Estado de excepción permanente en Euskadi

Euskadi es un pueblo en lucha. Durante largos años de dictadura franquista nunca ha dejado de ocupar un puesto de vanguardia en la lucha de los pueblos del Estado español por su liberación, a causa del alto grado de movilización obrera y popular alcanzado y de la intensa conciencia nacional y antifascista de sus gentes. De ahí que la represión policiaca se haya abatido, a todo lo largo del periodo franquista, de un modo particularmente agudo sobre el País vasco.

A partir de 1967, las peores y más masivas oleadas represivas empezaron a ser acompañadas y facilitadas por «estados de excepción», cada uno de los cuales se proponía acabar «de una vez por todas» con la subversión.

Como es bien sabido, la declaración de «estado de excepción» en todo el Estado o parte de él consiste en la supresión temporal de una serie de garantías constitucionales, garantías que, por otra parte, nunca han sido respetadas por el régimen franquista. En realidad, supone fundamentalmente la legalización de una serie de prácticas policiales habituales -como violación de domicilio y correspondencia o retención de detenidos por encima del plazo legal de 72 horas-, a fin de que durante el periodo de excepcionalidad puedan ser ejercidas de modo más masivo y menos recatado que en situaciones «normales». En otras palabras, se trata de dejar las manos completamente libres a los cuerpos represivos, liberándoles de las escasas limitaciones que en su actuación normal puedan tener. Pues bien, todos los estados de excepción decretados desde 1967 han recaído -unos exclusivamente, otros compartidos con el resto del Estado- sobre las dos provincias más combativas de Euskadi: Vizcaya y Guipúzcoa.

Las páginas que siguen se proponen historiar lo que creemos ha sido el último estado de excepción del franquismo.

Cinco de los seis estados de excepción decretados durante los últimos años lo fueron entre 1967 y 1971. Tal frecuencia en la utilización de un recurso tan impopular preocupó al gobierno y le llevó a buscar nuevas fórmulas, menos espectaculares pero igualmente eficaces. Así se procedió a introducir medidas equivalentes dentro de la legislación ordinaria, especialmente a través de la Ley de Orden público, modificada en 1971. Con ello quedaba institucionalizada una situación permanente de estado de excepción que, por otra parte, ha sido la que de hecho ha prevalecido en Euskadi durante los últimos 39 años.

Las verdaderas razones del nuevo estado de excepción

A pesar de ello, en 1975 las superrepresivas leyes ordinarias no han bastado y el gobierno se ha visto obligado una vez más a recurrir a la tradicional figura del estado de excepción.

¿Por qué volver a una medida de dudosa eficacia práctica y que tan pocos recursos legales añade a los ya detentados por el sistema? ¿Acaso era necesaria esta situación para violar los domicilios y la correspondencia o para retener a los detenidos por encima del plazo de las 72 horas?

Evidentemente no, no se trataba de obtener una mayor libertad jurídica para llevar a cabo las prácticas habituales de tipo policial. Lo que se pretendía con ello era facilitar y encubrir la implantación de un régimen de terror que sirviera de escarmiento a un pueblo cuyo nivel de combatividad se había elevado extraordinariamente en los últimos tiempos. En efecto la jornada de lucha del día 11 de diciembre de 1974 constituyó un acontecimiento memorable en el que culminaba un proceso de movilización obrera y popular de gran envergadura y extensión a lo largo de todos los distintos sectores, grupos y zonas de Euskadi. Al éxito obtenido hay que añadir el hecho de que una de sus motivaciones principales fuese la de solidaridad con los presos políticos, lo que pone de manifiesto el nivel de madurez alcanzado por el movimiento de masas.

Frente a este ascenso y generalización de la lucha, las medidas habituales se mostraban impotentes. Por eso se decidió ensayar un nuevo tipo de estado de excepción, cuyas características singulares lo diferencian cualitativamente de los anteriores. En primer lugar, la violencia represiva se manifestó con una intensidad extraordinaria, mucho mayor aún que la padecida en años anteriores. En segundo lugar, esta violencia no sólo se abatió sobre las organizaciones políticas y de masas del País vasco, sino sobre la población civil en su conjunto. En tercer lugar, una parte importante de esa represión fue ejercida (y continúa siéndolo) por bandas parapoliciales y fascistas que actúan con total impunidad, ante la inhibición de las autoridades constituidas. Desde la perspectiva de los meses posteriores, aparece claro que las manifestaciones de terrorismo blanco que padeció el País vasco durante el estado de excepción, constituyeron el germen de un posible «Escuadrón de la muerte».

