Hay libros que se escriben cierto tiempo después de ocurridos los hechos. Son libros que contemplan y analizan situándose a distancia de los hechos. Y en esta toma de distancia puede radicar precisamente el interés de aquellos libros.

Este libro se ha ido escribiendo, por el contrario, al pie de los acontecimien- tos. Se ha escrito al día, según iban sucediendo los hechos. Quizás su valor se aproxime más, por ello, al propio de los testimonios. Quizás al enjuiciarlo, pu- diera resultar interesante proceder a su lectura transcurrido cierto tiempo.

Con el seudónimo de Pierre Celhay [Miguel Castells], escribe un abogado. La lectura del libro lo hace evidente. Su objetivo -el mismo autor lo dice- es informar sobre los Consejos de guerra, cuya celebración por el Estado español se preveía inminente en abril de 1975. Pero aquéllos eran procesos políticos y la movilización les dio una dimensión de procesos políticos populares, en favor de los acusados, en contra del Estado, que se superpuso en el marco político-judicial previsto por el Estado.

El libro comenzó a escribirse al término de la primera quincena de junio de 1975. Terminó en la primera semana de octubre del mismo año. Se ha decidido conservarlo tal cual fue escrito, renunciando a repasar las cuartillas, más tarde, bajo la perspectiva de posteriores sucesos.

El autor sitúa el comienzo de los procesos políticos, a que se refiere el libro, en fecha anterior a la celebración de los correspondientes Consejos de guerra en las salas de justicia de los respectivos cuarteles o dependencias militares. En la primera parte del libro se explica por qué.

El libro utiliza análisis y materiales de trabajo, en algunas de sus partes, que ya se encontraban elaborados o que se fueron elaborando, a niveles populares, en el lugar de los hechos.

En Euskadi se venía desarrollando en efecto una campaña de clarificación de cara a los Consejos de guerra. Se hablaba al pueblo con claridad. Se partía de un análisis en lo concreto. Pronto la campaña de clarificación desbordó otras iniciativas, que se limitaban a un análisis puramente legalista o se quedaban en planteamientos de mero humanismo sin profundizar y trascender a la realidad material en la que los Consejos de guerra se hallaban inmersos. Se explicó quiénes eran los juzgadores, quiénes los juzgados, cómo y por qué se les juz- gaba. Se fue analizando luego, con el pueblo, las incidencias de los procesos, los posibles resultados, las fechas, los aspectos y trámites de los Consejos de guerra en curso. El libro trata de reproducir este material. La campaña de clarificación tuvo su papel en el desarrollo popular de aquellos procesos políticos.

El libro trata de ofrecer el funcionamiento de un sistema concreto de procesos políticos. E intenta recoger una realidad partiendo de la perspectiva que ofrece el funcionamiento de los procesos políticos. Técnicas de defensa, movilizaciones, mecánica judicial y factores condicionantes, externos a los trámites judiciales, abogados, militantes (del Estado fascista unos, del pueblo otros), organizaciones, grupos, clases y masas, intereses inconciliables, derecho invadido por la polí- tica, política camuflada de derecho, se entrecruzan y van componiendo la rea- lidad material, la trama, por la que discurrió el funcionamiento de los procesos, íntimamente ligado al periodo más reciente de movilización popular en la nación vasca.

El libro se presenta dividido en tres partes.

La primera recoge el marco de enfrentamientos en el que se van situando, a nivel de masas, los Consejos de guerra cuya celebración se avecina. El periodo que comprende esta parte se desarrolla bajo el signo de la inminente celebración de los Consejos de guerra contra Garmendia y Otaegui, Eva Forest, María Luz Fernández y Duran. Se airea también el nombre de Arruabarrena. Vizcaya y Guipúzcoa son sometidas al estado de excepción.

Se titula la segunda parte «Tiempo de espera». De espera, porque la celebra- ción de los Consejos se ha demorado, como consecuencia de la resistencia y del empuje populares; pero todo hace ver que los Consejos de guerra van a comen- zar antes de que finalice aquel mes de agosto. El autor aprovecha la espera para dar entrada al material que analiza la justicia militar (ideologías, personajes, competencias, modo de funcionamiento, etc., incluyendo los métodos de defensa opuestos por los acusados ante aquella justicia).

