El Consejo de Guerra Sumarísimo 31/69 que con el nombre "Consejo de Guerra de Burgos" ha entrado en una historia contemporánea doméstica jalonada de trágicas semanas, desoladores amaneceres de sarracina, causas generales y procesos por la vía militar y sumaria, comenzó por fin el día tres de diciembre del año pasado. Y esto que los acontecimientos han querido que fuese crónica casi en tiempo de serial con la intención reflexiva que el tema demanda se diluirá realmente en los acontecimientos venideros, ya inevitablemente marcados por encima del " Consejo de Guerra de Burgos " y de sus mismos directos protagonistas. No tendrá fin, porque el acontecimiento salta, política, y claro que humanamente, por encima de sí mismo. No alcanzará un epílogo neto la crónica real del asunto. Y, Francisco Javier Izco de la Iglesia, Eduardo Uriarte Romero, Joaquín Gorostidi Artola, Mario Onaindia Nachiondo, Francisco Javier Larena Martínez, José Maria Dorronsoro Ceberio, diez compañeros más que estaban en la liza -porque fue enconado duelo-, once compañeros más que con sus nombres y apellidos estaban -porque en este 31/69 residía nombrado al menos todo aquel militante de ETA con acusada participación en la empresa política del movimiento "País Vasco y Libertad "-, aunque la policía no fuera capaz de hacerles comparecer al acto ; todos ellos han pasado de la condición de sufrientes protagonistas a la más elevada índole de testigos indirectamente motivadores del nuevo y patético enfrentamiento entre la democracia y el fascismo en el suelo de la península ibérica.

Pero todo no ha sido sencillo, y ya decimos que ni siquiera la Farsa terminó con el comienzo del año primero de esta década.

El Consejo de Guerra de Burgos incidentalmente fue la intensa anécdota que se conoce por la prensa, si es que se ha leído mucha prensa -incluida la del Movimiento en el papel de contrapunto gubernamental de la prensa normalmente civilizada. Mientras duraron las sesiones del Consejo hubo en Burgos libertad formal -libertad vigiladísima-, para protestar incluso públicamente y ante los órganos de información extranjeros por la carencia de libertad material y hasta en los términos de la expresión se pudo decir que el Consejo era lo menos parecido a un juicio de derecho. Nunca que sepamos la prensa internacional se había preocupado tanto de las cosas de España desde el final de la guerra civil ; pero también es cierto que nunca la prensa española había mostrado tanto interés por una causa pública. Ese interés sólo comparable al que despiertan las grandes catástrofes naturales llevó a la prensa a jugar un papel protagonizador.

Otros actores representaban al poder. Consideramos que el capitán Antonio Troncoso de Castro, el vocal ponente de este Consejo de Guerra y de todos los Consejos y Causas contra ETA, tenía a su cargo la gestión mediata más importante aunque menos espectacular, logrando para la memoria de la democracia española un puesto relevante y no precisamente muy honroso junto a aquel famoso coronel Eymar que desde el puesto de juez especial instructor " preparaba " las acusaciones e incluso las condenas desde casi el final de la guerra civil hasta el año 1963, fecha de la creación del Tribunal de Orden público y de su retirada de la escena represiva. Ahora la pieza clave -la que domina y conoce la situación jurídico-política- ha cambiado de situación en el tablero, ahora es el vocal ponente ; el que tiene oficialmente la misión de asesorar jurídicamente al Tribunal y redactar materialmente la sentencia supuestamente acordada por el Tribunal lego. Medida de su importancia fue concretamente su " enfermedad política ". Como es el único miembro del Tribunal que no tiene suplente, al tercer día de sesiones se puso estratégicamente enfermo ; parecía entonces -luego trataremos de dilucidar el sentido de la oportuna dolencia, lipotimia era, creo recordar- como si el gobierno hubiera decidido no acudir al reto que la fulminante paralización del trabajo en Euskadi y la oleada de manifestaciones en toda España le presentaba, o parecía simplemente que el poder tomaba aliento para tratar de predecir.

Otro papel relevante, de menor importancia real pero más espectacular estaba encomendado al coronel Ordovás; el papel de presidente del Consejo que tenía que jugar en facha de gran caballero, y olímpico jinete en el sentido estricto, lejana ya la escuela prusiana y maldecidora de la oficialidad tradicional española. El coronel Ordovás tenía la misión de obstaculizar con buenos modales a la defensa y de no dejar hablar a los acusados. Era difícil, y en ocasiones, según transcurrían los acontecimientos políticos, el coronel perdía el equilibrio logrado con la buena crianza y el ejercicio del deporte. Sin duda los abogados interesaban también al Tribunal porque ellos sobre su valeroso papel objetivamente, jugaban el de cobertura jurídica de la Farsa. Había que evitar que se fueran. Y los abogados parece que lo sabían. El coronel Ordovás, con los altibajos que producía el decurso extraprocesal de los acontecimientos, cumplió su función de pulido gendarme del Consejo, hasta que llegó la Ruptura Total. Después los principales protagonismos pasaron al sanctasantorum de las oficinas del capitán general y del gobierno de la nación. Por otra parte, la Ruptura Total se veía venir desde que se abrió la sesión. Era difícil que el régimen en 1970 pudiera montar impunemente un escenario jurídico-militar con pasos de rigodón y cortesías procesalistas rodeados por la más impresionante muralla policiaca que jamás la cuna del Cid ha visto para que trece hombres y tres mujeres torturados, vejados, con los oídos taponados y las esposas hiriéndoles las carnes, confesaran y entraran en el juego. Estos hombres se declaraban marxistas y vascos y eran obreros, campesinos, estudiantes y sacerdotes.

