistas de la UMD, por cierto excluidos de la amnistía de 1977). Espero que a nadie de los que quedemos de la editorial Ruedo ibérico se le ocurra nunca ir a Madrid a recoger una medallita a la libertad de expresión que nunca le ofrecieron a Pepe Martínez. Eso suponiendo que nos la quieran dar, tantos años de silencio después. Si ustedes sienten vergüenza, se la aguantan. Era previsible. Fue previsto, explicado y advertido.
Intervención de Joan Martínez Alier en el Coloquio Internacional «La Transición española. Nuevas perspectivas» en el Colegio de España (París). 27 mayo 2011