La tercera parte del libro comprende el periodo correspondiente a la celebra- ción de los Consejos de guerra. Se juzga a Garmendia y Otaegui. Y también a Txiki y a once militantes del FRAP. Pero se corre un púdico velo de olvido sobre otros juicios pendientes, más importantes y cuya tramitación se encon- traba más adelantada. Me refiero al proceso por la muerte del almirante Carrero Blanco, el de la calle del Correo, y también a otros que se inician con caídas de militantes y se refieren en esta parte del libro. El sistema no puede, ante la mo- vilización de masas, sacar estos juicios.

Pero ahora nos plantean la pregunta: ¿Cómo han de contemplarse las luchas que acompañaron a los Consejos de guerra? ¿Constituye todo aquello enseñanza del pasado o forma parte inseparable del presente? ¿Se han producido cambios que lo relegan a la historia, o marca, por el contrario, el comienzo de un com- bate que ha de cambiar el presente?

Cierto sector de la prensa de Francia sugiere que el sistema político ha cambiado, con Juan Carlos de Borbón, en el Estado español.

Parecidos planteamientos comienzan a correr en determinado sector de la burguesía que era antifranquista, hace poco, en Euskadi.

Ganas tenían, según se ve, aquella prensa y aquel sector, de decir: «Ya ha habido cambio». Ganas tenían, pues cualquiera que se acerque y mire, ve que el sistema no ha cambiado en el Estado español. Ganas tenían de decir que ya la situación había cambiado, con la finalidad claro está, de que cesara el pueblo de exigir cambios. Y se han dado prisa en decirlo con la finalidad, claro está, de que todo siguiera igual.

Las jornadas de movilización que salvaron las seis vidas, cuando el llamado «proceso de Burgos», en diciembre de 1970, tuvieron entre otros el efecto de poner en evidencia el carácter fascista del Decreto sobre Rebelión militar, Ban- didaje y Terrorismo. El régimen derogó el decreto. Y algunos creyeron, por esta derogación, que las cosas habían cambiado de cara a los Consejos de guerra. Pero pese a la derogación, no se revisó una sola de las sentencias, ni una sola de las condenas a cadena perpetua, impuestas al amparo de aquel decreto. En realidad no cambió nada en el aparato represivo: otra legislación más hábil e igualmente fascista recogió las finalidades del decreto derogado y adecuó el que había sido su contenido a la satisfacción de las necesidades del sistema.

Algo parecido, si bien a más amplia escala, parece que está ocurriendo en la actualidad.

Salen en estos días algunas declaraciones oficiales en favor del euskera. Pero son declaraciones abstractas y vacías. Continúan aún presos los condenados en el Consejo de guerra por la quema de la villa del alcalde de Lazcano (no- viembre de 1968) en el que, entre otras irregularidades, no se permitió declarar a un testigo, ya admitido por el juez, porque sólo sabía expresarse en euskera. Y siguen presos Andoni Arrizabalaga y otros muchos, que fueron expulsados de la sala del Consejo de guerra por intentar expresarse en euskera. (El libro recuerda también estos juicios.) No, nada ha cambiado en Euskadi. Continúan sin reconocerse los más mínimos derechos que impone la realidad de una na- ción vasca.

Algún miembro del gobierno ha dejado entrever la posibilidad de que sea derogado el decreto sobre terrorismo de 26 de agosto del pasado año [1975]. Desde luego la capacidad de movilización popular parece dificultar la aplicación del decreto en el futuro. Pero el hecho es que el decreto no ha sido derogado. Y en todo caso -y esto es lo más importante- siguen en prisión bajo cadena perpetua los militantes condenados a su amparo en los Consejos de guerra a que este libro hace referencia.

