«El poder, por su propia naturaleza, puede decidir su propio destino y no está obligado a entablar una vasta confrontación de ideas de donde podrían desprenderse las líneas de fuerza de un consenso cuyo lugar, en rigor, puede ocupar la defensa de los intereses establecidos y de las posiciones adquiridas (1)»
La «oposición política antifranquista» (2) no esperaba que el general Franco, saludable anciano, falleciera de repente, sin previo aviso, a la temprana edad de 83 años. La oposición política antifranquista no tuvo tiempo para asentar los supuestos materiales de una alternativa de gobierno democrático, aunque esa teórica alternativa constituyese desde siempre su objetivo declarado. No tuvo tiempo aunque para ello dispuso de treinta y cinco años. A nadie debe, pues, extrañar la ausencia de la oposición política antifranquista del proceso sucesorio del dictador.
La parsimoniosa, quebrada y zigzagueante marcha hacia la democracia de la oposición política invita hoy a afirmar que erró el camino, que erró siempre el camino. La parcelación de los objetivos en cada uno de sus momentos históricos, la escisión entre fines y medios, la confusión entre táctica y estrategia que fueran la característica fundamental de la práctica política de la oposición política, justificada sempiternamente en nombre de la razón y de la eficacia, se ha saldado por un fracaso total, precisamente en el momento en que ella situaba sus posibilidades óptimas de intervención en el hacer político de la sociedad dominada por el Estado franquista: la desaparición del dictador. Se ha saldado, también, por una acentuación de la dicotomía entre la red de sus maniobras «políticas» y el hacer político -permanente, cotidiano- de las clases y grupos oprimidos por aquel Estado.
Se ha saldado, por añadidura, con la desmovilización en el momento decisivo de buena parte de los oprimidos, al empujar a éstos a un atentismo sin justificación real.
Las maniobras de la oposición política echaban ancla y han contribuido a anclar a las clases y grupos oprimidos en «verdades» políticas remedos de aquella («Ganemos primero la guerra y ya haremos después la revolución») ya lejana, de tan negativas consecuencias. «Acabemos con Franco que ya habrá tiempo después para atacar al Estado franquista y al sistema capitalista dominante». «Ganemos la batalla en el terreno de la política y ya se modificarán después la ideología y las instituciones que sostienen al sistema». «Acometamos primero las reformas democrático burguesas y se plantearán después las socialistas». Coletilla expletiva de algunas de las fracciones de la oposición política el segundo miembro de esas frases. Es decir: más débiles que el enemigo en armamento «clásico», luchemos contra él limitándonos al empleo de semejante armamento.
Pocas han sido las organizaciones del conjunto de la oposición política que no han estado inmersas en ese planteamiento, enraizado en los grupos de pretendida vocación socialista en el análisis «leninista», que en los últimos tiempos ha alcanzado extremos de mala caricatura.
Si hubo un tiempo en que la consecución de libertades formales aparecía ligada a reformas de base, mejor o peor planteadas, dirigidas a recortar el poder de los grandes terratenientes y de la oligarquía financiera, si hubo un tiempo en que no se concebía que fuera posible alcanzar un objetivo como el que constituye la «amnistía» sin exigir responsabilidades a verdugos y opresores, sin alterar las bases del funcionamiento de los cuerpos represivos, hoy la oposición política antifranquista, convertida por la muerte del dictador en «oposición democrática», ya no habla de reformas agrarias, de nacionalización de bancos e industrias de base, ni de exigencia de responsabilidades a los implicados en la represión bajo el franquismo. Residuos obsoletos del pasado que todavía duermen en los programas de algunos de esos grupos en espera de su desahucio total. Pidamos, roguemos sólo, amnistía y libertades formales, y pidámoslas al Estado cuya razón de ser es precisamente negarlas y satisfacer su demanda con productos adulterados. Objetivos desencarnados de tal suerte, en nombre del realismo y de la eficacia, que se han convertido en utópicos, pues nada más utópico hay que pretender modificar un resultado sin alterar los factores que intervienen en el cálculo. Aquí emerge la antinomia entre los objetivos políticos confesados, arrojados como pasto a las tropas que se pretende reclutar, y los objetivos políticos perseguidos en realidad.
La oposición política tomó como punto de referencia de sus maniobras la persona del dictador. Este y su Estado constituían una unidad indivisible que se derrumbaría totalmente a la desaparición de aquél. La hipótesis de que el Estado franquista sobreviviera a la muerte del dictador que lo encarnaba era eliminada automáticamente por la visión que de tal Estado imponían los objetivos políticos perseguidos. De esa visión llegaron a contagiar a fracciones del propio conglomerado en el poder. ¿Qué otro sentido tiene el empeño en prolongar la vida de Franco cuando su incapacidad para gobernar era ya manifiesta ante la opinión pública? ¿Pero qué otras causas puede tener el escaso poder, el escaso esfuerzo, incluso, movilizador de la oposición política a lo largo de la intermitente y lenta agonía (año y medio) del general Franco?