Los abogados defensores eran dieciséis y fueron elegidos formalmente por los acusados y también (y en otro sentido) por el mismo Consejo de Guerra. Catorce vascos, un catalán y un madrileño. Parecía como si faltase un gallego y quizás un canario, no sabemos ; pero lo cierto es que la defensa podía constituir una prefiguración política y nacional de la multiplicidad de España. El gobierno tenía prevista y autorizada la defensa para jugar un papel de coro contradictorio. Es elemental que para hacer un juicio se necesitan juristas, aunque hasta el año 1963 no fueron necesarios ni siquiera como coro. Pero esta vez las ventanas de la nación no pueden permanecer herméticamente cerradas. Los juristas en este Consejo de Guerra no rompieron nunca la baraja; esgrimieron la propia astucia y los cuerpos legales, tuvieron que preguntar si tenían la venia para pedir la venia, tuvieron que aclarar por qué unos trozos de papel habían llegado a los prisioneros en una cajita de medicinas, en vez de defender airadamente el derecho a comunicarse libremente con sus defendidos cuando las sesiones se interrumpían ; molestaron al Tribunal porque el fiscal no llevaba el sable reglamentariamente preceptivo y porque el Cristo estaba a la izquierda del presidente en vez de a la derecha; estas cosas no eran simplemente pintorescas ; creaban una tensión, el clima propicio a una ruptura que no iba a hacer la defensa sino los acusados. Y éste fue el sentido de la protagonización de la defensa : la aceptación del papel que el gobierno le concedía en el mismo seno de la Farsa. Pero además, los medios de la defensa en un asunto extrajurídico son puramente extrajurídicos.

Aquí, prepararon relativamente el trampolín para que los acusados saltasen, teniendo en cuenta que también hubieran saltado sin trampolín ; y fueron una exacta expresión en el Consejo de la movilización general a nivel profesional ; aunque expresión especializada y con el papel querido por el gobierno. En la verdadera dimensión extrajurídica de este histórico acto, el más colosal protagonista fue el público. Este colosal y problemático protagonista hasta la duda y la ira fue el proletariado sin rostro y de límites inseguros.

El patético " crescendo " del Consejo de Guerra, sesión tras sesión, tenía fuera de sí mismo tanto su profunda causa como la parte primordial de su desarrollo. En el frente más lejano del proletariado las más venerables instituciones habían sufrido una sacudida notable y el gobierno trataba de armonizar " el sentir " de las instituciones que parecía desmandarse por la conmoción. Pero esta armonía forzada lleva parejo la instrumentalización de la institución, su pérdida de carácter, no simplemente constitucional sino hasta el carácter tradicional -aquello por lo cual es respetada la institución aunque no quede en esta hora ningún motivo para tenerle el más mínimo respeto. Nos referimos concretamente al papel jugado por el Tribunal Supremo de la Nación. El día 10 de diciembre la más respetada -respetada en términos liberales- institución del país declaró no haber admitido el recurso de casación contra la decisión de la Audiencia de San Sebastián que se había negado a requerir de inhibición a la jurisdicción militar. Los impenitentes juristas sin duda le pedían el pan y la sal al Tribunal Supremo, máxima expresión de la juridicidad que tanto tiene que ver con la imparcialidad ; en el mejor de los casos, si los juristas no son nada ingenuos, pensando según criterios políticos de realidad, los juristas esperaban que a través de la aceptación del recurso de casación el gobierno tuviera una airosa salida en el nombre de la independencia de los "poderes" del embrollo político. El día anterior a esta declaración de parcialidad o de sumisión, como se quiera, el Consejo de Guerra de Burgos había terminado violentamente ; se había producido la Ruptura y los abogados habían sido desprovistos de la defensa por sus clientes y ni tan sólo pudieron informar. El Tribunal Supremo no es que se hubiera alineado con el poder. Estaba en donde siempre había estado : declaraba en el instante preciso en que el gobierno lo necesitaba que era un instrumento del poder gubernamental. El régimen ya había decidido contratacar frente al plante obrero, las manifestaciones en la calle y " la conjura internacional " expresada por la prensa, en la misma línea política dibujada el 18 de julio. A poco ni siquiera las palabras serían distintas. Con intermediarios o sin ellos la oligarquía ejercía un poder absoluto en su honda contextura sólo capaz de adecuar ciertos instrumentos modernos a una época cambiante. Si había " tecnócratas " disidentes el pulso lo tenían perdido desde el comienzo. ¿ Qué hacia el Tribunal Supremo, máxima encarnadura jurídica del orden burgués en la justicia burguesa? Está compuesto dicho tribunal por los mismos venerables juristas funcionarios del Estado español que tan cautelosamente llevan el asunto MATESA, que sólo procesan y con mucho cuidado a cabezas de turco o a ministros dimitidos. El sesudo y vergonzantemente gubernamental diario ABC no esperaría más. El mismo dia 10, con la noticia compuso un editorial diciendo " ésta es la legalidad española, no se hable más del asunto, el tribunal militar a su tarea punitiva ".