Se han concedido pasaportes a líderes de partidos políticos españoles y a personalidades notorias. Pura demagogia. En Euskadi son cientos los miem- bros del pueblo, los anónimos, a quienes se les impide «pasar al otro lado», por tener un hijo u otro pariente exilado, o por figurar como sospechosos, simple- mente, en el fichero policial, aun cuando no tengan antecedente penal alguno. Siguen en su puesto de mando militar, político, judicial, los mismos Capitanes generales y altos mandos militares. O han ascendido. Siguen en poder de los militares puestos clave del aparato del gobierno: se crea la vicepresidencia para la defensa, con rango de primera vicepresidencia dentro del gobierno, y su ti- tular es un militar. Además de los titulares de los tres ministerios llamados militares (el del Ejército, el de la Marina, el del Aire), también es militar el titular del Ministerio de Trabajo. También lo son varios Directores generales, entre ellos el de Seguridad.

Siguen en su puesto los directores de prisión conocidos por sus sentimientos y trato fascistas, como el de la prisión de Carabanchel, como el de la prisión de Burgos, como el de Ocaña, como el de Segovia... Siguen los gobernadores civiles. Los mismos policías. Los mismos guardias civiles. Sigue Gómez Cha- parro, fascista y antivasco, desempeñando su función de «juez de Orden pú- blico». Y sigue en pie el Tribunal de Orden público.

Pero si ha habido cambio, ¿por qué no pueden retirar, disolver, sus equipos de torturadores?

Sigue Arias, de jefe de gobierno. Arias, conocido como «el carnicero de Má- laga» cuando la «pacificación» de aquella ciudad, allá por el 37, especializado luego en la represión policial desde su puesto de director general de Seguridad (años 1957-1965) y de ministro de Gobernación. Sigue de ministro el falangista y general auditor José Solís: 36 años en el aparato político del Estado. ¿Cuántas ejecuciones sumarísimas se aprobaron por los Consejos de ministros a que per- teneció durante sus trece años de ministro de Franco?

Siguen o vuelven -ahora con el calificativo de liberales- Fraga, Garrigues, Areilza. Todos con años de servicio también en el aparato franquista. Los tres representaron al Estado fascista español, en sendas embajadas, mientras el Estado ejecutaba a hijos del pueblo. Garrigues en Washington y en el Vaticano hasta el año 1972. Areilza en Buenos Aires, en Washington, en París hasta 1964. Fraga en Londres, desde 1970 hasta hace escasos meses.

¿Pero quién es el liberal Fraga Iribarne?

«Parece por otra parte posible que se cometiese la arbitrariedad de cortar el pelo a Constantina Pérez y Anita Blaña [...] aunque las sistemáticas provo- caciones de estas damas a la fuerza pública la hacían más que explicable [...] vea por tanto cómo dos cortes de pelo pueden ser la única apoyatura real para el montaje de toda una leyenda negra o «tomadura de pelo» según como se mire [...]», decía Fraga en carta abierta contestando a José Bergamín, primer firmante del escrito que en octubre de 1963 dirigieron 103 intelectuales al en- tonces ministro de Información y Turismo denunciando las torturas y abusos cometidos por las fuerzas del orden público para reprimir el movimiento huel- guístico en Asturias. (Siguiendo la costumbre, el escrito de los intelectuales no se había publicado, pero sí en cambio la contestación del ministro señor Fraga, que negaba realidad a las torturas y justificaba e ironizaba el corte del pelo a cero al que fueron sometidas las mujeres de los mineros.) Todavía durante aquel año 1963 demostraría Fraga su eficiencia, como ministro de Información y Turismo, en la campaña de prensa que dirigió personalmente para justificar la ejecución en sumarísimo militar de Julián Grimau y luego las de los dos anarquistas Francisco Granado Gata y Joaquín Delgado Martínez, cuyas ejecu- ciones aprobó previamente en el Consejo de ministros.