Definirse en función de un talismán era no sólo cómodo sino imprescindible para una oposición política que intenta pactar con las fuerzas sociales que sirven de base al régimen, al Estado franquista, ofreciendo a éstas colaboración para la creación ex nihilo de una nueva legalidad de la cual no verse excluida. Cierto es que sólo en el estricto marco de la negociación con los representantes políticos -legítimos o espúreos- de aquellas fuerzas, pueden los diversos fragmentos de la oposición política seguir pretendiendo al monopolio de la representación de los oprimidos, al monopolio del papel que se arrogan de trujimanes entre éstos y los dominadores. En sí misma, esta estrategia -o táctica- elimina toda posibilidad de vacío político, de solución de continuidad: la por ellos mismos tan cacareada «ruptura democrática».
Si como proclamaban insistentemente los órganos de expresión de la oposición política, el general Franco monopolizaba el poder, ejercía una dictadura omnímoda en contra, incluso, de los intereses profundos de la mayor parte de la burguesía, ¿qué ha pasado con ese poder absoluto una vez muerto el dictador? ¿Dónde se ha manifestado el «vacío de poder» que ineluctablemente iba a crear la desaparición del general Franco, y que se ofrecían a colmar generosamente Juntas y Convergencias democráticas? ¿Qué avatar o qué carencia ha empujado a los representantes políticos de la clase dominante a compartir el gobierno con las fuerzas «democráticas» para salvar el Estado, su Estado, como proponía la Junta Democrática en su documento programático constitucional? Los representantes políticos de la clase dominante no se han visto obligados a llenar vacío alguno, porque la desaparición del general Franco no dejó vacío político. Los representantes de la clase dominante y sus agentes (aparato represivo en el más amplio sentido) han seguido instalados en el terreno que les era propio, el Estado franquista, que se mantiene intacto, «atado y bien atado», muerto el dictador, el hombre «carismático, insustituible» que lo cimentó. Intacto e irreformable por su propia naturaleza. La expectación que precedió al nombramiento del primer gobierno de Juan Carlos de Borbón (enésimo gobierno franquista), las cabalas en torno a su posible composición, a su «dosificación», no tenían justificación alguna, y abandonarse a ilusiones fundadas sobre tales bases hubiera sido suicida para cualquier oposición auténtica. La composición del segundo gobierno de Arias -las personalidades cuentan poco en este caso y el abanico disponible de las mismas sumamente amplio- es la única que podía secretar el Estado dejado en pie por la muerte de Franco. El gobierno de Arias es el exponente prístino de quien detenta el poder en la sociedad española. Y su programa, despojado de ajados oropeles, es en esencia -«apertura continuista»- el mismo del último gobierno de Carrero, el mismo del primer gobierno de Arias, el mismo de la conjunción Fraga-Opus Dei de 1962, el mismo del gobierno «monocolor» de 1969.
Un primer ministro irremediablemente vinculado al pasado, al presente y al porvenir, en consecuencia, del conjunto del aparato represivo franquista; una vicepresidencia, pero no un ministerio de Defensa nacional, a la burocracia militar; una vicepresidencia y los ministerios económicos, pero no la presidencia, a la oligarquía financiera, grupo hegemónico de la clase dominante; la Justicia y los Asuntos exteriores para los más caracterizados representantes del capitalismo estadounidense; para la burocracia represivo administrativa, la vicepresidencia puntera, la de la propia «apertura». La militancia acenepista de varios ministros garantiza el statu quo entre el Estado y la jerarquía católica, que con sus declaraciones de «neutralidad política» confirma el cardenal Enrique y Tarancón.
Ni siquiera quedan recortadas las prerrogativas de la burocracia falangista en tanto que tal, pues -masa burocrática- ésta está dispuesta a pagar cualquier precio «ideológico» para seguir incrustada en el aparato del Estado. Y para facilitar su adaptación, en los límites que puede exigirle el Estado franquista, dispone de los hombres que exige la coyuntura.