La Ceremonia Expiatoria -como tan exactamente se le ha llamado a este Consejo de Guerra, creemos recordar que por la abogada parisina señora Halimi, que fue expulsada de España mientras asistía como observadora a sus incidencias- tenía que estallar casi fatalmente antes de lo previsto aunque todo el mundo considerase que el estallido llegaría. La gestación del Sumario 31/69 había durado casi dos años por varias razones concitadas. Una de ellas, la técnica jurídico-militar (?) de la "amalgama " consistente en componer un cuerpo que resulte relativamente "coherente" de hechos y de responsables de actos aunque sean éstos de diferente índole para ofrecer el espectáculo del castigo al adversario político. Esta preparación exige sin duda una disciplina cuidadosa ; exige desproveer a las víctimas de toda la dignidad y la costumbre humana hasta convertirles en peleles recitativos. Pero en estos últimos años la tarea ha estado llena de vicisitudes y de obstáculos. No se les ha dejado preparar bien los ensayos. Se han denunciado las torturas, se ha llegado incluso a lograr el procesamiento de algunos policías-entrenadores ; se han alzado muchas voces, reuniones y congresos para liquidar la jurisdicción represivo-militar, el Decreto de Bandidaje y terrorismo y para abolir la pena de muerte: también algunos de los posibles protagonistas-víctimas lograron obtener la definitiva absolución que es la fuga de la cárcel... En fin, la composición de la amalgama iba a trancas y barrancas y no se podía trabajar bien entre bastidores.

La otra causa era exterior a la preparación " técnica " de la Ceremonia : No nos parece suficientemente probado a través de testimonios que el Ejército se negase en redondo a asumir el papel punitivo que durante una larga historia le había correspondido. Nos parece menos novelesco considerar que el régimen tenía que sacar adelante unos negocios políticos con el menor escándalo posible : entre ellos la Ley sindical cuya gestación transcurre en silencio gracias al inusitado clamor obtenido por el Consejo ; por otra parte el asunto MATESA y las negociaciones con el Mercado Común. El Consejo de Guerra era un explosivo de peligrosa manipulación. El desprestigio de la compañía organizadora estaba garantizado en cuanto se inauguraran sus sesiones.

Una vez comenzado, el régimen no se lo pudo quitar de encima y comenzó una doble escalada, dentro y fuera del Consejo ; sucedía que los amaños jurídicos entraban en la barrena de la trágica irrisión y lo que testimoniaba la Ceremonia era la agudización de la lucha de clases en España, la misma composición histórica de España, la oposición indiscriminada de las nuevas generaciones, la colisión de culturas que el fascismo había revelado sin pretenderlo, y sobre todo, la inutilidad patética del viejo tinglado represivo para atemperar a la oposición. A lo largo de las sesiones del Consejo, dentro de la sala militar y en la calle, todo hacía crisis vertiginosamente, en la sala se pronunciaban distintas palabras que las esperadas, que encima llegaban a todos los confines. El régimen también expiaba en esta Ceremonia ; sus representantes también recitaban el papel querido por sus víctimas.

