La persistencia de las instituciones de la República española en exilio
A modo de conclusión, nos cabe señalar el hecho imperioso del mantenimiento de las Instituciones de la República española en exilio. Hecho que se halla impuesto y justificado por las diversas razones que exponemos a continuación. En primer lugar, porque representan y encarnan la vivacidad de la intransigencia antifranquista enconadamente mantenida a lo largo de los numerosos y largos años en los que la autocracia usurpadora de la soberanía nacional ha venido permaneciendo en el poder. En segundo lugar, porque representan la legitimidad de la voluntad popular limpiamente manifestada la última vez que ha podido expresarse, y, por consiguiente, ostentan la verdadera soberanía, ya que no hay más soberanía que la emanada del pueblo y la que se ostente de otra procedencia es sencillamente un secuestro. Ni Franco, cuya vida ha tocado a su fin, ni Juan Carlos de Borbón, que se apresta a constituirse en su seguidor, ni el propio don Juan de Borbón que, si nos atenemos al legalismo monárquico, es el heredero y jefe de la dinastía, pueden hablar de derechos. El último rey de España, Alfonso XIII, en el manifiesto de abdicación, redactado por el duque de Maura y firmado el 14 de abril de 1931, dice textualmente: «Espero conocer la auténtica y adecuada expresión de la conciencia colectiva, y mientras habla la nación, suspendo deliberadamente el ejercicio del Poder real y me aparto de España, reconociéndola así como única señora de sus destinos». La nación no ha vuelto a hablar. Por tanto es la República la única que puede hablar de derechos y titularse directora de los destinos de España.
Acatadas dentro y fuera de España por todos los republicanos y aún por muchos que sin serlo específicamente son inequívocamente antifascistas y no dejan de expresar su lealtad a la República y su adhesión al gobierno de la misma en el exilio, las Instituciones Republicanas siguen siendo la más alta expresión del republicanismo español y continuarán asumiendo esta honrosa representación que los republicanos españoles, siempre dispuestos a ir otra vez en España a la campaña política para la conquista, ahora, de las nuevas generaciones, les confieren.
Las Instituciones Republicanas españolas en el exilio cuentan, además, con un estatuto diplomático. Reconocidas, como hemos visto, como gobierno legítimo de España por numerosos países en los años subsiguientes a la guerra mundial, continúan siendo reconocidas oficialmente por los Estados Unidos Mejicanos y la República yugoslava. Ello les confiere una personalidad internacional que no deja de ponerse de manifiesto cuando las circunstancias lo determinan. Así, recientemente, con motivo de las últimas ejecuciones perpetradas por la dictadura fascista, el presidente de México dirigió una comunicación al secretario general de las Naciones Unidas Kurt Waldheim, pidiendo la convocatoria de una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad para que pidiera a la Asamblea general que el régimen español fuera suspendido del ejercicio de sus derechos y privilegios inherentes a la calidad de miembro y poniendo de manifiesto la existencia de un gobierno republicano español en el exilio; pidiendo, además, la tramitación al Consejo de Seguridad de una demanda solicitando que instara a los miembros de las Naciones Unidas a interrumpir totalmente sus relaciones económicas y las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas y otros medios de comunicación y rompieran con España sus relaciones diplomáticas. Interrupción total de relaciones económicas y de comunicaciones que México ha llevado a la práctica inmediatamente. Naturalmente, las dificultades que crea, a veces, a la España franquista la existencia de este estatuto diplomático determinan en no escasa medida la aversión que en los medios oficiales de España, aparte las consideraciones políticas, produce la persistencia de las Instituciones Republicanas en el exilio y el enorme interés con que se persigue por todos los medios intentar provocar su disolución.
Finalmente, las Instituciones de la República son la garantía de las autonomías regionales del País vasco y de Cataluña, consignadas en sus respectivos Estatutos proclamados por la República, e incluso de las libertades regionales gallegas, que si no han sido aún plasmadas en un Estatuto, es porque el procedimiento reglamentario iniciado quedó truncado por el comienzo de la guerra civil. Los estatutos de autonomía del País vasco y de Cataluña encarnan las aspiraciones tan tenazmente defendidas por vascos y catalanes como sañudamente combatidas y perseguidas por los gobiernos, primero de la monarquía y, posteriormente, del franquismo. Verdadera conquista cívica que vascos y catalanes han sabido defender luchando sin desmayo contra la usurpación franquista, primero en España y luego en la emigración, que ha obtenido siempre el apoyo fraterno de todos los republicanos españoles y que forma parte de las Instituciones Republicanas.
Mientras en España no se admita la solución honrada del establecimiento de un gobierno provisional ampliamente representativo que convoque unas elecciones generales, cerrando así el largo paréntesis de la dictadura, las Instituciones Republicanas continuarán vivas en el exilio. En todo caso, no parecen dispuestas a reconocer la instauración ni el restablecimiento de la monarquía derrocada sin que previamente sea votada por el pueblo a través de unas elecciones sinceras.
José María del Valle
1975