La estructura del Estado franquista hace de él un bunker de cara a la sociedad, de cara a las clases y grupos oprimidos. Pero hace de él igualmente, al mismo tiempo, un espacio pautado suficiente para impedir las veleidades centrífugas que pudieran animar a algunos de sus moradores, un espacio pautado que impone la negociación entre ellos. El poder, arbitrario y arbitrador, que detentaba el general Franco, se diluye ahora entre las piezas esenciales de su Estado: el rey (que no nombra materialmente primer ministro), el jefe de gobierno (que no designa en realidad sus ministros), el Consejo Nacional (que propone y veta), las Cortes (que no legislan), la burocracia represiva (administrativa, judicial, militar, policiaca, sindical...), base demográfica del Estado, y el complejo legal dejado a su disposición, de imposible modificación sin romper sus líneas esenciales. La negociación, el juego entre esas piezas sólo puede abocar, en ausencia de una presión política eficaz de la sociedad sobre su conjunto, a desenlaces que favorezcan a la clase dominante también en su conjunto.
Desaparecida la superestructura dictatorial -no como resultado de un proceso revolucionario, ni meramente político, sino por sus propios determinismos biológicos-, el carácter autoritario del régimen franquista se mantiene intacto, despojándose de parte de su vulnerabilidad. El «antifranquismo» puede ser diluido en un movimiento fácilmente manipulable por las fuerzas políticas más auténticamente burguesas, cuando de ello tengan necesidad, lo que todavía no es el caso. El antifranquismo a secas empieza ya a ser tolerado (3).
Disipado el espejismo del catastrófico «vacío de poder» que debió crear la muerte del dictador, ¿en qué aguas va a nadar la oposición democrática, hacia qué puerto poner rumbo? Numerosos son ya los mass media en que hoy confluyen las exposiciones de proyectos de futuro político de quienes ocupan el Estado franquista y de quienes pretenden invadirlo -para mejorarlo, para adaptarlo, para reformarlo, para destruirlo... A juzgar por las declaraciones que consienten, por las colaboraciones que procuran a tales mass media, los más conspicuos representantes de la oposición democrática -González y Tierno Galván, Ruiz Giménez y Gil Robles, Sánchez Montero y Camacho- hay un acuerdo, una convergencia como ahora se dice, entre las diversas componentes de tal oposición. Hay que ir, vamos ya, de la dictadura personal a un sistema democrático más o menos parecido a los que rigen en Europa occidental, «sin saltos en el vacío» - si hubo un tiempo en que se hizo la oferta de llenar el «vacío», ahora se abandona toda tentación de crearlo. Ya somos europeos y casi norteamericanos. Pero, ¿en qué país europeo es posible una tercera restauración monárquica y la expectativa de una cuarta? La ambigüedad del gobierno de Juan Carlos de Borbón, porque así lo quiere la oposición democrática, actúa como válvula de seguridad del régimen. Sus ministros alternan públicamente con líderes de la oposición y los desplazamientos de algunos de ellos son facilitados porque brindan a sus correligionarios europeos el pretexto hipócrita que éstos necesitan para levantar el entredicho que todavía pesa sobre el Estado español. Además de sus propios embajadores ante los Estados europeos, el Estado franquista dispone en tales líderes de embajadores ante las fuerzas políticas que gobiernan aquéllos. Porque la permisividad manifiesta un declive caracterizado. Instrumentalizar la oposición en provecho de los fines que se asigna el gobierno actual. Durar, en la medida de lo posible sin concesión legal alguna. La maniobra, por burda que sea, adquiere credibilidad por la reacción que provoca en el conjunto de la oposición democrática.
«El paso en falso de Fraga lo espera todo el mundo y sería engañarle ayudarle a creer que está en condiciones de dar pasos en firme. Cuando se dice: el país pide esto o aquello, no sé muy bien si se dice algo con sentido. Se suele hablar de «el país» para enmascarar entidades más pequeñas: uno mismo, un grupo de amigos, una secta, un partido. Pero creo que en la España actual sí se puede emplear la expresión «el país pide soluciones firmes y no medio kilo más de provisionalidades», esa tonelada de provisionalidad que se está acumulando como una inútil y posiblemente dramática ganga desde la promulgación de la Ley orgánica. Durante años hemos visto legislar y sancionar para no perder el pasado, perdiendo ley a ley el futuro, mixtificando sanción a sanción el presente. Desaparecida buena parte de la hipoteca de la excepcionalidad, ¿quién está en condiciones de acabar con el resto de la hipoteca? Autoimposibilitado para apoyarse en las fuerzas realmente democráticas, hostigado por los que no han sabido ni siquiera falsificar la democracia, progresivamente odiado por los que temen cualquier nivel o brizna de democracia contaminadora, el desafío Fraga puede ser un sainete, pero también una tragedia. Como espectáculo merece la pena, si no corriéramos el riesgo de que el espectáculo se nos cayera encima.» (4)
Profético quizá.