Afiliado a la Falange española, fue Consejero Nacional de FET y de las JONS, delegado nacional de asociaciones de la Secretaría general del Movimiento, miembro de la Junta política del partido único FET y de las JONS, etc. Desde su ministerio de Información, constituyó una pieza clave en el referéndum del 14 de diciembre de 1966 y en la conmemoración de los 25 años de paz. Fraga Iribarne no ha dejado de ocupar puestos clave desde el año 1945 en el aparato político del Estado, salvo el breve periodo en el que de ministro pasó a Director general de Cervezas El Águila.

A partir del mes de agosto del año 1968 estuvo sometida Guipúzcoa a un prolongado estado de excepción, que enlazó el día 24 de enero de 1969 con el que se proclamó para todo el Estado. En Euskadi se recuerda la dureza con la que Fraga Iribarne justificaba ante las cámaras de la televisión española la extraordinaria medida de represión, basándose en el hecho de que unos estudian- tes habían defenestrado un busto del «caudillo» desde el aula de una facultad universitaria de Barcelona.

«[...] el enemigo político es el peor de todos -dice Fraga en la conversación que mantiene con Salvador Paniker en el año 1969, recogida en el libro Con- versaciones en Madrid, p. 355-. Precisamente porque no persigue robar una cartera o romper una ley, sino porque persigue romperlo todo. Por eso es el más peligroso y el que debe ser tratado con el mayor rigor. Creo que ésta es una verdad inmanente de la política [...] el crimen de lesa majestad [el delito polí- tico] es el más grave de todos para cualquier régimen serio y que se respete a sí mismo». No parece fácil que a estas alturas pueda presentarse Fraga con rostro liberal.

Adolfo Martín Gamero, embajador en Rabat desde el 30 de octubre de 1972 (anteriormente había desempeñado puestos representativos en Nueva York, en Francia, etc.), pasa a desempeñar la cartera de ministro de Información. Es el premio que recibe por el importante papel que desempeñó en los acuerdos, en- tre España, Marruecos y Mauritania, que ratificaron la venta del pueblo saha- raui.

Recordemos al ahora ministro de Asuntos exteriores, José María de Areilza, conde de Motrico, cuando en julio de 1937 desempeñaba el puesto de alcalde, tras la entrada del ejército de Franco, en la localidad de Bilbao.

«[...] Nos habéis salvado por conquista, por la fuerza; a tiros y a cañonazos en una palabra -decía el día 1 de julio de 1937 en el Coliseo Alvia en su dis- curso homenaje «al glorioso ejército y milicias nacionales», mientras los suma- rísimos militares cubrían de luto Euskadi-. Y es preciso proclamarlo y decirlo a gritos, a los cuatro vientos, para que lo sepa el mundo entero y sobre todo para que se enteren esos roedores bastante numerosos que han quedado aquí en Bilbao en sus madrigueras [...] Bilbao no se ha rendido, sino que ha sido conquistado por las armas. Nada de pactos y agradecimientos póstumos. Ley de guerra dura, viril, inexorable. Ha habido, vaya que sí ha habido, vencedores y vencidos: ha triunfado la España una, grande y libre. Es decir la de la Falange tradicionalista. Ha caído para siempre esa horrible pesadilla siniestra que se llama Euskadi [...] Para siempre has caído tú, rastacueros del nacionalismo vasco, mezquino, rencoroso y ruin que jugaste a personaje durante los once meses de robo y crimen en que te encaramaste al poder mientras los pobres gudaris cazados a lazo como cuadrúpedos en las aldeas se dejaron la piel en las mon- tañas de Vizcaya muriendo sin saber por qué [...] Desaparecerá también de nuestra tierra ese clero secular o regular que daba durante los últimos años el lamentable espectáculo de la traición a la patria desde las gradas del altar o desde las alturas del pulpito. La gran vergüenza del clero separatista, ésa también se acabó para siempre [...] La España que ha vencido sabrá someter las clases a1 más estricto servicio del interés nacional. No más huelgas [...] ¡Atención! leguleyos de Ginebra, masones escoceses y obispos comunistas de la Iglesia protestante. ¡Atención! Frente Popular francés y Comité de Moscú (...) [España] proclama bien alto su amistad hacia los grandes pueblos europeos amigos que en estas horas trágicas de cruzada nacional están junto a nosotros, la Alemania de Hítler, la Italia de Mussolini y el Portugal de Oliveira Salazar. A los pueblos de Inglaterra y Francia se lo ha advertido ya con toda lealtad el caudillo Franco: que no se sorprendan mañana si nuestra política exterior cierra sus puertas a quienes en días de prueba para nuestra patria nos demuestran su enemistad [...] El pueblo de Bilbao jura lealtad eterna a la nueva España y su revolución nacional».

