Patricia Campelo, Público, 27.12.2010
Tres años después de la entrada en vigor de la ley 52/2007, conocida como de Memoria Histórica, las asociaciones de víctimas hacen un balance negativo de su aplicación.
El texto de la norma es objeto de críticas por parte de familiares y asociaciones, que consideran erróneo el planteamiento de una la ley que contempla, en su preámbulo, el carácter «familiar y personal» de la memoria de las víctimas del franquismo. «¿A qué víctima de un delito violento tan grave le dice el Estado que su recuerdo no es público, que es un asunto de su familia?», se cuestiona Emilio Silva, nieto de un fusilado en Priaranza del Bierzo y presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), entidad que comenzó hace diez años las primeras exhumaciones de fosas de víctimas de la represión franquista con métodos científicos.
En la misma línea se pronuncia Arturo Peinado, miembro de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, quien, además, enfatiza la incongruencia del Gobierno a la hora de firmar tratados internacionales que le obligan a investigar las desapariciones forzadas -como es en caso de la Convención que entró en vigor el 23 de diciembre- , y al mismo tiempo define como «personal y familiar» el problema de las víctimas del franquismo.
«Es vergonzoso que España ratifique convenios internacionales para investigar desapariciones forzadas y después, en su ordenamiento interno, saque esos casos del ámbito judicial», recalca.
Deber eludido
Silva subraya la falta de asunción de responsabilidades de la Administración en la búsqueda de desaparecidos y denuncia que el Estado cargue a las víctimas con la tarea de lograr por sí mismas la solución al problema. Asegura, incluso, que la propia Administración deriva a los familiares que acuden a ella en búsqueda de ayuda a las asociaciones de memoria histórica, facilitándoles el teléfono de las mismas y remitiéndoles los casos que reciben. «¿Cómo es posible que alguien que llame a una administración denunciando y pidiendo ayuda por un delito tan grave sea remitido a una asociación para que le solucione el problema?», se cuestiona Silva.
Por su parte, Peinado evidencia la falta de voluntad de las instituciones para investigar, en vía judicial, los delitos a represaliados del franquismo. La posible creación de una oficina de atención a los familiares de niños robados, propuesta por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, es otro hecho que «pone de manifiesto la intención de sacar de la esfera judicial toda investigación sobre los crímenes franquistas», destaca.
Desde la Federación de Foros por la Memoria insisten en la obligatoriedad de la investigación judicial, algo que la Ley de Memoria Histórica entorpece al promover medidas administrativas de reparación personal. «España tiene que aplicar el derecho penal internacional que ha ratificado. Las denuncias de los familiares se tienen que atender en sede judicial, y no administrativa ya que los delitos de desaparición no prescriben mientras no cese la desaparición», explica Peinado.
Símbolos franquistas
Para la ARMH, el artículo que dedica la Ley 52/2007 a la eliminación de vestigios que exalten a los artífices de la guerra civil y de la dictadura supone también un capítulo inconcluso en la reparación de las víctimas. Silva recuerda la existencia de numerosas calles, plazas, monumentos e, incluso, denominaciones de pueblos que «permanecen intactos pese a que la Ley considera ilegales las exaltaciones de la dictadura».
Asimismo, enfatiza la «doble moral» con la que los poderes públicos miden cierto tipo de homenajes: «Vivimos en un Estado que cierra locales por exponer fotografías de ex presos de grupos terroristas y al mismo tiempo permite plazas, fundaciones y calles dedicadas a asesinos de decenas de miles de civiles. La democracia no debe practicar ni consentir esa doble moral», afirma el presidente del la ARMH.
Peinado indica que la norma «no es efectiva» porque, además de contemplar «excepciones», aún carece de un reglamento que la desarrolle, «que establezca tipología y plazos de retirada».
Esta laguna adicional a la Ley 52/2007 provoca que algunos ayuntamientos se nieguen a aplicar los preceptos de la norma: «Izquierda Unida presentó una propuesta de cambio de nombre al parque Carlos Arias Navarro, en Madrid, y el vicealcalde, Manuel Cobo, se negó ateniendo a esa ausencia de un reglamento que desarrolle la Ley», cuenta Peinado, quien opina que si de algo ha servido la norma es para dar «impulso moral» para la retirada de vestigios. A nivel de competencias «muchos municipios ya habían retirado monumentos o cambiado nombres de calles antes de 2007». «Ahora se ven un poco más obligados por que existe esta ley, pero por una cuestión ética, no porque apliquen la norma».
En lo que se refiere a la gestión del Valle de los Caídos, Silva pone el acento en la continuidad religiosa del recinto y en la falta de luz sobre los orígenes del mismo. «Continúa siendo un lugar de culto católico en el que se permite cierta exaltación del franquismo a través de la práctica religiosa y se oculta la tragedia de los miles de esclavos políticos republicanos que fueron obligados a construirlo», recalca.
Desde los Foros por la Memoria tienen claro que en Cuelgamuros «hay un consentimiento a que se produzcan concentraciones fascistas a modo de misas» en un recinto que, según Peinado, «se ha convertido en el gran monumento nazi de Europa» y en un «centro de peregrinación» al que acuden «fascistas de todo el continente», algo que, según Peinado, se pudo comprobar el pasado 20N[oviembre], cuando se dieron cita a las puertas del recinto «familias de diferente procedencia que venían a exaltar el fascismo».
Mapa de fosas
Otro de los compromisos que adquirió el Gobierno a través de la Ley que hoy cumple tres años, fue el de elaborar un mapa de fosas «integrado que comprenda todo el territorio español, accesible a todos los ciudadanos y al que se incorporarán los datos remitidos por todas las administraciones públicas», tal y como establece la norma legal.
Este extremo es objeto de las denuncias de incumplimiento que hacen las asociaciones, ya que, según Silva, el Gobierno «en vez de hacerlo -el mapa de fosas- ha delegado su deber en las comunidades autónomas, lo que genera una bronca política que no existiría si se llevara a cabo desde instituciones del Estado. Tampoco ha elaborado un protocolo de exhumaciones».