La oposición democrática cerró los ojos ante los componentes ideológicos incrustados durante treinta y cinco años de franquismo, ante el desarme informativo, ante las consecuencias de la desorganización, ante el medio que engendraron las matanzas de los diez primeros años de franquismo y la permanente represión mantenida hasta nuestros días (5). Para maniobrar en el terreno que cree recibir prestado del Estado franquista, la oposición democrática omite en sus esquemas que la madurez o inmadurez política no es una situación ajena a las políticas que se proponen, a las posibilidades y obstáculos que se manifiestan ante los pueblos en cada coyuntura histórica. Angustiadamente aceleradas desde mediados de 1974, las maniobras políticas de la oposición democrática han tenido un exclusivo carácter preelectoral, concretado en dos alianzas inoperantes: la Junta Democrática y la Convergencia Democrática. Y haciendo suya la explicación oficial, confunde sus efectos en los oprimidos con la madurez política. Sólo esto, la incapacitaba para canalizar políticamente la energía liberada en ciertas zonas de la sociedad por la desaparición del dictador.
Europa occidental, ese el objetivo común declarado.
En sí misma, la referencia a Europa occidental es elocuente. Y no menos elocuente que esa referencia sirva también de norte declarado al actual equipo de Arias. La referencia a Europa occidental es consustancial con la «vocación de poder» (alternativa gubernamental) de las tres principales componentes de la oposición democrática española (democracia cristiana, socialdemocracia, Partido Comunista) en el contexto internacional en que se halla situada, ya sea tal referencia dictada por los propios objetivos de la componente (democracia cristiana y socialdemocracia), ya sea aceptada como única vía abierta a la «vocación de poder» Partido Comunista.
Es decir, que la democracia a la que en realidad aspiran esas componentes, la democracia a la que debemos ir, a la que vamos ya, es la «democracia» que permite la inserción, querida o aceptada, en el contexto occidental, lo cual no es necesariamente una democracia de tipo occidental de corte clásico, democracia de la que se alejan cada día más Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia y Estados Unidos.
«Sin salto en el vacío», la democracia de tipo europeo occidental hacia la que hay que ir, hacia la que vamos, según la oposición democrática, sólo es posible por magnánima concesión del Estado franquista. El ideal occidental de éste y aquélla es la Europa que se enfrenta con los pobres del mundo, la Europa de la NATO, de la alianza militar presidida por un general cómplice de Nixon en Vietnam, en Chile, en Watergate; la Europa de las jurisdicciones de excepción -la cadencia y la discriminación en el recurso a éstas es punto secundario-; la Europa liberal, socialcristiana o socialdemócrata avanzada, cada vez más represiva; la Europa vasalla de Estados Unidos, del capitalismo multinacional.
¿Hunden en este hecho sus raíces la estrategia y la táctica de cada una de las componentes de la oposición democrática española? El proyecto de la oposición coincide en líneas generales con el de las fuerzas políticas que ocupan hoy el Estado franquista. Esta circunstancia, en lógica formal, fundaría la posibilidad de entendimiento entre los representantes políticos declarados de la clase dominante española, los representantes tácitos de la misma y quienes se pretenden genuinos representantes políticos de las clases y grupos oprimidos, para administrar juntos el Estado y para juntos darle una organización remozada. Empero, la evolución constante de los sistemas políticos occidentales hacia un mayor autoritarismo, la actual coyuntura de crisis del sistema capitalista y la relación de fuerzas sociales (no políticas) cada vez más desfavorable en España a la clase dominante, hacen que la necesidad de democracia que para la sociedad española sienten los Estados de occidente sea de fácil satisfacción y, para contentarla, se bastan las fuerzas políticas que unidas monopolizan el Estado franquista. Y a esa satisfacción se encaminan, que no a otra cosa.
La necesidad de la incorporación de España a Europa, unida a la imposibilidad de que el Estado franquista sea aceptado por ésta, ha sido la línea maestra de la estrategia de la oposición democrática. ¿Que posición pública adoptará la socialdemocracia española tras la misión de Areilza ante la República Federal Alemana? ¿Gritará ¡traición! como gritó Indalecio Prieto en otra coyuntura no tan diferente? ¿Quién puede dudar tras las declaraciones formuladas por el Consejo de ministros de Negocios extranjeros de los «nueve» de que el dique mantenido a duras penas por la oposición democrática para impedir el acceso de España a la Europa democrática se está derrumbando antes de que se agriete el Estado franquista? No es que aquí desdeñemos esas briznas de democracia formal, si es que de democracia formal se trata (habeas corpus, libertad de expresión y asociación, sufragio universal) y no de meras apariencias de democracia formal. Pero nos sentimos en el deber de señalar su carácter integrador, de denunciar sus efectos desmovilizadores si el proceso de «apertura» va avalado -tácita o expresamente- por grupos tradicionalmente antifranquistas, tradicionalmente democráticos, tradicionalmente definidos como revolucionarios; hemos de gritar que la consecución de esas briznas de democracia no sólo no precisa el apoyo, la aquiescencia o la neutralidad de tales grupos. Afirmamos rotundamente que el proceso de «apertura» se vería acelerado por la impugnación clara de parte de esos grupos.