Como sucede en todos los procesos políticos importantes los acusados se repartieron los temas y las actitudes a tomar ante el Consejo. Al contrario que en otras ocasiones en las que los acusados vascos se dirigían en su idioma al tribunal o se negaban a responder a la más mínima pregunta, con lo que naturalmente el asunto se terminaba ahí, en la pura negativa, esta vez, los acusados quisieron hacer un verdadero juicio político, que es el juicio explicativo de una plataforma política y de una conducta política. Los distintos frentes de actuación de ETA fueron más o menos explicitados. En resumen y según nuestro recuerdo -porque no tratamos de hacer una transcripción calcada del Consejo-, Gorostidi, obrero de Eibar, afirmó la índole proletaria y vasca de su ideología insistiendo en el hecho de la explotación y recalcando su solidaridad internacionalista con el proletariado español y con el del resto del mundo ; Uriarte y Larena, estudiantes de Ciencias económicas y de Medicina respectivamente, hablaron del frente político y cultural, negaron la acusación simplista de "separatismo" e insistieron en el papel que dentro del Estado español juega la plutocracia vasca como fundamental ingrediente de la oligarquía que posee el Estado. Según todos los acusados, estos " vascos " no tienen más nacionalidad que la del capitalismo internacional, colonizan su propio pueblo y en todo caso son menos vascos que los inmigrantes del resto de España que crean la riqueza en el País vasco, y en él son explotados. Echave y Calzada, sacerdotes, recabaron la necesidad del compromiso evangélico con su pueblo en lucha ; para ellos la acción política no era una negación de su ministerio sino una obligación incluida en su vivencia religiosa. A Echave el fiscal le preguntó por qué llevaba pistola cuando le detuvieron. Respondió que para defenderse de la policía. Otros tuvieron a su cargo el tema de adoptar una actitud frente a los militares que les juzgaban : se declararon prisioneros de guerra y se negaron a responder a ninguna pregunta.

Bajo estas condiciones intrínsecas al Consejo de Guerra la Ruptura se veía venir porque el gobierno no estaba en condiciones, ni le era idóneo, de consentir que los acusados convirtiesen " su juicio " en una plataforma política. El diálogo en que consiste todo juicio, hasta cierto punto era mantenido en términos estrictamente procesales por la defensa. La relación juzgador-juzgado consistía en dos monólogos que a lo largo de los siete días que duró la Farsa -con sus interrupciones " tácticas "- sólo iban a converger en el punto crítico de la Ruptura. Cuando Onaindia Nachiondo fue sucesivamente interrumpido, avanzó hacia el Consejo con el ya casi sacramental grito de " Gora Euskadi ", la policía trató de desalojar la sala, se cantaron himnos patriótico-revolucionarios y la Gran Ceremonia Punitiva estalló. La crisis política llevada a la luz por este Consejo se trasladó totalmente al exterior, a la calle.

Esto no quiere decir que la calle no fuera la gran interventora a lo largo y hondo de esta historia. Al día segundo de sesiones del Consejo ya incidían juntos sobre él dos hechos que la apertura del Consejo había generado : el secuestro del Cónsul honorario de la República Federal Alemana en San Sebastián, Eugen Beihl, y el Estado de Excepción decretado por el gobierno para Guipúzcoa. No tan sólo los iniciados en la información política sabían que al desmantelamiento policiaco de una parte importante de la organización etista había seguido una escisión, que me parece que estuvo siempre ideológicamente latente ; la noticia de la existencia de unos " duros " o "militares" frente a unos " políticos " o " comunistas " hasta la prensa española la había dado con profusión. La opinión pública -con las pistas que daban las declaraciones hechas por personalidades nacionalistas extrapirenáicas- atribuyó desde el primer momento el secuestro a los " duros ". Esto quería decir en principio que la causa del secuestro -la causa remota digamos- respondía a una visión muy particularizada de la extorsión política y entonces la escisión en el seno del movimiento ya no era una cuestión ideológica simplemente porque tenía inmediatos efectos tácticos que comprometían objetivamente a todo el mundo. El secuestro -al margen ahora de su valoración ética o utilitaria- también responsabilizaba al régimen tan celoso de prestar al mundo su imagen de cristiana energía, de orden y de país europeo ; pero al mismo tiempo le prestaba un argumento de moral formal ante una sensiblera burguesía tanto interior como exterior que como muy bien declaran los tupamaros no se escandaliza de que la policía torture al pueblo cuando lo tiene en su poder y se rasga las vestiduras cuando un diplomático que convive con el Estado torturador pasa unos días en compañía de los revolucionarios. Para todos los contendientes era éste un asunto de arriesgada manipulación ya que, además de los riesgos naturales que deben comportar este tipo de acciones, varios gobiernos estaban en la liza y seis penas de muerte en el aire. Además se revelaba que el espíritu numantino de la reacción española estaba vigente. Según este espíritu, muy acreditado por la historia, a quien más debía temer el Cónsul era al gobierno español " que nunca negocia con el honor " y que recorre con impavidez la senda de la justicia caiga quien caiga, como efectivamente insinuaban las declaraciones gubernamentales.

El secuestro producido el día primero de diciembre precipitó el Estado de Excepción en Guipúzcoa que sin duda por pura gracia de las consecuencias previsibles del Consejo de Guerra estaba preparado de antemano. Como otras veces, la provincia vasca fue rastrillada por la policía y por la guardia civil.

