Público/EFE Madrid 25/03/2009
El próximo 1 de abril se cumplen 50 años de la inauguración del Valle de los Caídos, en cuya historia indaga el periodista Fernando Olmeda en un libro que pretende combatir «el desconocimiento» existente en torno al más emblemático símbolo de la dictadura franquista.
«Era una labor necesaria y un reto, porque el problema que ha habido es el desconocimiento», afirma Olmeda en una entrevista con Efe, tras constatar que no había ningún libro monográfico completo.
«El Valle de los Caídos. Una memoria de España» (Editorial Península), rescata, según su autor, «episodios absolutamente inéditos y aporta nuevos datos sobre los más controvertidos» gracias a que tuvo un acceso completo a los archivos existentes.
Olmeda atribuye a Francisco Franco la idea de su construcción «para honrar la memoria de los caídos del bando vencedor», edificación que comenzó en 1940 según un proyecto de Pedro Muguruza y Diego Méndez, y en la que trabajaron miles de presos republicanos, junto con obreros y también presos comunes.
Allí reposan los restos mortales de 33.846 combatientes de ambos bandos enfrentados en la Guerra Civil (1936-1939), junto a los de Franco y José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española.
Para recibir sepultura, entre los requisitos era obligado ser español y católico (estar bautizado), pero, según recoge el libro, hay al menos dos extranjeros sepultados en el Valle de los Caídos, el legionario holandés Lamberto Dellmijn Chenalaar, fallecido en el frente de Aragón el 26 de octubre de 1936, y el chileno Juan Francisco Jiménez, ejecutado en el castillo de Montjuic el 25 de junio de 1938.
Para Olmeda «la enorme carga simbólica del monumento ha provocado que los españoles nos acerquemos con el corazón más que con la cabeza al monumento», además de haber recibido información del mismo solo a través del NO-DO durante 40 años, desde la perspectiva del régimen.
Luego, «no se ha completado esa perspectiva del monumento en los últimos años» y de alguna manera «ese peso enorme, simbólico, ha disuadido a los investigadores a acercarse con normalidad».
«Yo intenté acercarme sin ideas preconcebidas, predispuesto al hallazgo, y encontré», destaca el autor, que dice que lo que más le impresionó en su investigación fueron las cartas de los familiares de desaparecidos enviadas a las autoridades o al propio Franco para pedir ayuda para encontrar a sus seres queridos.
Olmeda recorre siete décadas de la historia reciente de España desde el momento en el que Franco concibe la idea de «construir un gran monumento nacional que desafiase al tiempo y al olvido».
«Si en algún momento Franco o el régimen pensaron que iba a ser un monumento a la reconciliación, creo que se equivocaron de modo estrepitoso, porque realmente el monumento ha sido fuente de conflicto a lo largo de la historia».
Sostiene que «hay una abrumadora mayoría de documentos en los que se habla de caídos por Dios y por España, caídos (en el frente) y mártires (asesinados en zona republicana).
«Sólo cuando a Franco le interesó -añade Olmeda- cambió el discurso y se apropió del término reconciliación que ya estaba manejando la oposición política e introdujo en la propaganda oficial el término reconciliación. Ese es el origen de que posteriormente se haya hablado de un monumento para todos los caídos».
«Media España lo cree así, pero la otra media no, por lo tanto no parece que esa idea calase en el pueblo español», agrega.
La Ley de la Memoria histórica, aprobada en 2007, y que contempla el uso religioso del recinto y prohíbe las manifestaciones políticas y la exaltación del régimen franquista, «no es el final del camino, sino el principio», sostiene Olmeda, que opina que «tanto el monumento como la sociedad española merecen soluciones a futuro», como la instalación de «un museo que cuente su historia» como ocurre en otros «lugares de la memoria» de distintos países.
Cada año, decenas de miles de personas visitan el Valle de los Caídos, ubicado a 57 kilómetros de Madrid, y que en 2008 recibió un total de 369.877 visitantes, según cifras de Patrimonio Nacional.
El libro incorpora datos nuevos, como los intentos de fuga, incluida la evasión simultánea de once presos en la mañana del 11 de septiembre de 1944, más allá de la ya conocida protagonizada por Manuel Lamana y Nicolás Sánchez- Albornoz.