En manos de sus monopolizadores, el Estado franquista puede adoptar la apariencia de la «democracia brasileña»: una limitada «liberalización», con asociaciones, partidos y elecciones marginados de la designación del jefe del Estado, del primer ministro, del gobierno, de los gobernadores civiles, de los capitanes generales; una «liberalización» filtrada, aplicada por un aparato administrativo y represivo heredado del franquismo y mantenido cuidadosamente intacto; una «liberalización» combinada con la prohibición de los grupos y partidos «extremistas», con la represión sangrienta, con la tortura, más o menos civilizada, más o menos a cargo directo de policías o parapolicías, para quienes de verdad se opongan a esa «democracia», a esa «liberalización», a esa «apertura». «Apertura» en la que a la seudo-adhesión carismática suceda la seudo-participación, y al mito del caudillo nacional el mito del monarca arbitro. Para esa andadura, las fuerzas que monopolizan el Estado franquista no precisan ni siquiera del apoyo de la oposición democrática: les basta la complicidad que supone el mero prestarse al juego que es afirmar hoy la «vocación de poder», de manifestarse portadores de una alternativa gubernamental. Las fracciones más pesimistas del franquismo pueden descansar tranquilas. Cánovas convenció a Sagasta de la necesidad del caciquismo. Fraga -el Fraga de turno- puede convencer en el momento querido a buena parte de la oposición democrática de la necesidad de aceptar su «democracia occidental moderna». La vocación profunda de la socialdemocracia europea es ser el ala izquierda del capitalismo multinacional, del imperialismo económico y político estadounidense. Las inquietudes que inspiran a los demócratas sinceros, incluso a las alas «izquierdas» de los partidos socialistas europeos, las relaciones entre Kissinger y ciertos líderes socialdemócratas están plenamente justificadas.
Pero aunque el protagonismo socialdemócrata es necesario hoy en Alemania y Gran Bretaña y quizá lo sea mañana en Francia, la socialdemocracia española (PSOE, PSP o Confederación socialista) sólo puede aspirar a ser insignificante fuerza de apoyo, o a mantenerse en una larga oposición hasta que la clase dominante se vea obligada por la presión social a confiarle el protagonismo político. Ambas tendencias se manifiestan, con mayor o menor intensidad, en cada una de las facciones en que se dividen hoy todos los grupos de la socialdemocracia española. La piedra de toque es la distinta posición respecto al PCE.
Grande es la tentación en las componentes socialcristiana y socialdemócrata de sacrificar el PCE al entendimiento con las fuerzas políticas franquistas, a marginar al rival comunista de la vida pública española. La propia Junta Democrática nació sietemesina en un esfuerzo desesperado de cortar en seco uno de esos momentos de tentación.
A un partido revolucionario le importaría muy secundariamente obtener el reconocimiento legal gracias a su amalgama con grupos políticos que ya hoy debiera combatir. No es éste el caso del PCE. Todos sus esfuerzos, todas sus maniobras, van dirigidos exclusivamente a obtener el reconocimiento de socialcristianos y socialdemócratas y a través de ello -ya que no puede sin ello- alcanzar personalidad legal.
Los resultados obtenidos en este plano por el PCE son magros, como lo han sido también hasta ahora los esfuerzos de las otras dos grandes componentes de la oposición democrática para participar en la ocupación del Estado franquista. Fijos sus ojos en los pasos de baile de Areilza, de Arias, de Fraga, y en los sobresaltos que provocan en los vecinos de oposición, pocas esperanzas caben de que la estrategia-táctica de esos grupos cambie -más allá del verbalismo- en el próximo futuro. La manipulación de numerosos «líderes» de la oposición democrática por los servicios de las grandes potencias capitalistas ahogará en querellas internas la voluntad de construir una política autónoma, sincera en otros.