Un periodo clave

La extraordinaria importancia del último estado de excepción se halla fuera de toda duda. Por una parte, se ha puesto de manifiesto, una vez más, el carácter fascista del régimen de Franco. Su única alternativa ante las crecientes contradicciones en que se encuentra y ante el avance de la movilización obrera y popular, es la continua escalada de la violencia represiva. Aquellos a quienes quedase un resquicio de duda sobre la supuesta capacidad de moderación del sistema «desde dentro» tuvieron buena ocasión de comprobar su error. El fracaso de la llamada «política aperturista» del gobierno Arias es demasiado evidente.

Por otra parte el estado de excepción ha constituido el primer eslabón de una escalada sin precedentes que se ha extendido a todo el territorio del Estado español a través del Decreto-Ley Antiterrorista. Asimismo, ha conducido a la celebración de tenebrosos juicios de carácter militar -los Consejos de guerra- que, según se muestra más adelante (capítulos 7 y 8), han resultado auténticas farsas judiciales; y a la condena y muerte de cinco militantes antifascistas: dos de ETA y tres del FRAP.

Dada la composición del Régimen, el desenlace no podía ser muy diferente. El peso creciente de sectores ultras que siempre se han distinguido por su sed de sangre y el aumento real de poder de la policía y Guardia civil hacían inevitables las «ejecuciones». El gobierno no podía prescindir del apoyo de sus últimos soportes, a quienes debía de pagar tributo por su servicio, aún a costa de una pérdida de prestigio en el ámbito nacional e internacional. Por eso rubricó esta medida con una decisión unánime en Consejo de ministros presidido por Franco.

El coste ha sido alto. Estos hechos provocaron una impresionante reacción obrera y popular en el País vasco, que, junto con las manifestaciones de solidaridad surgidas en el resto del Estado español, y, sobre todo, con la formidable movilización internacional, han provocado una de las situaciones más críticas por las que ha atravesado el régimen franquista.

En definitiva, los resultados del estado de excepción no han sido los pretendidos por la dictadura franquista. Lejos de acabar con la lucha obrera popular, ésta se ha recrudecido y la crisis generalizada es en buena parte consecuencia de su torpe e inevitable política represiva. La violencia desencadenada por el Régimen ha terminado por volverse contra sus propios autores.

La desínformación oficial

La imagen fascista y policial que ofrece el régimen franquista no es la más favorable para su propia clase dirigente. Se hace necesario un cierto reconocimiento internacional que permita la viabilidad de una economía crecientemente incorporada al sistema capitalista mundial. Este reconocimiento exige encubrir su auténtico rostro, especialmente en un periodo en que las manifestaciones represivas son tan abundantes y tan salvajes. En esta ocasión no bastaba la propia estructura de unos medios de información dirigidos, controlados o amordazados por el poder político. Era también necesaria la imposición del silencio sobre cuestiones tan escandalosas, a través de la canalización de toda la información «delicada» por el filtro de notas oficiales de los Cuerpos de Policía y Guardia civil. Así, el 22 de mayo era declarada «materia reservada» toda la información concerniente al estado de excepción en Guipúzcoa y Vizcaya.

Esta decisión fue muy mal recibida en todo el Estado español. El propio diario Ya, de conocida inclinación reaccionaria, afirmaba en un editorial:

Estas medidas serían más tarde constituidas por otras similares de carácter más permanente e igualmente represivas, como son las contenidas en el Decreto Ley Antiterrorista. Así lo tuvo que reconocer la misma prensa, presionada por los propios periodistas que ven su situación profesional en claro peligro, auN ateniéndose a una mera labor informativa. Veamos algunas preguntas formuladas en un editorial de la Hoja del Lunes de Madrid del pasado 8 de septiembre [1975] que fue tan favorablemente acogido y reproducido en muchos otros periódicos:

En cualquier caso, todo queda al arbitrio del Ministerio de Información y Turismo o de la propia Dirección general de Seguridad, con la que, según las palabras del propio ministro León Herrera, debían mantenerse en consulta permanente «para evitar perturbaciones a la acción policial.»

