Ante la decisión del Tribunal Supremo de no tramitar la anulación de la sentencia de Miguel Hernández
Rebelión, 18.2.2011
El Secretario General del Partido Comunista de España, José Luis Centella, manifestó ayer su indignación por el acuerdo del Pleno de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo denegando la autorización a la familia del poeta para interponer recurso extraordinario de Revisión, frente a la sentencia de condena de muerte dictada el 18 de enero de 1940, por el Consejo de Guerra Permanente número 5 de Madrid, contra Miguel Hernández, como autor de un delito de Adhesión a la Rebelión previsto en el artículo 238.2º del Código de Justicia Militar del año 1890.
Es significativo que la Sala acuerde denegar la interposición del recurso amparándose en lo dispuesto en la Ley de Memoria Histórica, argumentando que la condena, como todas las sentencias dictadas por los Consejos de Guerra, ha sido reconocida por esta ley como “radicalmente injusta”, y declarada su ilegitimidad, por lo que el Supremo admite que la condena es injusta e ilegitima pero no la anula.
Para José Luis Centella “en estas circunstancias han quedado al descubierto las limitaciones de la Ley de Memoria Histórica, tal y como se había visto en casos anteriores”, a la vez que considera insuficiente la declaración de Miguel Hernández como víctima del Franquismo mientras resulta imposible conseguir la anulación de su condena”.
Al conocer la decisión del Supremo, Centella anunció la intención del PCE de promover una iniciativa ciudadana para exigir los cambios legales que permitan la anulación del juicio y la desaparición de la condena de Miguel Hernández, y la del resto de los miles de republicanos, fieles a su gobierno democrático y sus ideales, que todavía no han visto reparada su memoria.
El PCE denuncia que con esta decisión se pone en evidencia cómo sigue imperando la memoria de los vencedores por encima de la necesaria justicia histórica con los vencidos, y la falta de voluntad del gobierno socialista por no haber desarrollado en todos sus años de gobierno una Ley de la Memoria Integral. Por todo esto, el Partido Comunista seguirá defendiendo la necesidad de la anulación de los tribunales franquistas al considerar que el Golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la guerra que desencadenó no puede ser fuente de derecho.
En consecuencia el PCE denuncia el trato hipócrita realizado con el poeta del pueblo a quien el año pasado se colmó de honores institucionales durante la celebración del centenario de su muerte [sic], pero al que al mismo tiempo se le priva de reparación de la justicia negándole la anulación de aquel juicio que le condenó a muerte. El Partido Comunista considera que ésta es una segunda condena testimonial, que añadir a la dictada en su día por los tribunales franquistas. La diferencia es que esta vez se hace en democracia, y también la importancia de esta anulación ya que sentaría el precedente para anular la de tantos republicanos injustamente represaliados.
En estas circunstancias, el PCE hace un llamamiento a todas la comisiones, plataformas, instituciones y colectivos que han trabajado para difundir las actividades en torno al centenario del poeta para que se sumen a la petición de cambios legislativos que permitan la definitiva anulación de la sentencia de Miguel Hernández sin esperar a que una nueva celebración nos sitúe ante el espejo de nuestras vergüenzas.