Los vaivenes, desde el maximalismo más teórico hasta el minimalismo más insignificante, siguen el ritmo de los avatares de las negociaciones entre bastidores. No pueden ser tomados en serio por las fuerzas franquistas ni son capaces de movilizar, en profundidad ni a medio o largo plazo, a los sectores dominados de la sociedad española: clases, grupos, naciones. Las dos familias fundamentales de la oposición democrática y sus dos confederaciones se instalan sine die en el posibilismo. La frustración que para ellas ha significado la constitución del segundo gobierno de Arias y la práctica de éste durante los dos primeros meses de su existencia, empuja a la Junta a pasar de la reivindicación de un gobierno «democrático» para salvar el Estado, a declarar a éste irreformable, sin mucha convicción y tardíamente. No atacar con credibilidad la fórmula monárquica ha sido en el terreno de los hechos aceptar la monarquía de Juan Carlos de Borbón, la monarquía franquista, aunque contra ésta fuesen dirigidos los ataques públicos de la oposición democrática. «Sobre todo, que no haya ataques a las personas» (reales, se entiende), exigía un líder socialdemócrata al discutir la posición frente a la monarquía que debía expresar el documento conjunto firmado por la Convergencia y la Junta democráticas el 30 de octubre de 1975, descubriendo la ambigüedad intrínseca de un ataque contra la monarquía franquista formulado a partir de una oposición aparentemente antimonárquica. Veremos, empero, que, perdida toda posibilidad de ser aceptada en las maniobras de las fuerzas políticas franquistas, la oposición democrática enarbolará -ambigua y tardíamente- la bandera republicana.
El acento puesto año y medio después de su constitución sobre la necesidad de multiplicar los movimientos de masas -tardía y ambiguamente, incluso en sus formas más acusadas (Carrillo y Camacho)-, ha coincidido con la exacerbación de los movimientos populares a todo nivel que amenazan con poner en entredicho de manera flagrante las pretensiones de dirección de las burocracias y de las clientelas políticas. Ni siquiera la amnistía escapa al sino de carta a jugar en una partida de tramposos. ¿Qué credibilidad puede tener el carácter maximalista de esa insoslayable exigencia democrática, que sólo a los terroristas, a los violentos (anarquistas, FRAP, ETA), puede ya alcanzar, cuando se la formula en un contexto de condena explícita, reiterada, de la violencia del oprimido, cuando no de la sórdida calumnia contra los sujetos de esa violencia, de la violencia «venga de donde venga»? ¿Qué sentido hay que atribuir a la sordina (de significación pareja a la puesta por unos y otros a la ejecución del almirante Carrero) en torno a los Consejos de guerra pendientes (Eva Forest, Wilson, Esquerra, etc.), en una coyuntura que sería aprovechada por cualquier oposición auténtica para exigir, no la mera libertad de esos encarcelados, sino la urgente vista de las causas?
Equiparar la violencia de los oprimidos con la violencia de los opresores, entendiendo por tal únicamente la de los «guerrilleros de Cristo Rey», la de ATE o la de otras organizaciones parapoliciales, constituye una burla hacia los oprimidos. Pues mientras esa violencia es una parte ínfima de la que el Estado franquista ejerce cotidianamente, las acciones de los oprimidos que se condenan constituyen toda la violencia de éstos, y generalmente es el único medio de acción contra una «legalidad» hostil y violenta. Pero es también un error táctico, error si se cree en la sinceridad oposicional y democrática de quienes formulan tal condena, al brindar a Fraga la oportunidad de lavar la cara del Estado franquista, condenando moralmente, y no suprimiendo, la violencia de las parapolicías (6). Condenar la violencia «venga de donde venga» es más que error táctico, porque en la práctica es abandonar al Estado el establecimiento impune de los límites de lo que es violencia, incluso de la suya propia. Porque si difícil es determinar dónde acaba la lucha pacífica y dónde empieza la acción violenta cuando de los dominados se trata (¿es violencia o no responder en una manifestación a las cargas de las fuerzas del orden? ¿Es violencia o no resistir a la policía invasora en una huelga con ocupación de locales de trabajo?), más difícil es desde aquel presupuesto determinar qué es violencia o no es violencia en la práctica cotidiana del Estado, de sus fuerzas represivas. Y con harta frecuencia para revelar el carácter violento de la acción de las fuerzas del orden el único método es oponerse violentamente a tal acción. Una clase social oprimida no puede renunciar a ninguna de las armas de lucha que le ofrece una situación. ¿Quién puede honradamente pretender en la coyuntura política española que la violencia revolucionaria está reñida con las acciones de masas?