Las declaraciones y contradeclaraciones de las dos facciones etistas arreciaron, pero ninguna de las dos facciones parecía -al menos oficialmente- juzgar ni siquiura en términos practicistas el hecho. Al margen de las credenciales políticas de los secuestradores era indudable que por lo pronto en el medio objetivo de los efectos de la información, el tema del Consejo de Guerra también se extendía por este "rocambolesco" canal de la excitación internacional. " Anai Artea ", la entidad nacionalista vasca de apoyo a los refugiados políticos en Francia, se constituyó en un centro de información general y quizás de efectiva negociación política. Sensiblemente se iban produciendo otros efectos políticos que rebasaban el efecto material de la peligrosa anécdota. Ciertas personalidades de la democracia cristiana española se precipitaron suscribiendo una carta dirigida al embajador de Alemania condenatoria del hecho. Seguían en el fondo siendo fieles a una moral muy abstracta que la concreción del momento hacía un tanto irrisoria. Pero la moral abstracta sirve para destilar la política de la democracia cristiana. La carta sería en el fondo un nuevo ofrecimiento al señor Shell ; una patente de respetabilidad política para el futuro dirigida a los políticos bien pensantes de Europa. La mención en esta carta de algún defensor de los acusados de Burgos tuvo que ser desmentida por el afectado con lo que la única declaración pública de estos señores se encontró en un cierto entredicho. Es que lo que estaba pasando era tan grave y tan nuevos factores incidían que se desbordaban los gestos políticos tradicionales de la oposición. El desarrollo de la aventura iba también a superar a los propios secuestradores. El gobierno español entraba en una especie de frenesí que testimoniaba la prensa oficial no ya porque la rapidez de la marcha de los acontecimientos imposibilitaban a la policía española sus especializadas gestiones investigadoras sino porque el gobierno español estaba absolutamente marginalizado. En este asunto había sido condenado a la pasividad, era también una victima ; no podía controlar el evento. Y de tal manera fue así que el día de Navidad se encontró desarmado moralmente con la puesta en libertad del cónsul a cambio de nada, a cambio nada más que de lo sufrido y por el objetivo alcanzado por los enemigos del régimen. Con el cónsul apareció un comunicado suscrito por ETA. De él infería que o bien la divergencia táctica entre "duros" y "políticos" había sido superada en este punto, gracias a que la represión descabellada iniciada por el régimen conduce a las distintas facciones que surgen en la oposición a una cierta unidad en la práctica, o bien los " políticos " habían impuesto la manipulación política sobre la idea catastrófica. El comunicado, después de aludir a titubeos iniciales, afirmaba que el secuestro se había convertido en un acto de propaganda encaminado a " atraer la atención sobre la existencia de nuestro pueblo ", y que el objetivo había sido plenamente alcanzado. Para que no quedase ninguna duda sobre quien había decidido el final feliz rechazaba cualquier definición del pueblo vasco intentada sobre etiquetas racistas, y confesaban los redactores ser amigos del auténtico pueblo español y enemigos de los vascos de la casta dominante. Terminaban con una advertencia : si alguno de los de Burgos cae, la represalia será automática ; en el aparato represivo del Estado hay mucho hacia donde apuntar.

Con la mera enumeración de los acontecimientos exteriores a la sala de la Capitanía militar de Burgos y con los exteriores al mismo solar de España, se podía ir pensando desde el comienzo de las sesiones del Consejo que cualquier condena a muerte ahondaría el aislamiento real del régimen, lo que presuponía necesariamente que la oposición contara con la suficiente fuerza para que ese aislamiento fuera la antesala de su desaparición. El " Manifiesto de Montserrat " de los cerca de trescientos intelectuales catalanes encerrados en el histórico monasterio benedictino fue el documento político de la oposición que parecía más representativo y enérgico. El slogan " la lucha del pueblo vasco es la nuestra " y un contenido general pidiendo la constitución de un poder provisional que garantizase las libertades individuales y las nacionales de los pueblos de España, dio la señal al gobierno para suspender las garantías contenidas en el articulo 18 del Fuero de los españoles. Mediante ésta que fue llamada " miniexcepción " y que en realidad totalizaba dimensionalmente el estado de emergencia que estaba viviendo Guipúzcoa el régimen advertía que la policía tenía " públicamente " las manos libres en toda España. Como en el año 1945 -a diferencia de otros estados de excepción precisamente necesitados después del año 1945 cuando había que dar una apariencia de legalidad al verdadero Estado de policía duradero- el gobierno se hacía fuerte en el bunker político del 18 de julio de 1936 y amenazaba con su voluntad de resistencia militar frente a la " subversión interior " y la "conjura internacional", las dos voces mágicas. Por lo pronto contra " la conjura " poco se podía hacer. El Consejo de Guerra de ninguna manera podía ser popular en el mundo; y en este aspecto la espada tenía doble filo si se trataba de esgrimir el proceso de Leningrado ; las huelgas del proletariado europeo contra el Consejo de Guerra y el boicot de los estibadores franceses e italianos tuvo una respuesta pintoresca : un boicot ordenado por un ministro del gobierno español contra los buques franceses e italianos que en buena medida abastecen de materia prima a la industria paraestatal española. Era insólito que un ministro de gobierno incitase a una medida gravemente penada en las leyes de ese gobierno -contemplada la figura punible incluso en el Decreto de Bandidaje y terrorismo- como represalia contra una decisión adoptada por unos sindicatos libres en el seno de países capitalistas. Se trataba, pues, de una colosal rabieta.