Antonio Garrigues, vinculado además, a través del despacho colectivo de abogados al que da nombre, a la expansión del capital norteamericano en Es- paña, pasa a ocupar la cartera de Justicia.

Para qué seguir. El sistema continúa entre las familias del franquismo. Ni siquiera se han molestado en echar mano de personalidades «no manchadas». Todo el aparato, desde la cúspide hasta la última pieza, sigue en pie. El mismo Juan Carlos de Borbón, capitán general y jefe supremo de los ejércitos, actual jefe del Estado, ¿no recibió el 1 de octubre último, con Arias y el gobierno en pleno, el aplauso agradecido de los ultras, por las cinco ejecuciones, y la petición de que siguiera llevándose militantes al paredón?

El régimen de Juan Carlos de Borbón acepta oficialmente y mantiene la pre- sencia del franquismo en lo político, en lo económico, en lo social.

¿Dónde se encuentra el cambio, si sigue en el poder la misma oligarquía que multiplicó su capital gracias al franquismo (licencias de importación, licencias industriales, créditos, financiaciones, manipulación en los precios, bajos salarios, destrucción de sindicatos obreros)? El pueblo sigue apartado del poder. Euskadi sigue privado de su soberanía nacional. Continúa sin la más mínima variación la explotación sobre la clase trabajadora.

¿Podría volver a pasear por el Estado español el autor de este libro después de publicarlo con su nombre y apellidos?

No, el sistema no ha cambiado. La prisión de quienes lucharon en defensa de los intereses atacados por el franquismo, constituye una prueba. El mante- nimiento en su puesto de los dirigentes designados por Franco, de quienes se mancharon en su represión despiadada, constituye una prueba.

Es admisible la conversión como fenómeno individual. Nadie puede negar la posibilidad de que el individuo cambie o «se convierta». Pero es difícil de admitir el fenómeno cuando se trata de una clase entera, social y política. No pa- rece admisible la creencia de que todo el grupo en el poder, todo su aparato, se haya convertido, así, de pronto. Más bien nos inclinamos a pensar que se trata de una táctica para tratar de salvar unos intereses (oligárquicos, capitalistas) que comenzaban a peligrar.

La derrota que infligieron las democracias a Hitler y a Mussolini repercutió en la modificación de algunas formas, en cierto cambio del lenguaje, en el Estado fascista español. Pero el sistema no cambió.

También ahora el grupo en el poder parece querer disimular. El Estado in- tenta modificar su apariencia exterior. Siempre la misma trampa, hoy como ayer, apoyada por determinados sectores de la burguesía que se presentan como «neutrales».

La presión popular agrieta el edificio. Y para salvarlo le dan ahora una mano de distinto color. Se pretende de cara al pueblo, hacer creer que éste ya no es el viejo edificio: que lo admitan, o que lo dejen; pero que no lo destruyan, porque no es el mismo, porque le han dado otro color.

Porque eso sí, la relación real de las fuerzas en lucha, en el ámbito geográ- fico del Estado, eso sí que ha cambiado. Las jornadas del año 75, que relata el libro, señalan la culminación de un proceso de movilización creciente y de ca- pacidad de organización popular, que encabezado por la clase trabajadora, puso en evidencia, desde Euskadi, la debilidad del Estado fascista español. Y pudieran señalar también la entrada irreversible en una fase de confrontación que por su intensidad y por su extensión, aboque al cambio real que el grupo en el poder trata de evitar. La historia lo dirá.

Ruedo ibérico, enero de 1976