Una oposición, no ya revolucionaria sino sinceramente democrática en el sentido jacobino de la palabra, hubiera dirigido sus esfuerzos a articular su quehacer político con los movimientos de masa, a supeditarlo a éstos y no a supeditarlos a las exigencias de negociaciones y conspiraciones con las fuerzas políticas franquistas, como ha procedido la oposición democrática española. Al obrar así, ésta ha reforzado la magra credibilidad a que como democratizadores podían aspirar hombres como Areilza, Arias, Fraga o Garrigues. Al obrar así ha desmovilizado a amplios sectores del pueblo español, propensos a esperar la limosna democrática del Estado franquista y no a conquistar la democracia con su victoria de cada día. No sólo no se ha propiciado tal articulación, sino que cuando la iniciativa popular ha puesto de manifiesto luminosamente su necesidad y su posibilidad, socialcristianos, socialdemócratas y comunistas se han esforzado con éxito en sabotear el impulso, en torcer el rumbo del incipiente torrente popular. Las posiciones adoptadas por la Junta Democrática, por el PCE, por el PNV en ocasión de la huelga general reivindicando la libertad de los presos políticos lo prueban. El práctico abandono de los presos vascos en su huelga de hambre de septiembre de 1975 lo prueba de manera todavía más lamentable. La justificación de esa práctica política apelando a referencias tales como la eficacia, la fatiga del pueblo, su rechazo de la violencia, de la guerra civil, del «salto en el vacío», carecen de fundamento. A lo largo de 1974 y 1975, mientras las dos confederaciones de la oposición democrática no conseguían movilizar al pueblo español con la convocatoria a tímidas jornadas de lucha, boicots de mercados y de transportes públicos u otras acciones «cívicas» por el estilo -al parecer hasta ahí podía ir únicamente el acuerdo entre sus componentes-, en Euskadi, donde la lucha está dirigida por una oposición anticapitalista y antiestatal, han tenido lugar verdaderas huelgas generales; el movimiento obrero ha demostrado una agresividad digna de mejores causas en todo el ámbito del Estado; en Cataluña se ha logrado la unidad política en torno a un postulado aparentemente moderado (la reivindicación incuestionable del Estatuto de 1932), pero radicalmente inasimilable por el Estado, franquista y monárquico. La tregua entre el pueblo vasco y el Estado español que José María de Leizaola pretende que existe hoy en Euskadi, y afirma que debe ser respetada para no poner obstáculos a la evolución aperturista anunciada por el régimen franquista, puede, quizá, abocar a resultados que contenten a las fuerzas que representa el PNV, pero no satisfará las exigencias legítimas del conjunto del pueblo vasco. Detener la acción en espera de la institucionalización por el Estado franquista de Cataluña, fórmula hueca, empleada estos días por Manuel Fraga en Barcelona, y que puede ser llenada con una lejana legislación que, tras una apariencia de autonomía administrativa, salve el carácter esencialmente centralista del Estado franquista, puede colmar a la burguesía catalana más timorata. Pero reivindicar el Estatuto de 1932 es reivindicar la transferencia de las fuerzas de orden público a la Generalitat, es reivindicar el sufragio universal para todos los pueblos del Estado, es reivindicar el Tribunal de garantías constitucionales, puntos concretos éstos incompatibles con la naturaleza del Estado español actual, por mucho que se «reforme», y supone no cejar en la lucha hasta que tal Estado se desmorone y sea reemplazado por un Estado democrático.
El descalabro sufrido por las esperanzas de la oposición democrática traerá consigo la ruptura de su precaria y dual unidad. Esa unidad apuntaba al bon plaisir de las fuerzas políticas hegemónicas del franquismo. La resistencia opuesta por éstas a la buena voluntad de aquélla toca a muerto por la Junta y la Convergencia democráticas. El gobierno de hoy puede quebrar a golpes de «apertura» las formaciones unitarias de la oposición democrática que tanto había costado conseguir.
«¿Se dirá que es derrotismo? Quizá. Pero el modo más seguro de precipitarse a la derrota sigue siendo ocultarse la realidad. No basta con luchar para triunfar. Como ha recordado un libro reciente, la resistencia, en Francia, no impidió la restauración. Y en ese terreno nunca han existido Pirineos (C. Julien, art.cit.).»
Una parte de las fuerzas que hoy integran esos conglomerados está abocada -al ritmo de los altibajos inherentes en la maniobra «aperturista»- a ser asimilada por el sistema. Otra, incapaz por definición de franquear ciertas barreras, o rechazada, repudiada por la propia dinámica de la maniobra «aperturista», se verá empujada hacia posiciones más radicales -ambigua y tardíamente-, acercándose, aunque sea sólo transitoriamente, para conseguir un mayor poder negociador, a fuerzas sociales y políticas auténticamente revolucionarias, fuerzas hasta hoy al margen de las alianzas «democráticas», no por no serlo, sino por su carácter alógeno respecto de un comportamiento político que no acercaba a la democracia, a la libertad ni al socialismo.