Frente a la " subversión " y a " la conjura " brotó el reflejo perfectamente condicionado por la historia de la postguerra civil del " numantinismo " : las manifestaciones de adhesión a Franco, al Ejército... y a la policía. La trilogía institucional y salvadora de los buenos tiempos hispánicos había visto como el paso de los tiempos sustituía el elemento eclesiástico por el brazo del orden público ; era perfectamente sintomático ; la Iglesia -menos 23 obispos a la letra de una carta que apareció en una revista ultra- era muy sospechosa de deslealtad hacia sus salvadores terrenales. Todas las manifestaciones de adhesión cumplieron los mismos medidos pasos: convocatoria suscrita por las autoridades locales -en Vizcaya la oligarquía española versión local-, leva de agradecidos -los famosos " estómagos satisfechos " en el lenguaje popular español- y " lumpen " movilizable con el pollo frío envuelto en plástico, protección policiaca y misa previa en sufragio de los dos policías y el taxista todos muertos supuestamente por militantes de ETA. Conseguidos estos presupuestos materiales la manifestación salía a la calle con las banderas y pancartas desplegadas, llegaban al edificio oficial designado en la convocatoria, casi siempre el gobierno civil, y un joven falangista lanzaba una filial y agradecida arenga ; a continuación y todos en tono castrense, respondían el gobernador civil, el militar y el alcalde. A pesar de que cada ciudad tenía asignada su " cuota " de manifestantes a cubrir por la prensa, algunos diarios salvaron la honestidad recurriendo a un subterfugio : cómo las cifras de las agencias son contradictorias no damos número de manifestantes. De todas maneras el régimen no trataba de impresionar a los iniciados ; las manifestaciones de adhesión seguían cumpliendo la misma función diplomática que antaño. La masa movilizable, masa de maniobra del fascismo y citada en España por el poder fascista precisamente en virtud de ese amparo se distingue por su obediencia. Regresaron sus componentes a casa desgañitados y no salieron más a la calle. En Euskadi no resultó nada bien el número. En Bilbao se encontraron con una contramanifestación en distintos puntos de la ciudad ; en Pamplona, la secretaría carlista del duque de Parma había prohibido a sus fieles adherirse al coro, y en San Sebastián el gobierno fue comedido, ni siquiera hizo la convocatoria.

Ya no estaban vigentes los mismos alineamientos de la guerra civil a los cuales recurre el régimen en los momentos de peligro. De estos viejos alineamientos sólo procedía la masa de lazzaroni siempre encadenados al carro del poder, pero nada más. Los diarios fascistas podían titular la fiesta como " la respuesta de España " con lo que corrían el riesgo de negar su propia negación, que en " Euskadi " no había ningún español que respondiera favorablemente al sistema político vigente. El ministro de Justicia, señor Oriol, había leído el verdadero pregón de la contraofensiva gubernamental en una Asamblea de sargentos provisionales celebrada en Vitoria ; ese pregón, casi con las mismas palabras lo continuaron el señor Bau, presidente de la comisión de leyes fundamentales de las Cortes, y el señor Sánchez Bella, ministro de Información y Turismo. Deben de ser citados a título de diagnóstico sicopolitico. ¿ En dónde quedaba la imparcialidad de la ley y la imparcialidad de la información? Las palabras fueron las mismas de los tiempos de "la Cruzada". Por ejemplo : " Muchos olvidan que este régimen ha defendido gratis, como siempre, a la Cristiandad " -lo dijo el presidente de la comisión de las leyes fundamentales, el gestor de la constitución-; claro que se reafirmaba que la guerra civil no había sido enterrada pero la inquietud se infiltraba sobre la marea verbalista : Emilio Romero, el director del diario Pueblo hacía un llamamiento al " rearme político ", porque " ¿ qué va a pasar cuando Franco falte? " Esta constatación liquidaba toda la farándula.