Una iniciativa: Noticias del País Vasco

Ante la necesidad de salir al paso de la desinformación oficial surgió una iniciativa: la publicación de un boletín informativo, con la ya popular sigla de Noticias del País Vasco durante el Estado de Excepción. Se trataba de poner al descubierto la verdad de los hechos al mayor número de personas posible, y especialmente a todos los sectores combativos antifascistas, cualquiera que fuese su ideología, extendidos por todo el Estado español e incluso del extranjero.

El día 28 de mayo, salía a la luz pública el primer boletín informativo, y durante los dos meses cortos que mediaron entre esa fecha y el final del estado de excepción se materializaron 15 boletines, con un total aproximado de 200 páginas. A ellos hay que añadir los cinco elaborados en fechas posteriores en los que se recogían los acontecimientos últimos y en especial los Consejos de guerra y la reacción obrera y popular.

La acogida que dichos boletines han recibido no pudo ser más calurosa y generalizada, hasta el punto de haber sorprendido a sus propios autores. Han llegado a reproducirse más de 50 000 ejemplares de cada número, lo que significa probablemente más de 150 000 lectores. ¿A qué se debió tal acogida y la decidida colaboración para la difusión de una información que era clandestina por necesidad?

Las razones son obvias. En primer lugar era muy amplio el hueco informativo producido y mucha la avidez de noticias veraces por parte de los receptores. En segundo lugar, la seriedad y objetividad con las que se pretendió elaborar los boletines significaba una importante garantía para el lector. Cuando la noticia era importante, se verificaba por varios conductos; si se trataba de un rumor así se hacía constar; cuando se incurría en un error, se subsanaba en el número siguiente, etc. Al mismo tiempo, se intentaba huir de toda forma retórica para centrarse en la descripción de los hechos concretos. En tercer lugar Noticias del País Vasco presentaba un importante matiz de independencia al no estar ligado a ningún grupo político concreto, sino a una amplia causa obrera y popular.

Se hace necesaria, sin embargo, una aclaración: quienes trabajaron en esta iniciativa nunca pretendieron adoptar una postura neutra o ecléctica ante los hechos. No es posible la neutralidad. Por ello, el boletín se situaba en una postura de servicio a la causa de la liberación del pueblo y de la clase obrera. Y esta liberación sólo será real cuando tienda a la construcción de una sociedad nueva, sin clases, que no puede ser otra que una sociedad socialista. Por eso se ha buscado la información con la clara pretensión de servir a esta causa con la información de los hechos, convencidos de que «la verdad es revolucionaria».

Razones de este libro

El presente libro responde a la misma preocupación inicial de cumplimiento de una función informativa y documental. En este caso se ha ordenado el contenido de forma más sistemática a partir del abundante material proporcionado por los boletines, al que se han añadido algunos informes no publicados hasta ahora.

La publicación de hechos tan brutales como los que se recogen en las páginas que siguen tiene por objeto dejar constancia de ellos en la memoria popular para poder exigir en su momento las graves responsabilidades contraídas por sus autores. Al mismo tiempo pretende servir de homenaje a los innumerables hijos del pueblo que en su lucha por la liberación de éste han sido víctimas de la violencia represiva.

Somos conscientes de las limitaciones de todo tipo que presenta este trabajo. Algunas de ellas se derivan de las condiciones de urgencia y dificultades materiales que han presidido la elaboración de los boletines y de este libro. Ante la velocidad con que se suceden los acontecimientos en este momento histórico, hemos preferido anteponer la rapidez informativa a un mayor grado de rigor que hubiera requerido una reflexión más pausada.

Otras limitaciones que nos hemos impuesto voluntariamente derivan del carácter fundamentalmente descriptivo e informativo de este trabajo. No se nos oculta que por importantes y reveladores que sean los hechos, su mera exposición no basta para la adecuada comprensión política de una determinada situación. Es preciso situar los hechos en un contexto, analizarlos como resultado de un proceso histórico y extraer de todo ello las necesarias enseñanzas para la adopción de formas de lucha más adecuadas.

Por tanto, la necesidad de proceder a una interpretación política parece evidente. Sin embargo, creemos que en las condiciones en que nos movíamos resultaba difícil hacer compatibles la información y la interpretación, y que intentarlo hubiera podido perjudicar la difusión y la acogida del boletín. Sin duda existen otras personas y organizaciones en mejores condiciones para realizar la necesaria explicación política. Esperamos que el material aquí recogido pueda ser de utilidad en esta tarea.

Noticias del País Vasco 1975