Sin tapujo alguno, el descalabro revela que incluso para conseguir la satisfacción de sus mezquinos intereses las burocracias y las clientelas políticas socialcristianas, socialdemócratas y comunistas, han de sacrificarlos en lo inmediato y, al menos en lo inmediato, ponerse al servicio del pueblo en general y no poner éste al servicio de un éxito imposible. Esta afirmación es cínica. Pero así debe ser por estar dirigida a unas burocracias y clientelas de práctica fundamentalmente cínica. Y ese talante cínico debe ser tenido siempre presente por las fuerzas sociales y políticas revolucionarias, porque en el hacer político cotidiano ambas vertientes, la «democrática» y la revolucionaria, estarán obligadas por motivaciones distintas, contrapuestas incluso, a articular formas de acción común. Esta articulación, por transitoria que deba ser, ha de estar fundada en bases claras, horras de toda ambigüedad, siquiera sea porque las fuerzas revolucionarias pagan cara con frecuencia la ambigüedad de sus aliados «democráticos». Ni siquiera conformándose a los análisis «leninistas» puede un grupo revolucionario anudar una alianza fundada en un pacto de gobierno con tales fuerzas. La articulación de la unidad de acción debe limitarse al alcance de un objetivo concreto, perfectamente delimitado, destinado a abrir el camino hacia los propios objetivos globales, pero sin hipotecar éstos ni expresa ni tácitamente, ni gracias al subterfugio de cláusulas huecas o ambiguas. Al lado de la reivindicación parcial deben afirmarse siempre las reivindicaciones globales. Las alianzas deben ser hechas para hacer y no para renunciar a hacer. La revolución no puede construirse sobre el engaño de propios ni extraños. Al enemigo político, al enemigo de clase hay que exigirle lo que no puede conceder sin dejar de ser, y no rogarle que ceda las defensas avanzadas que está dispuesto a abandonar en una retirada estratégica. Para los dominados exigir lo imposible es siempre el camino más corto para conseguir aquello que, según las normas de los dominantes, es posible en cada momento. Y en ese posible es donde chupan su savia los grupos oposicionistas «democráticos» penetrados de la «vocación de poder», penetrados de la voluntad profunda de salvar el sistema que pretenden combatir, tendiendo la mano al explotador y encaramándose en los hombros de los explotados.
Cuadernos de Ruedo ibérico
In Cuadernos de Ruedo ibérico nº 46/48, julio-diciembre 1975
1. Claude Julien «Derrotisme?», Le Monde Diplomatique, diciembre de 1975.
2. Comprendemos en este término aquellos grupos definibles como democristianos y socialdemócratas y al Partido Comunista, en lo esencial formando parte hoy de la Junta y de la Convergencia democráticas. En lo sucesivo, oposición política y oposición democrática.
3. La revista Cambio 16 puede decir ya, sin que la secuestren, que el franquismo ha sido un régimen de poder personal: «Dios Santo -dice uno de sus editoriales-, ¿por qué no nos dejarán llamarlo dictadura?» Y van y les dejan. Dentro de poco se dirá que el franquismo ha sido una dictadura, no de clase, sino de una clique, de una camarilla. Después se atribuirán a Franco, solo, las matanzas del franquismo: ni Fraga se enteró de lo de Grimau, Granado y Delgado, ni Arias de lo de Málaga, de lo de Puig Antich, de lo de Txiki, de lo de Otaegui, Baena, García Sanz, Sánchez Bravo; ni Areilza, su primer alcalde franquista, intervino en absoluto en la «liberación» de Bilbao. Llamar a Franco «dictador» a estas alturas tiene menos incidencia que decir que el ciudadano Juan Carlos de Borbón es rey por gracia de ese dictador.
4. M. Vázquez Montalbán, Triunfo, n° 677, 17 enero 1976.
5. Léase a este respecto en este mismo fascículo el ensayo de M. Brinton: «Lo irracional en política», p. 47. Y, sobre todo, léase el testimonio de J. Goytisolo: «In memoriam F.F.B. 1892-1975», p. 159.
6. Sobre el origen de los sujetos de esa violencia, remitimos al lector a las páginas 97-156 del presente cuaderno (Pablo Harri: «Crónicas prenecrológicas de un régimen»), y al libro Euskadi: el último estado de excepción de Franco (Ruedo ibérico, París, 1975). La eficacia, o la sinceridad, de la condena formulada por el vicepresidente ministro de la gobernación, la pone de manifiesto la circunstancia de que los actos de terrorismo de este tipo han proseguido en los límites del Estado español y fuera de él.