El inevitable discurso de las ocasiones solemnes, el del vicepresidente del gobierno, fue pronunciado el día 21 de diciembre. Los anteriores habían cumplido con la virtud política de la reacción : machacar el yunque. Carrero Blanco dio un matiz más concreto a la gran oración y a su tono wagneriano de la intangibilidad patria : " Hay que fortalecer la potencia militar y aumentar la paga del soldado ", " la guerra subversiva amenaza ". Era el momento, al fin y al cabo, de satisfacer las reivindicaciones expresadas por esa gran incógnita hasta cierto punto que constituye el Ejército español; la reivindicación de las armas y la reivindicación del salario. Las masas y los acontecimientos estaban presionando al poder y parecía tomar forma de nuevo el fantasma del aislamiento ; el Ejército pechaba bien con el duro encargo del Consejo de Guerra y se dejaba utilizar como argumento de urgencia. Aunque supongamos que el grueso de la oficialidad no se sienta vinculada al 18 de julio es bastante para los intereses actuales del sistema político insistir en que hay una conciencia adquirida del arbitraje político y de defensa del orden constitucional que fue generado el 18 de julio y creado por los protagonistas del pronunciamiento. Esta es la trampa de la mediatez puesta en vigencia cuando se necesita: se desata el griterío de la masa de maniobra del fascismo doméstico, se fuerza la unidad gubernamental, se apela al Ejército que es bastión del Estado, y después, ya será posible reintegrarse a la decencia de la derecha europea.

Puede que ahora el procedimiento de la " justicia militar " española sea el mejor conocido del mundo. Al margen del procedimiento todos los trámites dibujan la silueta de una nube de cobertura jurídica para el control gubernamental de procedimiento y para la decisión final. Señalábamos que en esta ocasión el mecanismo de la " justicia militar " no había podido ser accionado con la precisión e impavidez de otras ocasiones. Un Consejo de Guerra de materia política si consiste en una maniobra punitiva y ejemplarizadora, terrorista, contra el pueblo disconforme, debe sorprender al pueblo o debe considerar que el pueblo está inerme. De lo contrario puede ser un suicidio premonitorio para el poder que organiza la Farsa. En este caso, lo que nos parece más sorprendente es que el régimen parecía estar muy seguro de su capacidad para capear el temporal. Esto es lo que habrá que someter a una rigurosa crítica. De todos modos, el Consejo de Guerra, si procesalmente ha alcanzado su punto final, políticamente es un punto de arrancada.

Por lo narrado, las causas que perturbaron desde su comienzo el funcionamiento del mecanismo represivo enumerativamente son las siguientes (hurtándonos a que el orden signifique una valoración) : La fulminante detención del trabajo prácticamente total en la industria vasca junto con el repentino colapso en la vida ciudadana de la mayoría de las ciudades vascas, cierre de los comercios y manifestaciones en las calles. Huelgas irregulares en otras provincias del Estado. La inmediata solidaridad del proletariado internacional, sobre todo a través del sindicalismo europeo. La expansiva publicidad dada por la prensa extranjera. Las gestiones y acciones de las personalidades de la burguesía interior y exterior y de algunos gobiernos burgueses. Ciertas declaraciones del Vaticano a pesar de la ambigüedad, acreditada por su diplomacia y también las más o menos metafísicas intervenciones de los dignatarios de la Iglesia. El modo propagandístico de operar sobre el asunto de la liberación del cónsul secuestrado.

Más que una realidad estimada analíticamente fue una experiencia visual percibir cómo el Consejo de Guerra iba renqueando conforme los antedichos factores se desataban. Hasta los cambios de humor de la presidencia del Tribunal Militar, la enfermedad del ponente, la decisión negatoria del Tribunal Supremo de la nación, y ante todo, la incertidumbre de la mortal noticia, dependían más o menos de los acontecimientos enumerados y de la valoración política que de ellos hiciera -o iba haciendo sobre la marcha- el gobierno.

Este gobierno parecía titubear en cuanto al manejo que estaba haciendo del aparato punitivo y de la decisión que debía brotar de esta máquina. Nos parece, sin embargo, que resultaría ilusorio pensar -una vez más- que el gobierno titubeaba en la esencia de su propio poder sobre la nación y hasta en su uso. Muertos y heridos los hubo fuera de la sala, en las calles vascas. Los viejos y disparatados mitos alcanzaban una circulación práctica para las necesidades de la índole fascista del poder. Ahora, después, es cuanto sabemos que se desataba la tempestad en el laboratorio del gobierno para que el Gran Oficiante la aplacase con un gesto. Parece como si sólo a algunos sectores de iniciados de la oposición les interesase percibir una acusada diferencia entre duros y no duros en el seno del poder, entre generales que leen libros y generales que no los leen. Si es que es una cuestión de posiciones en el tablero, posiciones intercambiables, y no una marca para toda la vida, parece que las posiciones en el poder iban siendo homogéneas.

En cuanto al primer factor enumerado, la movilización obrera interior, va a constituir inevitablemente un tema polémico. Pretendemos destacar una ausencia tan sorprendente como sintomática, aunque hubo otras muchas : la de la clase obrera asturiana. El proletariado asturiano no movió un solo dedo en favor de los procesados y Asturias, a lo largo de su historia, ha sufrido con prodigalidad farsas judiciarias de la misma índole. El experimentado proletariado asturiano en huelga casi continua desde los últimos años es también generoso en solidaridad, pero esta vez, bien un género profundo de sabiduría de cara al futuro, bien un elemental rechazo de la noticia que atribuye a los revolucionarios vascos un separatismo rabioso, bien que este proletariado estuviera detenido en su esfuerzo económicamente reivindicativo, o bien que sus organizaciones no fueran capaces de movilizarle, el caso es que el proletariado asturiano se mantuvo en plena normalidad.