También recoge el paso de ilustres visitantes, como el actual Papa Benedicto XVI, quien lo visitó el 7 de julio de 1989, entonces como Joseph Ratzinger, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Y describe la profunda admiración que despertó en el dictador chileno Augusto Pinochet cuando éste asistió en 1975 al funeral de Franco, según recuerda -y recoge el libro- Lorenzo Olarte, que en su calidad de presidente del Cabildo de Gran Canaria y Gobernador Civil en funciones recibió en el aeropuerto grancanario al mandatario chileno que hizo escala allí.
Fernando Olmeda (Madrid, 1962), ejerce el periodismo desde hace 27 años y ha desempeñado principalmente esa labor en la Cadena Ser, Telemadrid y en los informativos de Telecinco.
María Luisa González
Una ley franquista rige todavía el Valle de los Caídos
Diego Barcala, Público, 12.9.2010
La tumba de Franco y de José Antonio Primo de Rivera permanecen inalterables al paso del tiempo. Al cuidado de un grupo de monjes benedictinos, tal y como lo dejó escrito en el BOE el general golpista el 23 de agosto de 1957: «Un magno monumento destinado a perpetuar la memoria de los Caídos en la Cruzada de Liberación para honra de quienes dieron su vida por Dios».
Ese decreto-ley rige todavía hoy la actividad del mausoleo y permite, entre otras actividades, que los monjes, todavía afines al franquismo, reciban del erario 340.000 euros para mantener una escolanía, gestionar una hospedería, alquilar salas del recinto para sectas ultracatólicas o acoger campamentos de verano. Además, gozan de total autonomía para sus negocios bajo el paraguas económico de Patrimonio Nacional, que paga el mantenimiento de las colosales instalaciones, su seguridad o el acondicionamiento de los accesos, pero no obliga a la abadía a rendir cuenta alguna sobre sus actividades.
Pese a la amplia independencia de la que gozan los monjes, las asociaciones neofranquistas pusieron el grito en el cielo cuando el Gobierno se plantó el pasado abril y ordenó el cierre de las instalaciones para la seguridad de los turistas después de que se produjeran varios desprendimientos de las esculturas del recinto. Desde entonces, la basílica sólo está abierta al culto y la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos ha recurrido a la Justicia el cierre.
La Hermandad de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, agitada por el abad Anselmo Álvarez, tilda al Gobierno de actuar como «los talibanes o como los antiguos faraones que, en su insana soberbia, nada más llegar al poder, ordenaban picar o destruir toda referencia a lo anterior». Sin embargo, en los planes del Ejecutivo no se vislumbra ningún cambio de los poderes que el decreto de 1957 otorga a los curas. Fuentes del Gobierno aseguran que en los planes de actuación para el recinto no aparece la posibilidad de aprobar otro real decreto que invalide el franquista en vigor.
Lo que sí forma parte de los planes del Ejecutivo es la remodelación de los colosales conjuntos escultóricos de Juan de Ávalos . El cierre de las instalaciones impide a Patrimonio Nacional ingresar cerca de un millón de euros anuales. En el último ejercició, la venta de entradas y la concesión de la tienda de recuerdos dejó en las arcas de Patrimonio 915.873 euros, según los datos de Presidencia del Gobierno.
Reuniones de los kikos’
Las mismas fuentes desconocen lo que ingresa la abadía por alquilar a partir del próximo 15 de septiembre las instalaciones de la hospedería a los fieles del integrista Camino neocatecumenal, más conocidos como los kikos, por el nombre de su fundador Kiko Argüello. Tampoco explica el abad lo que ha ingresado por el campamento de verano que el colegio privado St. Michaels School ha anunciado en prensa estos meses como «el mejor lugar del mundo».
«Patrimonio Nacional es competente para la conservación, mantenimiento y seguridad del recinto», explica la disposición tercera de la ley 23/1982, reguladora de la entidad. Nada más forma parte de sus competencias. En 1984, el Gobierno de Felipe González trató sin éxito de rediseñar la gestión del recinto con una comisión. El intento fue en vano, como lo volvió a ser en 2007 cuando la Ley de la Memoria Histórica tampoco pudo menguar el poder de la abadía. Esta vez fue el grupo de CiU, presionado por los benedictinos de Montserrat, el que imposibilitó el cambio de estatus.
Desde 1957, la costosa obra excavada a la roca del Risco de la Nava con la ayuda de presos políticos no ha parado de sangrar a las arcas públicas. La última factura se emitió en 2004, durante el Gobierno de José María Aznar. Un concurso público por valor de 2.345.513 euros remodeló el funicular inaugurado en 1975 para llegar a la base de la enorme cruz. Esa instalación permanece ahora cerrada para evitar que algún desprendimiento de los evangelistas rompa la crisma a un turista.