Por alguno de estos supuestos o por todos juntos y combinados funcionaría el rechazo previo de cualquier monopolismo sobre una dudosa victoria de las organizaciones revolucionarias, tanto como la necesidad de contribuir críticamente al estudio de estos días y de su tema raíz.

Para el proletariado vasco el asunto era vasco y de clase al mismo tiempo y la dimensión del reto gubernamental se vivía en términos estrictamente políticos. Había una corresponsabilidad vivida particularmente con el drama de los acusados que era exacta figuración del drama de toda España.

Nos parece que las organizaciones proletarias en el resto de España tuvieron demasiadas dificultades para hacer saltar a la clase obrera por encima de sus necesidades reivindicativas, pero también por encima del propio programa de estas organizaciones. Puede que estos días demuestren que la perspectiva política de las organizaciones revolucionarias era una perspectiva de urgencia y no una política capaz de articular lo urgente en un contexto revolucionario general. La movilización en Cataluña fue esencialmente burguesa salvo meritorias y periféricas exclusiones, y el problema de Cataluña no se aleja en lo esencial del agregado de pueblos que es España, de Euskadi. Pero las " alianzas " funcionaron en el nivel que la burguesía demandaba o creía posible.

En otras importantes ciudades no ocurrió absolutamente nada. Pero es innegable que España vivió una acusada crispación. Lo que sucedió es que esta crispación no podía ser articulada en acciones concretas. Las masas sufrieron la orfandad y las anquilosadas fórmulas. No seremos tan ingenuos, suponiendo que el gobierno no contabilizaría la ira y la orfandad. Pero la ira popular es peligrosa y sobre todo no deja gobernar: la ira popular exige desde el punto de vista del Poder Despótico el orden público. Cuando todo este periodo alcance la serenidad que la distancia proporciona se oirá decir justificativamente que hubo una cierta astucia de la oposición revolucionaria que ahorró sangre. Ahí estaba tremolando el fantasma del Ejército. ¿ Pero no es demasiado burda la respuesta ? ¿ No había otros medios ?

Y casi tan de súbito como brotó la anonadadora sentencia de las nueve penas de muerte, éstas fueron conmutadas. El epílogo de la Farsa salió medido y correctamente interpretado por todos los personajes. No faltaron, desde luego, los matices de la sorpresa bien dosificados para el espanto y el solaz del público. Cuando fue publicada la sentencia terrorífica, tan fulminantemente como en el primer acto se repitió el colapso laboral y ciudadano de Euskadi, arreció la movilización de los sectores y cuerpos profesionales que antes se habían movilizado; la base fascista ya no tenía fuelle para alzar de nuevo el grito de apoyo al gobierno y la pancarta, y prudentemente se la mantuvo en la calle no fuera a estropear el epílogo. Aunque las protestas oficiales del exterior se pronunciaron más enérgicamente que nunca, el paralelismo publicitariamente eficaz del juicio de Leningrado mediatizaba la campaña de prensa y permitía a los medios informativos del régimen redondear la ceremonia coral consistente en explicar que el Estado moderno necesita hacer justicia hasta la extremosidad del asesinato. El juicio de Leningrado permitía relativizar el hecho revolucionario.

Y, reunidos el gobierno y acto seguido el Consejo del reino, Franco indultó. Especulaciones inmediatas que quizás duren bastante tiempo fueron si el indulto había sido dirigido contra la presión excesiva de algún sector ultramontano del Ejército y contra un sector numantino de la base fascista. De todos modos resulta arriesgado suponer que en España el indulto en estas condiciones contempladas resulte una medida de equilibrio.¿ Qué fuerzas se equilibran ?

El Gran Oficiante, mudo hasta entonces, sale a la escena y domeña las fuerzas antagónicas que él mismo ha desatado. Y el reino se salva con ejemplaridad y clemencia. Pero también hay Farsas conseguidas con epílogos insólitos, insospechados para el mismo Director, y hasta con múltiples soluciones, y hasta contra el mismo Director de la Farsa. Por fin, en la misma Nochevieja vimos al Gran Oficiante cubierto con una máscara cerúlea brotar sobre su propio oscuro maniquí y no decir nada ; decir lo de siempre, lo mismo que en casi todas las ocasiones de su largo oficio, y durante todas las farsas, con muertos sobre el escenario casi siempre, aunque ahora con un final relativamente feliz ya que las cabezas se han salvado aunque no todavía la existencia. Pero esta vez el Gran Oficiante parecía, por primera y verdadera vez, ni siquiera estar en este mundo.

Euskadi, enero de 1971

In Cuadernos de Ruedo ibérico nº 28/29, diciembre-marzo 1971